Desde el rechazo a la reforma tributaria, atribuible no solo a la oposición de derecha sino también a la ausencia de sensibles diputadas del Frente Amplio, hasta la aprobación de la ley Nain-Retamal con los votos en contra de Apruebo Dignidad, se ha instalado un ensordecedor rumor sobre las divisiones de las “dos almas” del gobierno.
Algo que ha inquietado a no pocos analistas, quienes se preguntan si acaso el presidente y la ministra del interior no deberían fortalecer el comité político en pro de lograr una mejor articulación y asegurar que los parlamentarios de “la alianza” respalden a su gobierno.
La ministra Carolina Tohá y el ministro de justicia, Luis Cordero, realizan denodados esfuerzos en el ámbito que más preocupa a la ciudadanía, la agenda de seguridad pública, Sin embargo, se ven muy solitarios en sus empeños.
La aprobación de los proyectos se logra con la oposición, no con todos los parlamentarios del gobierno. Apruebo Dignidad no los respalda y sus líderes concurren a La Moneda a exigir que el gobierno cambie la agenda mientras el presidente del partido del Presidente Boric se manifiesta en las calles contra el proyecto de su gobierno.
Contrasta la soledad y disgusto diario de los ministros a cargo de la seguridad con el entusiasmo con que el Presidente, ministras y parlamentarios festejaron durante varios días la aprobación de las 40 horas.
Es cierto que en este caso se trata de un éxito de su programa, una legítima y merecida celebración, pero así como es notoria la ausencia de Apruebo Dignidad en la agenda de seguridad, fue notoria la exclusión del Socialismo Democrático en las celebraciones de las 40 horas.
Sería una grave ingenuidad del Socialismo Democrático aceptar esta división del trabajo. En materia de seguridad y orden público el país está enfrentado a desafíos inéditos y el país tiene un largo retraso para contar con las leyes las instituciones y los instrumentos necesarios para enfrentar las bandas internacionales del narcotráfico y las prácticas importadas del crimen organizado, como el sicariato, el secuestro, la extorsión, y en general la desobediencia generalizada frente a la autoridad estatal.
Las posibilidades de éxito en el corto plazo sino son inexistentes son sumamente limitadas por lo que corresponde a todo el sistema político, y muy especialmente a todas las fuerzas que integran el gobierno, asumir sus responsabilidades plenamente y con decisión. Si se habla de acuerdo o consenso nacional por la seguridad, lo mínimo es que Apruebo Dignidad se haga parte.
No debiera el gobierno seguir insistiendo en validar el estallido social como épica o fuente originaria de su relato, a través de indultos y memoriales. Su legitimidad no proviene de allí, sino de unas elecciones ejemplarmente democráticas y de un sistema político y constitucional que lo valida. Responder a la demanda por seguridad es su obligación y su principal desafío ya que se trata de una exigencia ciudadana que con razón cuestiona la historia e identidad de quienes gobiernan.
Las elecciones que se realizarán en tres semanas más serán quizás la última oportunidad para ajustar y corregir estas fallas. El escenario, para el gobierno, no cambiará para mejor.
El presidente tendrá que ejercer un fuerte liderazgo para que su gobierno se incline definidamente por un camino que responda a la realidad del país, dejando de lado la autocomplacencia, aprendiendo a dejar de mirarse en el espejo y atender a los hechos más que a los sueños.
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