Desgraciadamente lo que señala el título de esta columna sucedió involuntariamente. El gigantesco apagón de cobertura casi nacional del 25-F es un recuerdo más de las consecuencias de tener una infraestructura cada vez más precaria. Sin descartar que haya parte o mucha responsabilidad de la empresa encargada de la transmisión, es obvio que el extraordinario incremento en la producción de electricidad en el norte del país, que en su momento llevó a conectar el SING y el SIC con el tramo Cardones-Polpaico, pero con una demanda concentrada en la zona central, hace necesario reforzar la transmisión eléctrica.
La línea Kimal–Lo Aguirre, que resolvería este problema, estaría terminada con (mucha) suerte en 2029, con un atraso de muchos años desde que comenzó a incluirse en el Plan de Expansión de la Transmisión en 2018 y que enfrenta la dantesca tarea de obtener casi 5.000 permisos (nadie en su sano juicio puede decir que esto es razonable).
Este es nada más que el último ejemplo de muchos en que como consecuencia de la legislación o el entusiasmo militante de los funcionarios encargados de la aprobación medio ambiental retrasa proyectos eternamente, o directamente los obliga a ser retirados. Es el caso del sector salmonero, proyectos mineros (tierras raras, Dominga) y de hidrógeno verde, entre otros, con la aprobación cómplice de muchos funcionarios del gobierno actual que pretendió, en la Convención Constituyente, instalar una constitución que elevaba a virtud la pobreza y el decrecimiento.
Más allá de los proyectos productivos específicos que se ven demorados por muchos años o indefinidamente y de sectores que van en franco retroceso, como el forestal, la insuficiencia de infraestructura, de primer nivel hace 20 o 25 años, hoy está copada, obsoleta o insuficiente y que debería ser licitada para su ampliación y gestión por empresas privadas con todos los permisos aprobados.
Pero los proyectos de inversión privados, para recuperar rentabilidad y acortar los tiempos hasta su puesta en marcha requieren que se revise desde cero la normativa de evaluación y permisos y que haga posible acortar los plazos de aprobación promedio a no más de 3 años desde los 10 o más actuales. Guerra a muerte a la burocracia debiera ser un lema de campaña en las próximas presidenciales.
Todo esto se reduce, finalmente, en generar condiciones para crecer más rápido después de una década en que la acción política, desde el gobierno o desde la calle, ha buscado consciente o inadvertidamente, lo contrario, tanto por medidas específicas o por debilitamiento del edificio institucional del país cuyas bases están muy socavadas, especialmente, desde la asonada de 2019, paro también desde antes y después de esta fecha.
Crecer no solo ayudaría a resolver los problemas sociales y económicos de quienes luchan por sobrevivir y aspiran a una vida mejor para ellos y sus hijos, sino también a frenar el dramático deterioro en las cuentas fiscales, advertido desde hace mucho tiempo por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), pero también a partir de la simple observación de los Informes de Finanzas Públicas (IFP) que han mostrado, desde hace varios años, la gradual desaparición de las holguras existentes y, luego de conocerse el último informe y los resultados del Balance Cíclicamente Ajustado (BCA), la evaporación del prestigio del ministro Marcel.
En efecto, que tanto el déficit CA y el efectivo de 2024 hayan superado en un punto porcentual aquellos previstos por el propio gobierno según la reciente publicación del IFP del cuarto trimestre, resulta insólito toda vez que hasta poco tiempo todo parecía cuadrar. De hecho, el severo ajuste del gasto en diciembre y, por efecto de éste, en el trimestre final de 2024, permitió que el gasto creciera 3,5% real en el año, acorde con lo comprometido, pero después de desbocarse en la primera mitad del año. Sin embargo, la sobre estimación de ingresos se tradujo en una grosera subestimación del déficit fiscal.
Lo peor de todo es que, a tres meses de aprobado el presupuesto para 2025, las estimaciones de déficit efectivo (1,7% vs 1,0% del PIB) y cíclicamente ajustado (-1,6% vs 1,1% del PIB) superan largamente las previstas no obstante un ajuste en el nivel de gasto que reduciría su crecimiento real de 3,7% a 2,7%, de todas maneras muy elevado.
La estimación de ingresos (8,4% de aumento real) es completamente artificial, tal como sucediera en 2024. Además, los traspasos desde CORFO por US$3.500 millones en 2023-24 revelan que, aunque nada ilegal se hizo, se ha estado raspando la olla para evitar tener que recurrir a más endeudamiento público para financiar el gasto. A ello se agrega el uso de US$1.800 millones de los activos consolidados del Tesoro Público con el mismo objeto.
La conclusión es que la situación fiscal es un desastre a mediano plazo. Las proyecciones del IFP hasta 2029 indican que el logro de las metas de déficit cíclicamente ajustado requieren reducir el gasto respecto de los montos ya comprometidos para esos años y que, aunque existiera financiamiento suficiente para ejecutarlos, el crecimiento promedio del gasto en el período 2026-29 sería de 1,3% real, muy por debajo de la tendencia histórica.
Para decirlo más claramente: lo más probable es que el déficit fiscal en los próximos años sea mayor al proyectado, lo mismo que la deuda pública. Las opciones disponibles implican recortar gastos, adecuar la estructura tributaria para que favorezca la inversión (implica deshacer muchas de las reformas desde 2014) y, sobre todo, generar condiciones para que la economía acelere su crecimiento a 3,5%-4,0%, lo que es posible, aunque no fácil, pero que requiere un acuerdo político que involucre al 60% o 70% del espectro político. A comprar velas.
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La inteligencia artificial y la economía verde para Chile. Por María Cristina Betancour. https://t.co/h721v0vogQ
— Ex-Ante (@exantecl) February 26, 2025
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