Chile está desaprovechando una de sus mayores fuentes de desarrollo: el talento femenino. La baja participación de las mujeres en el mercado laboral no es solo un problema de justicia o equidad, es un freno al crecimiento, a la innovación y a la sostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social.
Las cifras son elocuentes. Solo un 52% de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral en Chile, es decir, una de cada dos mujeres no busca trabajo, frente a una participación promedio de 62% en la OCDE. Esta brecha representa cientos de miles de mujeres que podrían estar aportando con su experiencia y energía, pero que encuentran barreras estructurales que las mantienen fuera. En paralelo, la tasa de participación masculina se mantiene sobre el 70%, lo que confirma que la baja participación no es un problema general del mercado laboral, sino uno que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
En los últimos meses, la creación de empleo ha favorecido más a los hombres: por cada tres nuevos puestos ocupados por ellos, solo uno ha sido tomado por una mujer. Además, cuando ellas ingresan al mercado laboral, lo hacen con mayor frecuencia en condiciones informales: 30% de las trabajadoras son informales, mientras que, entre los hombres, esta proporción llega al 25%.
La informalidad laboral implica que cientos de miles de mujeres trabajen sin contrato ni cobertura de Seguridad Social, lo que limita su protección y la de su familia frente a contingencias. Este escenario es especialmente complejo en los segmentos de menores ingresos, donde la informalidad es más alta y se acentúa el riesgo de exclusión social, perpetuando el círculo de exclusión social.
Los factores detrás de esta situación son conocidos: sobrecarga de cuidados del hogar, hijos o mayores, rigidez del mercado laboral, persistencia de estereotipos culturales, falta de acceso a sala cuna universal, entre otros. En Chile, más del 70% de las horas de trabajo no remunerado son realizadas por mujeres, lo que limita su tiempo y energía para insertarse plenamente en el mercado laboral. La maternidad se convierte en una traba que muchas enfrentan solas, a costa de sus carreras profesionales.
El contraste internacional es aleccionador. Los países nórdicos -Suecia, Noruega y Dinamarca- lograron elevar la participación laboral femenina gracias a políticas activas de corresponsabilidad. No se trata solo de dar más licencias de maternidad, sino de compartir las responsabilidades entre hombres y mujeres.
Tampoco basta con abrir más jardines infantiles: es necesario garantizar sistemas accesibles y de calidad, que permitan a las familias confiar en que sus hijos estarán bien cuidados. En Canadá, el modelo de subsidios al cuidado infantil redujo significativamente el costo para las familias y aumentó la participación femenina, con claros efectos en la economía.
Más recientemente, México ha avanzado en la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad, reconociendo que la distribución equitativa de las responsabilidades en la crianza es condición necesaria para una mayor empleabilidad femenina. Australia, introdujo un esquema de subsidio escalonado al cuidado infantil, que ha demostrado un impacto positivo en la permanencia de las madres en el mercado laboral.
En contraste, EE.UU. ilustra las consecuencias de la ausencia de estas medidas: sin políticas públicas que incentiven el empleo femenino, la carga de los cuidados limita seriamente la participación laboral de las mujeres, incluso en una de las economías más grandes del mundo.
Chile lleva más de una década discutiendo reformas que no terminan de materializarse. La promesa de una sala cuna universal sigue entrampada, las jornadas flexibles avanzan con lentitud y la corresponsabilidad aún no se traduce en políticas concretas que cambien la realidad cotidiana de miles de familias.
El problema no es solo de equidad, es también de desarrollo económico. Con una población que envejece rápidamente y con crecientes desafíos para financiar la Seguridad Social, dejar fuera del mercado laboral a la mitad de la población es un lujo que no podemos darnos. Diversos estudios, incluido el BID, han demostrado que cerrar la brecha de género en el mercado laboral podría incrementar el PIB per cápita de América Latina en hasta un 34%.
No se trata de “ayudar a las mujeres”. Se trata de que puedan desplegar su talento en igualdad de condiciones. El talento no tiene género, pero las oportunidades sí han estado marcadas por él. Cambiar esta realidad es una tarea colectiva, que requiere voluntad política, innovación empresarial y un cambio cultural profundo.
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