Qué observar. Un reciente informe elaborado por Pivotes revela que los proyectos de inversión que enfrentan impugnaciones en el sistema de evaluación ambiental pueden tardar más de cuatro años adicionales en trámites judiciales antes de concretarse, aun cuando en la gran mayoría de los casos las resoluciones ambientales favorables no cambian.
La tramitación interminable. Desde la creación de los Tribunales Ambientales en 2013, 614 proyectos han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De ellos, un 17% fueron impugnados al menos en el Comité de Ministros, lo que equivale a 106 proyectos. No es un número menor si se considera que esos proyectos representan un 19% de la inversión total sometida al sistema en este período.
Un mecanismo que rara vez cambia algo. Uno de los descubrimientos del estudios es que esa judicialización casi nunca altera el resultado de fondo. De los 106 proyectos impugnados en el Comité de Ministros, solo en dos casos se revirtió una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. En los Tribunales Ambientales, la cifra de proyectos cuya RCA fue anulada llega al 15%, y en la Corte Suprema se reduce a apenas 6%.
Judicialización como herramienta de bloqueo. Otro dato que refuerza esa tesis es la composición de las reclamaciones. En el 83% de los casos administrativos y en el 93% de los judiciales, las acciones fueron presentadas por terceros: observantes de los procesos de participación ciudadana u otros actores ajenos al titular del proyecto. En contraste, los titulares solo iniciaron el 7% de las reclamaciones ante tribunales ambientales y un 13% de los recursos de casación en la Corte Suprema.
El impacto en el crecimiento. El diagnóstico coincide con una de las preocupaciones centrales del sector privado: la permisología se ha transformado en un freno estructural a la inversión. En un contexto en que la economía chilena enfrenta bajos niveles de dinamismo, con caídas en la formación bruta de capital fijo y un rezago en sectores como la construcción y la energía, las trabas regulatorias pueden ser tan determinantes como la falta de financiamiento o la incertidumbre política.
La propuesta. Para enfrentar el problema, el centro de estudios plantea un rediseño del proceso de evaluación ambiental hacia un sistema de dos etapas.
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