Expertos anticipan que déficit estructural superaría el 3,3% y Hacienda incumple por tercer año regla fiscal

El déficit estructural de 2025 podría superar ampliamente el 3% del PIB, lo que triplicará la meta de 1,1% fijada por el Gobierno de Gabriel Boric en 2024. Aunque el déficit efectivo fue de 2,8%, el desbalance permanente tensiona la regla fiscal y reduce el margen del próximo gobierno.

Qué sucedió. El deterioro fiscal de 2025 tiene dos dimensiones distintas. Por un lado, el Gobierno informó a fines de enero que el déficit efectivo es de 2,8% del PIB, cifra superior al 2,0% previsto en el último Informe de Finanzas Públicas.

• Por otro, el dato más relevante para la regla fiscal es el déficit estructural, que podría ubicarse por sobre el 3% del PIB.

A comienzos de 2024, el gobierno del Presidente Gabriel Boric fijó una meta estructural para 2025 de 1,1% del PIB, base del compromiso de convergencia fiscal. Sin embargo, la trayectoria se fue deteriorando:

• En febrero de 2025, el Informe de Finanzas Públicas elevó la meta a 1,6% del PIB.
• En septiembre, al presentar el Presupuesto 2026, la proyección subió a 2,2% del PIB.
• En enero de 2026, el ministro Nicolás Grau reconoció que el déficit estructural de 2025 rondaría el 3% del PIB.

Hoy, analistas estiman que la cifra podría incluso superar el 3,3%, lo que implicaría un desvío superior a 2 puntos del PIB respecto del compromiso original y consolidaría el tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal. La cifra definitiva se conocerá esta tarde.

Por qué importa el estructural. El déficit estructural -que ajusta el balance efectivo por el ciclo económico y el precio del cobre- es la variable central del marco fiscal chileno. Determina si el gasto permanente está financiado con ingresos permanentes.

• Que haya pasado de 1,1% a un nivel superior al 3% no es un ajuste técnico menor: implica prácticamente triplicar la meta fijada hace menos de dos años.
• El impacto no es solo contable. Un déficit estructural de esa magnitud reduce significativamente el margen de maniobra del próximo gobierno que asumirá en marzo. Con un desequilibrio permanente sobre 3% del PIB, cualquier nueva política relevante exigirá compensaciones, recortes o mayores ingresos permanentes.
• En la práctica, el nuevo Ejecutivo heredará un escenario de estrés fiscal: deuda en torno al 42% del PIB, intereses equivalentes a 1,2% del producto y una regla fiscal incumplida por tercer año consecutivo. La combinación obliga a priorizar ajustes o consolidación si se busca recuperar credibilidad.
• La economista de LyD, Macarena García y el ex director de Presupuestos Matías Acevedo coinciden en que el resultado del déficit estructural será superior al 3%, que anticipó Nicolás Grau. Sus proyecciones parten de un piso de 3,2% y 3,3%.
• El BCI advierte que en este escenario “el nuevo gobierno enfrentará una tarea titánica: corregir las estimaciones de ingresos y restaurar la credibilidad de las proyecciones financieras”. Anticipa que la nueva conducción fiscal deberá traer cambios significativos, “donde la necesidad de ajustar las cuentas públicas probablemente derivará en recortes de gasto significativos para estabilizar la trayectoria de la deuda, lo cual ya era parte del programa de gobierno”.

Intereses al alza. En paralelo, el Estado destinó en 2025 el 1,2% del PIB al pago de intereses de la deuda, equivalente a US$ 4.616 millones, según la Dipres.

• El monto representa un crecimiento real de 7,1% respecto de 2024 y consolida un nuevo piso estructural del gasto fiscal. Solo en el cuarto trimestre se pagaron $778.835 millones (0,2% del PIB), 14,7% más que un año antes.
• El pago anual de intereses supera ampliamente el presupuesto completo de varios ministerios sectoriales y constituye una partida rígida que no puede recortarse sin afectar la credibilidad financiera del país.
• Como advierte la economista de LyD “independiente de que se estabilice la deuda pública, el hecho que haya que renovar varios vencimientos, llevará a que el costo financiero se incremente porque las tasas serán mayores de las que se obtuvieron en las colocaciones anteriores”.
• Matías Acevedo agrega que “el Consejo Fiscal Autónomo proyecta que el gasto en intereses podría acercarse a 2 puntos del PIB hacia 2030, incluso con deuda estabilizada” y agrega que “estamos gastando en intereses anualmente el equivalente a 100 mil viviendas sociales y está lejos de ser un techo”.

Deuda estabilizada, costo en alza. La deuda bruta del Gobierno Central cerró en 41,7% del PIB, levemente por debajo del 42,3% registrado en 2024, pero aún cerca del umbral de 45% definido como nivel prudencial máximo.

• Aunque el ratio deuda/PIB muestra cierta estabilización, el costo financiero continúa creciendo. Hacienda atribuye el alza del gasto en intereses “principalmente a un mayor nivel de emisiones que generaron pago de intereses en el período”. Es decir, el aumento responde más al stock acumulado que a un shock puntual de tasas.

Brecha por el litio obliga a Corfo a vender activos. A la presión por mayor déficit e intereses se suma un problema de ingresos. Una errónea estimación del precio del litio generó un descalce que obligó a Corfo a desprenderse de activos financieros para cumplir con la Ley de Presupuestos 2025, según informó El Mercurio.

• Originalmente, los ingresos del Salar de Atacama fueron proyectados con un precio del carbonato de litio entre US$ 13.000 y US$ 15.000 por tonelada. Sin embargo, el precio efectivo se ubicó entre US$ 8.900 y US$ 10.000, reduciendo significativamente la recaudación esperada.
• La Ley de Presupuestos establecía que Corfo debía transferir US$ 737 millones al fisco. Pero los ingresos efectivos permitieron traspasar solo US$ 349 millones, generando una brecha cercana a US$ 387 millones.
• No es un caso aislado. En 2023, la corporación transfirió cerca de US$ 3.500 millones al fisco utilizando excedentes del litio y parte de su patrimonio, medida que incluso motivó una investigación de la Contraloría por su impacto patrimonial.

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