Lo nuevo. El Gobierno mantendrá la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, pero ya comenzó a estudiar cómo evitar que esa decisión afecte a fundaciones que trabajan con personas vulnerables y que hoy operan como puente entre capacitación, empresas y empleo formal.
Qué observar. El punto sensible es que algunas fundaciones podrían quedar atrapadas entre dos mundos: el cierre de una herramienta cuestionada y la ausencia, por ahora, de un mecanismo claro que preserve su vínculo con empresas y empleo formal.
El diagnóstico oficial. La eliminación de la franquicia se apoya en un juicio severo del Ejecutivo. El mensaje del proyecto afirma que este gasto tributario implica un costo anual de $300 mil millones sin evidencia concluyente de impacto significativo en capacitación.
El problema que aparece tras el cierre. La decisión de terminar con la franquicia Sence se apoyó en un diagnóstico duro: bajo impacto en salarios y empleabilidad, diseño regresivo, uso concentrado en empresas grandes y una larga secuencia de abusos. Pero la conversación que se abrió ahora es otra: qué pasa con la formación para el trabajo en sectores vulnerables si el instrumento desaparece sin una alternativa clara.
El vínculo con las fundaciones. Ureta rechaza, además, una simplificación habitual: que las fundaciones vivan de remanentes automáticos de la franquicia. Explica que esos recursos hoy suelen licitarse y muchas veces terminan adjudicándose por precio a actores con menor estructura.
Telón de fondo. El proyecto ya tomó una definición: cerrar una franquicia cuestionada por su costo, bajo impacto y mala regulación. Pero en Hacienda sostienen que la decisión no apunta solo a suprimir un beneficio tributario, sino a abrir paso a un rediseño más amplio del sistema.
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