¿Era capricho de urbanismo progresista terminar la Etapa 2 del Centro Cultural Gabriela Mistral? Sumando 16 mil mts2. a los 22 mil actuales, habría sido la principal infraestructura cultural pública del país, con capacidad de recibir producciones internacionales de gran formato y apoyando mejor la creación local.
La ampliación recuperaba el eje Alameda–Providencia, sector muy golpeado por el estallido social y que, más que pintura para su reactivación, requiere polos de atracción permanentes, con flujo de personas, programación constante y prestigio simbólico. El nuevo GAM prometía eso: devolver vitalidad al Centro. Por eso, el anuncio de poner término anticipado al contrato de la segunda etapa es más que una postergación técnica.
Tras 10 años de retrasos y licitaciones frustradas, se había adjudicado un contrato de más de 114 mil millones de pesos a un consorcio de constructoras del mejor nivel que inició obras en marzo de 2026. Terminar anticipadamente contratos de obra pública siempre cuesta plata. En este caso, la terminación se hará según el art. 148 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que da al contratista a una indemnización, calculada según el valor de la obra. Superaría los 4 mil millones de pesos, más las controversias administrativas por el término anticipado: un gasto enorme para el Estado.
La señal política no es menor. Cuando el discurso oficial insiste en la necesidad de impulsar la economía, dar certeza a la inversión y apoyar proyectos relevantes, el frenazo del GAM puede transformarse en el icónico elefante blanco de la capital e introduce una nota disonante.
Es injusto no reconocer lo evidente: la falta de recursos es una razón poderosa. En un contexto de estrechez fiscal, optar por la prudencia y el cuidado de los recursos públicos es legítimo y valorable. El punto es que obras públicas de esta envergadura deben abordarse como proyectos de Estado, de interés nacional más allá del gobierno de turno.
Es cierto, las dificultades se arrastraban desde el diseño presupuestario original. Justamente por eso cabe preguntarse si no había opciones. Explorar vías alternativas de financiamiento, compatibles con un relato de prudencia fiscal, pudo haber sido una. El propio Reglamento de OO.PP. en su art. 149, propone una solución cuando no haya fondos disponibles para continuar una obra. Dice que “la Dirección tendrá la facultad para proponer al contratista un sistema de pago distinto del programa de inversión vigente”, con el pago de intereses. Permitiría mantener la construcción sin comprometer gastos adicionales por indemnizaciones y posibles juicios.
Se podían explorar otras modalidades de ejecución: una concesión de largo plazo para su operación, con las adecuaciones necesarias para, por ejemplo, un desarrollo como centro de convenciones y servicios asociados, como ocurrió con la cúpula del Parque cúpula del Parque O’Higgins o con el estadio Claro Arena y su modelo de gestión que viabilizó una inversión inédita en Chile.
Cuando los proyectos son buenos, por qué no hacerlos viables recurriendo a la creatividad y las posibilidades que la propia ley entrega, más que truncarlos solo porque, tal como estaban previstos, parecía que no iban a resultar. ¿Habrán las autoridades considerado todos estos escenarios? Quizás, después de todo, había opciones.
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La reducción de la jornada laboral: un test de madurez. Por Constanza Ossa. https://t.co/w0cV8tDvy9
— Ex-Ante (@exantecl) April 21, 2026
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