Hace algunas semanas, en una de sus columnas el rector Carlos Peña advirtió sobre la grave amenaza que para las democracias liberales representa la pretensión de prescindir del Congreso y gobernar por decreto. Esta tentación no es nueva: hoy es la Superintendencia de Educación la que intenta saltarse al Congreso por la vía administrativa.
Mediante su reciente dictamen N°75, la Superintendencia podría dar el golpe final al sistema de financiamiento compartido: obliga a cerca de 700 colegios particulares subvencionados, que aún operan con copago y que son elegidos por miles de familias, a renovar la matrícula de aquellos alumnos que no pagan.
En la práctica, el pago se vuelve voluntario. Y para hacerlo de manera sutil, el dictamen propone una mala salida: que los colegios elijan entre evaluar la situación socioeconómica de sus comunidades -sin herramienta alguna- o judicializar el cobro. Olvida que no se trata de una casa comercial cobrando una tarjeta de crédito, sino de comunidades que interactúan diariamente para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. El quiebre de estas comunidades no importa; que decidan los tribunales.
El problema central está en la forma. Resolver esto por dictamen implica saltarse al Congreso e imponer por vía administrativa una idea que fue discutida y descartada durante la tramitación de la Ley de Inclusión Escolar. En ese momento se acordó eliminar gradualmente el copago a medida que aumentara la subvención estatal.
En esta decisión no hubo participación ciudadana ni deliberación. Tampoco reserva legal, regla de mayorías o informe financiero. Bastó la firma de una superintendenta para poner en jaque un modelo de acceso a la educación que -guste o no- la ley permite y muchas familias siguen eligiendo. Cómo enfatiza el rector Peña, gobernar así constituye una grave amenaza. Quienes valoran el rol fundamental del debate democrático en el Congreso Nacional debiesen compartir su preocupación por el proceder de la Superintendencia, incluso si coinciden con el fondo de lo que plantea.
La normativa educacional, cuyo propósito es resguardar los derechos y el bienestar de los estudiantes, no puede desconocer las tensiones que su implementación genera en las comunidades. Ignorar esta realidad significa poner en riesgo la cohesión y la confianza entre familias, colegios y autoridades. Por ello, toda decisión regulatoria debe equilibrar el legítimo interés de avanzar en la protección de derechos con la responsabilidad de evitar efectos que terminen debilitando el mismo sistema que se busca resguardar.
En este sentido, el diálogo democrático en el Congreso no es un mero trámite a sortear, sino el espacio donde se ponderan visiones diversas en una sociedad plural y donde deben acordarse medidas razonables y proporcionales, tal como lo mandata la Constitución, para garantizar avances sostenibles y no imposiciones circunstanciales.
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