Qué pasó. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió a favor de la salmonera canadiense Cooke, acogiendo las reclamaciones interpuestas por la empresa frente a las medidas provisionales impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a los centros Huillines 2 y Huillines 3, ubicados en el Fiordo Cupquelán, Región de Aysén.
Por qué importa. El fallo también cuestiona el uso reiterado de medidas provisionales por parte de la SMA, recordando que estas son herramientas excepcionales y temporales, y no deben transformarse en sanciones encubiertas.
El contexto. Cooke Chile ha sostenido que siempre ha operado con todos los permisos sectoriales vigentes y dentro de los parámetros ambientales exigidos por la normativa.
La posición de la empresa. Desde la compañía valoraron la resolución judicial, calificándola como una ratificación de la legalidad de sus operaciones y de su “apego permanente a la normativa vigente”.
La respuesta del SMA. Tras la publicación de los fallos, la SMA declaró que “sorprenden las dos sentencias del Tercer Tribunal Ambiental, considerando que las medidas habían sido previamente autorizadas por el mismo Tribunal, confirmando el peligro de la realización de este tipo de actividades sin autorización ambiental (elusión al SEIA) en concordancia con la Ley N°19.300”.,
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.
