Como todo nuevo año, este se inicia cargado de expectativas para el sector de la infraestructura. Tras años dos años de un desempeño razonablemente bueno, esperamos que esta actividad adquiera finalmente el rol protagónico que le corresponde en el desarrollo del país. Las cifras del Banco Central avalan esta necesidad: tras un crecimiento de la inversión nacional superior al 5% el año pasado, se proyecta alcanzar un 7% para 2026.
Es fundamental comprender que, si bien la infraestructura no tiene una incidencia macroeconómica muy relevante por sí misma, cumple un papel crítico: crea las condiciones para la inversión privada, satisface necesidades comunitarias urgentes y señala la orientación estratégica del Gobierno. Debemos ser realistas: la infraestructura estatal y el sistema de concesiones representan apenas el 9% de la inversión total del país. El resto recae en el sector privado. Por ello, creer que el Estado por sí solo generará un “shock” de inversión es una ilusión; su rol es, más bien, dar señales claras para recuperar niveles de crecimiento cercanos al 4%.
Desde el CPI -institución que tiene más de 12 años de experiencia-, creemos pertinente sugerir algunas líneas de acción para las autoridades, referidas en nuestras propuestas a los candidatos.
En primer lugar, es vital respetar el nivel de inversión del Presupuesto Público, utilizando otras variables de gasto como ajuste ante posibles desequilibrios. Dar certezas respecto de esto es fundamental para quienes trabajan como proveedores del Estado.
Como segunda línea de iniciativas sugerimos priorizar inversiones con alto contenido social a partir de los recursos con que cuenta el Estado. El desarrollo debe ser tangible para todos mediante, por ejemplo, de programas de Agua Potable Rural, embalses, pavimentación urbana en zonas postergadas e infraestructura de servicios básicos, entre otros. Para esto, instrumentos como la Ley de Financiamiento Urbano Compartido y Desarrollo País pueden integrar con éxito al sector privado al esfuerzo público, en la construcción de escuelas y centros de atención primaria de salud, siempre en estrecha colaboración con los gobiernos regionales.
Una tercera línea podría enfocarse en la logística de alta calidad. Así, es imperativo profundizar la asociación público-privada a través de la Ley de Concesiones y la Ley Emporchi, con la ambiciosa meta de quintuplicar la inversión privada actual en infraestructura pública, la que hoy no supera el 0,3% del PIB.
Finalmente, es urgente potenciar los servicios públicos regulados. Ante la crisis hídrica y el cambio climático, debemos facilitar soluciones de reúso, desalinización y mejoras en conducción, cuidando siempre el impacto tarifario sobre los más vulnerables. En este sentido, valoramos el acuerdo de Aguas Pacífico con Esval para aportar con agua desalada al abastecimiento de agua potable a la Región de Valparaíso.
En energía, la prioridad debe ser acelerar las interconexiones de las fuentes limpias disponibles y asegurar la resiliencia del sistema de distribución para terminar con los apagones que han afectado al país en los últimos dos años.
El camino está trazado. Alcanzar metas ambiciosas a lo mejor obliga a revisar las instituciones a cargo de las diferentes iniciativas, asumiendo que infraestructura no es solo cemento, es la generación de condiciones que permitirán a Chile retomar la senda de un crecimiento sostenido.
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Reforma previsional: ¿Por qué los activos alternativos no deben ser transferibles? Por Renzo Vercelli. https://t.co/Xs7FjZJAOz
— Ex-Ante (@exantecl) January 13, 2026
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