A tres días de las elecciones al Consejo Constitucional, nos enteramos de que al parecer el sistema de registro de inhabilidades para cargos públicos o de suspensión o pérdida de derechos políticos, no estaría funcionando tan bien. A pesar de haber una sentencia que establece una pena accesoria de inhabilidad absoluta (es decir, para cualquier cargo) y perpetua (para siempre, salvo rehabilitación del Senado, que no ha ocurrido) por haber sido condenada por tráfico de drogas, la candidata Karla Añes (PDG) sorteó todos los filtros y el domingo aparecerá en la papeleta para el Consejo Constitucional. Las reacciones no han tardado en llegar desde distintos sectores: el partido de la aludida, el Servel, el Poder Judicial, el Congreso, expertos varios.
Lo anterior plantea, a mi juicio, principalmente dos problemas: un sistema falible que genera dudas de cuántos casos más habrá en que las prohibiciones se están saltando y uno de transparencia e información hacia los electores.
En el primer caso es relevante entender que como sociedad hemos determinado, a través de la Constitución y nuestras leyes, que ciertos delitos son de tal gravedad que pueden conllevar sanciones como la pérdida de la ciudadanía (y sus derechos políticos como elegir y ser elegido) así como inhabilidades temporales y perpetuas para ejercer cargos públicos (de elección o designación). Entre éstos están los delitos de terrorismo y de narcotráfico y también algunos de corrupción que conllevan inhabilidades.
Así, por ejemplo, el ex alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez, fue sancionado por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Su condena: 300 días de pena remitida, inhabilitación perpetua para ser alcalde e inhabilitación para cualquier cargo público mientras dure la condena, así como el pago de 165 millones de pesos entre multas e indemnizaciones. Es por esto que nunca más podrá ser Alcalde, independiente que haya cumplido su condena, pero, en cambio, esto no le ha impedido ser candidato a parlamentario, habiendo sido electo en dos ocasiones.
Dado que este tipo de sanciones se establecen para casos que estimamos de gravedad, es clave que el sistema de registro y transmisión de la información funcione de modo adecuado, sino, será algo simbólico y sin sentido.
En cuanto a la transparencia y la información en las elecciones, este caso nos demuestra cómo la ciudadanía tiene una importante asimetría de información relevante que debe ser suplida por los propios partidos, instituciones públicas como el Servicio Electoral, la franja electoral y los medios de comunicación. El Servel plantea que cualquiera podría haber impugnado la candidatura de Añes, pero esto implica desconocer que no es fácil para cualquier persona conocer este tipo de información, procedimientos, plazos, etc.
Por esto, es clave que los partidos políticos tengan un primer filtro de que quienes están en sus filas representan, promueven y respetan sus valores, más aún si los presentarán de candidatas/os. Pero también que tengamos acceso fácil y sencillo a información sobre las candidaturas: quiénes son, por qué se postulan, qué proponen. Algo se ha avanzado con la exigencia de declaraciones de intereses y patrimonio, pero como vimos en este caso, no podemos descansar en la información auto reportada por las candidaturas, sino que debe verificarse y contrastarse por alguien. Pero falta, falta exigir más información, ponerla a disposición, difundirla y revisar si la franja electoral está cumpliendo con su objetivo.
Ahora, que este caso no implique una desconfianza en nuestras elecciones y sus resultados. Si hay algo que el Servel ha demostrado con hechos contundentes y creces es que sabe organizar y llevar a cabo procesos eleccionarios con una eficacia y confianza envidiables hasta por democracias más ricas y consolidadas que la nuestra. Pero en el ejercicio de sus otras facultades pueden y deben mejorar sus procesos y controles. Nuestra democracia, con una grave crisis de confianza hacia los partidos, lo necesita con urgencia.
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