El inicio de un nuevo gobierno abre una ventana de oportunidad económica. No porque el solo cambio de administración garantice mejores resultados, sino porque en esos momentos se reordenan expectativas, decisiones de inversión y percepciones de riesgo. De hecho, desde el año 2000, los nuevos gobiernos han tendido a crecer con mayor fuerza durante su primer semestre en comparación con el período previo.
Lo relevante, sin embargo, no es que ese impulso inicial ocurra, sino que logre sostenerse en el tiempo.
El contexto internacional hoy es relativamente favorable. Tras la pandemia, el crecimiento global ha ido normalizándose y la inflación continúa convergiendo hacia sus metas. Las proyecciones financieras anticipan, además, una reducción gradual de las tasas de política monetaria hacia fines de año. Chile no es la excepción: la actividad se mueve cerca de su nivel potencial y la inflación ha vuelto a la meta de 3% del Banco Central por primera vez en cuatro años.
Cuando la macroeconomía se ordena, el foco inevitablemente cambia: el desafío deja de ser la estabilización y pasa a ser el desarrollo.
Ese tránsito, sin embargo, no elimina las urgencias. Chile enfrenta todavía dos tensiones inmediatas relevantes. La primera es laboral: la calidad del empleo y la capacidad de generar trayectorias de ingreso sostenidas siguen siendo insuficientes. La segunda es fiscal: la consolidación pendiente limita el espacio de política y mantiene una fuente de incertidumbre que encarece el financiamiento y desalienta la inversión de largo plazo.
Ambas dimensiones son críticas. Pero incluso si se resolvieran plenamente, el país seguiría enfrentando un problema más profundo: crece demasiado poco. En particular, no hay solución fiscal duradera ni mejora estructural del empleo sin un crecimiento potencial significativamente más alto.
Ese es el verdadero nudo económico de la próxima década. El crecimiento potencial de Chile -hoy por debajo del 2%- es incompatible con las aspiraciones de bienestar de una sociedad de ingresos medios altos. Sin una expansión sostenida mayor, los avances sociales se vuelven lentos, el Estado dispone de menos recursos y las expectativas de progreso comienzan a erosionarse. El estancamiento prolongado no suele presentarse como crisis, pero termina siendo socialmente corrosivo.
Por eso, elevar el crecimiento potencial no es un objetivo técnico más, sino una condición básica de prosperidad. Duplicarlo hacia tasas cercanas al 4% anual es exigente, pero razonable a la luz de la evidencia comparada. Y la diferencia es concreta. A ese ritmo, Chile podría alcanzar el PIB per cápita actual de España hacia 2039, en lugar de hacerlo en 2091. Más aún, permitiría llegar al nivel de ingreso actual de Alemania -una economía dentro del 10% más rico del mundo- hacia 2051.
En este contexto, la conformación de un gabinete con experiencia en materias microeconómicas apunta en la dirección correcta. El desafío central es elevar la productividad, y eso exige reformas bien diseñadas, evaluadas permanentemente -ex ante, durante su implementación y ex post-, con coordinación institucional y persistencia política. Ninguna de esas condiciones es trivial, pero todas pueden construirse. El inicio de una administración ofrece, precisamente, la legitimidad y el horizonte temporal necesarios para intentarlo.
Por supuesto, las ventanas de oportunidad también pueden cerrarse con rapidez si predominan la fragmentación o la incapacidad de acordar prioridades. Pero la historia económica muestra algo igualmente cierto: cuando un país logra ordenar su macroeconomía y, al mismo tiempo, impulsar las reformas necesarias, las trayectorias pueden cambiar de manera significativa.
Con algo de suerte, mucho trabajo y voluntad política transversal para alcanzar acuerdos permanentes, Chile tiene una posibilidad real de retomar una senda de crecimiento más ambiciosa y duradera.
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