En un país que presume de institucionalidad sólida, ser exportador de vinos, salmones, fruta, litio y energía eólica, hay una paradoja brutal: más de dos millones de chilenos dependen de sistemas de Agua Potable Rural (APR) o, peor aún, de camiones aljibes para beber, cocinar o bañarse. Sí, en pleno siglo XXI, mientras hablamos de inteligencia artificial, transición energética y Chile como “potencia verde”, hay familias completas que esperan el camión cisterna.
Hoy existen 2.422 APR en funcionamiento, que abastecen a más de 2 millones de habitantes en localidades rurales. Sin embargo, el problema sigue abierto: más de 1,5 millones de chilenos carecen de acceso estable a agua potable, dependiendo de fuentes inseguras o del reparto en camiones.
El Estado ya había diagnosticado este drama en 2007, cuando elaboró un estudio de soluciones de saneamiento rural. Se evaluó el funcionamiento de los APR y se concluyó que el sistema estaba lleno de debilidades. Lo escandaloso es que, dieciocho años después, los problemas son los mismos o peores.
La Ley 20.998 publicada en 2017 y reglamentada en 2020, fue la respuesta formal. Pero, como tantas leyes chilenas, nació desacoplada de la realidad territorial, al igual que la jornada laboral de 40 horas, el alza del sueldo mínimo, las cuotas de género en directorios o la Ley 21.368 de plásticos de un solo uso.
Todas con buenas intenciones, pero diseñadas en Santiago y aplicadas sin medir sus efectos prácticos. En el caso del agua, la desconexión es brutal: cada proyecto APR debe tramitarse en tres ministerios (MOP, Desarrollo Social y Salud), lo que hace que un APR nuevo tarde en promedio 6 años en completarse, desde el estudio inicial hasta su inauguración.
El programa APR existe desde 1964, cuando fue creado bajo el alero del MOP con apoyo del Banco Mundial y la FAO. En seis décadas se han construido más de 2.400 sistemas. Pero lo insólito es que, tras la inauguración, la operación y mantención queda en manos de comités o cooperativas de vecinos que deben administrar, clorar, reparar y recaudar, muchas veces sin conocimientos técnicos ni apoyo permanente. El Estado construye, hace el “delivery” del APR y luego se retira, dejando a dirigentes comunitarios la carga de gestionar un servicio esencial.
El Estado logra construir unos 30 APR al año. Puede sonar relevante, pero es absolutamente insuficiente frente a la brecha estructural. Y lo peor: mientras tanto, los municipios siguen pagando el sobreprecio de los camiones aljibes, desviando recursos de salud y educación para costear agua carísima.
El gasto no es menor: entre 2011 y 2019, el Estado desembolsó más de $222 mil millones en contratar camiones aljibes en al menos 191 comunas del país. Cada litro entregado de esta forma cuesta varias veces más que por red, y en los contratos públicos se cotiza el arriendo por hora de un camión de 10.000 litros en $42.468 netos, sin considerar transporte, combustible ni operación. En otras palabras, miles de millones destinados a un parche que no resuelve el problema estructural.
Durante su campaña, Gabriel Boric prometió “garantizar el derecho humano al agua”, rehabilitar APR y crear oficinas hídricas regionales. En la práctica, inauguró algunos proyectos puntuales, pero frente a la magnitud del problema, son gestos mínimos.
En contraste, hoy el tema empieza a entrar en la agenda presidencial. José Antonio Kast lo levantó como un eje de su programa. Evelyn Matthei también lo incluyó en su plan, proponiendo acelerar inversiones en APR. El resto de los presidenciables apenas lo mencionan bajo el concepto de “seguridad hídrica”.
No es casualidad: yo misma levanté este tema hace más de cuatro años entre los actores involucrados —dirigentes, técnicos, municipios y ministerios— y todos coincidían en el diagnóstico. Había consenso absoluto en que el sistema APR era insostenible tal como estaba.
Chile es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, p)ero mantiene un esquema de excepción rural. En países como Noruega, Canadá o España, los servicios rurales se integran a redes municipales o regionales, con financiamiento cruzado y estándares comunes. Y hay modelos aún más cercanos: en Costa Rica, cerca del 33 % de la población rural recibe agua de ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados).
Son organizaciones comunitarias, sí, pero con respaldo técnico, capacitación y normativa estatal permanente, lo que permite una gestión mucho más estable. Chile, en cambio, instala los APR y abandona su operación a dirigentes voluntarios, sin soporte robusto ni institucionalidad clara.
Y la paradoja mayor: con 4.000 kilómetros de costa y una industria creciente de plantas desaladoras, Chile produce agua para la minería, pero no para las comunidades vulnerables. Hoy no existe en la legislación chilena una obligación de conectar estas plantas a poblaciones rurales; la mayor parte del agua desalada va a faenas privadas. Expertos coinciden en que hay un vacío legal, y aunque se tramita un proyecto de ley para priorizar el consumo humano, mientras no se apruebe, las comunidades quedan fuera de la ecuación.
La realidad rural refleja abandono en dos dimensiones: agua y conectividad. Si en materia de agua el Estado hace el delivery de los APR, pero deja la operación a juntas vecinales, en Internet la situación no es mejor: la conexión rural se delega a los WISP (Wireless Internet Service Providers), pequeños proveedores inalámbricos que, con torres locales, llevan señal a zonas donde el Estado y las grandes telcos no llegan.
¿Qué hacer? Se necesitan tres cambios urgentes:
1. Unificar la gestión: que los APR sean integrados a redes municipales o regionales, con financiamiento cruzado y soporte técnico permanente.
2. Reformar la ley: eliminar la maraña de trámites en tres ministerios y crear una sola ventanilla hídrica, con tiempos máximos de aprobación.
3. Conectar desalinizadoras: establecer por ley la obligación de que nuevas plantas destinen parte de su producción a comunidades vulnerables cercanas, con financiamiento estatal para tender esas redes.
Tenemos un problema diagnosticado desde 2007, un marco legal lento y burocrático, promesas de campaña incumplidas, presupuestos sub ejecutados y un Estado que construye 30 APR al año, con demoras promedio de sies años.
El agua no es un favor ni una dádiva: es un derecho. Negarlo es condenar a millones a vivir como parias en su propio país. Y mientras sigamos administrando el agua con cuentagotas, los camiones aljibes y las juntas de vecinos forzadas a jugar de sanitarias improvisadas seguirán siendo símbolo de un fracaso colectivo.
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La corrección del IPC sin volátiles: una señal de alerta en el IPoM de septiembre. Por Carolina Grünwald. https://t.co/ogZ43Qg9xP
— Ex-Ante (@exantecl) September 24, 2025
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