Chile no tiene un problema de recursos energéticos. Tiene un problema de conducción. Esa es quizás la idea más incómoda del debate actual: un país con algunas de las mejores condiciones del mundo para generar energía limpia, pero incapaz de traducir esa ventaja en tarifas más bajas y mayor seguridad energética.
La primera prueba para el nuevo gobierno será acelerar la infraestructura crítica que permita capturar el valor de la transición energética: desalación, almacenamiento, transmisión y proyectos estratégicos que hoy permanecen atrapados en largos procesos de tramitación.
El caso del agua en el norte es paradigmático. Durante años se ha tratado la escasez hídrica como una condición estructural, cuando en realidad es también un problema energético. La desalación es hoy una tecnología madura, pero en Chile un proyecto puede tardar entre ocho y diez años en concretarse. No por falta de inversión o tecnología, sino por permisos y vacíos regulatorios que diluyen cualquier sentido de urgencia. El resultado es un país con miles de kilómetros de costa que sigue tratando el acceso al agua como si dependiera exclusivamente de la geografía.
En electricidad, la paradoja es aún más evidente. Chile ha avanzado aceleradamente en generación renovable, sin embargo, las tarifas de suministro a clientes finales no reflejan esa abundancia. La razón es conocida: un sistema que crece descoordinado. La generación avanza donde se encuentra el mejor recurso, la transmisión llega tarde, provocando vertimientos masivos de energía que al 2025 superaron los 6.000 GWh, y la regulación corre desde atrás. Se sigue planificando con tiempos administrativos en una industria que evoluciona a velocidad exponencial.
A ello se suma que las cuentas eléctricas aún incorporan costos de contratos de suministro firmados años antes, por lo que los beneficios de una generación más barata no siempre llegan con la velocidad que esperan los consumidores.
Respecto a la resiliencia energética, ésta ya no puede seguir siendo un tema secundario. El sistema eléctrico chileno fue diseñado para un clima que ya no existe. Eventos extremos, cortes recurrentes y una creciente electrificación obligan a repensar estándares. El soterramiento de redes, aunque costoso, deja de ser un lujo cuando se contrasta con el costo real de las interrupciones.
Todos deseamos que bajen las tarifas eléctricas, pero es fácil quedarse en las buenas intenciones y entramparse con grandes reformas, que llegarán tarde nuevamente. El desafío del gobierno recién asumido no es descubrir nuevas soluciones, sino destrabar las que ya existen. La brecha no es técnica ni financiera, esta es de ejecución.
Mientras la política pública intenta seguir el ritmo de la realidad, la urgencia obliga a la autogestión. Para los clientes libres, por ejemplo, la resiliencia hoy se traduce en contratos con bloques horarios y almacenamiento estratégico para arbitrar precios. Para el mundo regulado, la adopción de medidores inteligentes y la gestión de la demanda ya no son opciones tecnológicas, son herramientas indispensables para navegar en un sistema en transición.
En materia energética, postergar decisiones no es neutral, es la forma más cara de no avanzar. Por lo mismo, la competitividad del país depende de cuán rápido seamos capaces de convertir las ventajas, como el gran desarrollo de energías renovables, en seguridad, eficiencia y menores costos para las personas y empresas. Porque la energía que no se transporta, no se almacena o no se aprovecha a tiempo termina siendo una oportunidad perdida para el desarrollo de Chile.
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Crédito fiscal al empleo: crecimiento. Por Samuel Leyton y Salvador Valdés P. https://t.co/rrbwuE301T
— Ex-Ante (@exantecl) June 18, 2026
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