Las 34 medidas que proponen los expertos a Hacienda para recortar US$2.000 millones de gasto (Lea el informe)

La comisión asesora para reformas al gasto público entregó 34 propuestas a Hacienda para racionalizar el uso de recursos. Buscan generar ahorros y contener presiones de gasto por hasta US$2.000 millones, con foco en educación, salud, empleo público y programas sociales. Proponen cerrar Segegob e Injuv.

Qué observar. La comisión asesora de gasto público entregó a Hacienda un informe con 34 propuestas para generar ahorros permanentes por hasta US$2.000 millones anuales. El objetivo es mejorar la eficiencia del gasto fiscal en un contexto de estrechez presupuestaria y compromisos crecientes, donde el margen para aumentar impuestos es limitado.

• El grupo, que está integrado por el ex director de Presupuestos, Matías Acevedo, la investigadora de Horizontal, María José Abud, la oficial en la Oficina del Coordinador Residente de la ONU, Paula Darville, el ex director de presupuestos, Sergio Granados y el académico de la Escuela de Gobierno de la UC, Osvaldo Larrañaga, entregó su informe final al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

El contexto fiscal. Desde 1990, el gasto público chileno ha pasado de 16,7% del PIB a 24,4% en 2024. Aunque la deuda pública aún se mantiene bajo el umbral prudente del 45% del PIB, ya bordea el 42%, lo que acota la capacidad de respuesta del Estado frente a crisis futuras.

• A esto se suma el envejecimiento poblacional, que presionará el gasto en salud y cuidados, además de la transición energética y escenarios geopolíticos más inestables.
• En este escenario, los expertos recalcan que mejorar la eficiencia es clave para evitar comprometer la sostenibilidad.
• De las medidas propuestas dos de ellas podrían aplicarse en 2026 ($25.508 millones); 13 entre 2027 y 2029 ($1.460.878 millones); y 1 a partir de 2030 ($456.502 millones).

Instituciones a cerrar: Segegob, INJUV, DEPROV y Prodemu. El informe dedica un capítulo a la revisión de organismos cuya continuidad genera dudas por posibles traslapes de funciones o baja efectividad. La propuesta más relevante es reubicar funciones de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) hacia el Ministerio del Interior, que en su nueva institucionalidad asume la coordinación del gobierno.

• A Interior se trasladarían atribuciones como la vocería, la desconcentración regional y la participación ciudadana, con el objetivo de reducir costos de coordinación y simplificar la estructura administrativa.
• En paralelo, se plantea evaluar la pertinencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), cuya oferta programática se superpone con la de otros órganos del Estado que ya trabajan con población juvenil. En el ámbito educativo, la comisión propone revisar el futuro de los Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV), que han quedado desalineados frente a la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Finalmente, se recomienda integrar la Fundación Prodemu al SernamEG, eliminando duplicidades en materia de género y concentrando la política pública en una sola institucionalidad.

Educación superior: el peso de la gratuidad. El gasto en gratuidad superó los $2 billones en 2024, con más de 550 mil beneficiarios. Según el informe, su crecimiento real (129% entre 2022 y 2029) supera con creces el alza de la matrícula.

• Las propuestas incluyen mejorar la asignación socioeconómica para evitar que estudiantes no vulnerables accedan al beneficio, evaluar un límite etario en carreras profesionales y eliminar los “gatillos” automáticos que amplían la gratuidad a deciles altos.
• En conjunto, estas medidas generarían ahorros superiores a $590 mil millones en régimen.

Salud: gestión y gobernanza. El sistema público de salud concentra otra parte relevante del gasto. La comisión propone profesionalizar la gestión hospitalaria, optimizar compras de insumos y medicamentos, recuperar pabellones inactivos y potenciar a Fonasa como comprador estratégico.

• También plantea trasladar la función de Cenabast a ChileCompra, fortalecer la atención primaria para reducir la demanda hospitalaria y revisar el plan de inversiones en hospitales con criterios territoriales y epidemiológicos.

Empleo público: modernización pendiente. El informe advierte sobre rigideces en el empleo público. Sugiere congelar dotaciones en 2026, contener el gasto en remuneraciones manteniéndolas en niveles nominales de 2025, y rediseñar el Estatuto Administrativo para avanzar hacia un sistema basado en mérito, movilidad interna y desvinculaciones transparentes.

• En educación, se plantea ajustar las dotaciones docentes y asistentes de acuerdo con la matrícula proyectada, y fortalecer la sostenibilidad de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Control presupuestario: mayor disciplina. Varias medidas apuntan a reforzar la disciplina fiscal: limitar el artículo 4° de la Ley de Presupuestos que permite aumentar el gasto sin aprobación parlamentaria, exigir la identificación precisa de la fuente de financiamiento en proyectos de ley, restringir el uso de provisiones del Tesoro a su destino original y reemplazar la “provisión republicana” por reasignaciones presidenciales acotadas.

Ingresos y otros ámbitos. Entre las medidas adicionales se incluyen fortalecer el control sobre el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), que generaría ahorros por más de $570 mil millones, y avanzar en la reducción de la evasión en el transporte público mediante medios de pago digitales y sanciones más estrictas.

• Finalmente, se propone retomar la agenda de revisión de exenciones tributarias pendiente desde la comisión de 2020–2021, y mejorar la calidad de la información del Registro Social de Hogares para focalizar con mayor precisión los más de 120 programas sociales vigentes.

Otras de las propuestas:

• Subsidios focalizados: redefinir beneficios mal diseñados que llegan a grupos de mayores ingresos.
• Compras públicas: digitalización y centralización para reducir costos.
• Inversión pública: priorizar proyectos según rentabilidad social y evitar retrasos por permisología.
• Transferencias y subsidios sectoriales: eliminar duplicidades y concentrar recursos en objetivos claros.

El impacto esperado. De las 34 medidas, 16 corresponden a reducciones de gasto y en conjunto podrían ahorrar $1,94 billones anuales a largo plazo, lo que equivale a un 0,6% del PIB. Un 40% de esos ahorros depende de cambios administrativos, un 39% de reformas legales y un 21% de una combinación de ambos..

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