Las acusaciones por la designación en la Suseso, clave para fiscalizar fraudes en licencias médicas

Los diputados Jaime Araya (ind PPD) y el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, enviaron oficios para aclarar el proceso de Alta Dirección Pública para nombrar al próximo Superintendente de Seguridad Social (Suseso). Los reparos apuntan a la exclusión de postulantes que habrían subrogado el cargo y cambios en los plazos del concurso, por lo que piden revisar la regularidad del procedimiento.

Lo nuevo. El proceso de Alta Dirección Pública para nombrar al próximo Superintendente de Seguridad Social (SUSESO), clave en la fiscalización de las licencias médicas fraudulentas, abrió un foco de inquietud entre algunos parlamentarios, además de mutuales y cajas de compensación, dos de los principales sectores regulados por la entidad que está bajo el alero del Ministerio del Trabajo.

• La preocupación apunta a la forma en que se ha desarrollado el proceso y tiene en el centro de la controversia al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que tiene la misión de dotar a los servicios de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo, mediante concursos públicos transparentes.

Cambios en los plazos. De lo que hasta ahora se conoce es que convocatoria del concurso ADP-36772 para la designación del superintendente cerró el 4 de mayo con 342 postulaciones. Todo apunta, sin embargo, a que la notificación fue eliminada luego del historial público y reemplazada por una ampliación del plazo fechada el 1 de mayo.

• Rodrigo Gutiérrez, una de las cartas que se había perfilado para liderar la Suseso, a partir de su gestión en la entidad como Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre 2013 y 2014, ofició al Consejo de Alta Dirección Pública el 9 de junio para pedir que se revisara esa situación.
• En juego estaba la trazabilidad del procedimiento y la certeza que deben tener los postulantes respecto de las reglas aplicadas.
• Además de Gutiérrez se indica que la otra postulante que dejó fuera la consultora fue Patricia Soto, actual Superintendenta (s) que ha sido fiscal de la entidad por casi 10 años y ha subrogado ese cargo varias veces.

El caso llega al Congreso. El caso escaló rápido al Congreso. El diputado Jaime Araya (IND-PPD) ofició el 8 de junio al ministro del Trabajo Tomás Rau en que solicita la “revisión, suspensión preventiva y eventual invalidación del proceso de selección de Alta Dirección Pública para el cargo de Superintendente/a de Seguridad Social, atendidos antecedentes que podrían comprometer la idoneidad de una postulante y la regularidad del procedimiento de evaluación curricular”.

• Sostiene que existen “antecedentes que indicarían que postulantes altamente calificados habrían sido excluidos tempranamente del proceso, mientras circulan versiones no oficiales -que precisamente por prudencia deben ser consultadas y no afirmadas como hechos concluyentes- según las cuales doña María Soledad Ramírez Herrera continuaría participando en dicho procedimiento”.
• La abogada Ramírez es una de las principales carta para asumir la Suseso, cargo que ya ocupó entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

El oficio del presidente de la DC. En paralelo, el diputado y actual presidente de la DC, Álvaro Ortiz ofició al presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Pedro Lea-Plaza, para que se tengan a la vista antecedentes administrativos y judiciales que proporcionó relativos a Soledad Ramírez.

• En su presentación mencionó la Resolución Exenta GAB N°356 de la Suceso, de julio de 2022, referida a la no restitución de bienes fiscales asignados durante su gestión; el posterior envío de antecedentes al Ministerio Público en noviembre de ese año; y el rechazo, en julio de 2023, de una acción de tutela laboral presentada por Ramírez tras su salida del cargo.
• Estas acusaciones, que Ortiz pide que sea considerada en la evaluación del proceso, también fueron expuestas por el diputado Araya.
• “Estos antecedentes, considerados en su conjunto, no permiten formular por sí solos una condena ni desconocen las garantías que asisten a toda persona. Pero sí constituyen señales institucionalmente relevantes que deben ser examinadas antes de que una persona sea considerada idónea para ejercer nuevamente un cargo superior en la Administración del Estado, especialmente si se trata del mismo ámbito institucional en que se originaron parte de los hechos descritos”, añade Ortiz.
• El presidente de la DC, además, apunta a declaraciones de Ramírez como testigo en litigios de Isapres contra el Estado por la Licencia Médica Preventiva Parental, establecida a partir de la pandemia del Covid-19.

Telón de fondo. Antes de activarse el concurso se evaluó una vía excepcional para resolver la conducción de la Suseso que el Presidente Kast utilizada una de las llamadas 12 “balas de plata” que tiene para desvincular cargos escogidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y nombrar directamente un reemplazo sin pasar por concurso público.

• Esa opción finalmente no se utilizó y el cargo quedó sujeto al proceso de Alta Dirección Pública.
• De ahí que las dudas actuales se concentren en la regularidad del concurso: si hubo postulantes con experiencia efectiva que fueron excluidos, cambios en los plazos y una candidatura que aparece mejor posicionada. El punto a despejar es si la competencia se está desarrollando bajo criterios estrictamente técnicos y comparables para todos.
• La Suseso fiscaliza materias sensibles para mutualidades, cajas de compensación, licencias médicas, subsidios y controversias entre entidades privadas, trabajadores y el Estado.

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