Las fortalezas y debilidades del proyecto de Medio Ambiente para enfrentar la “permisología”

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, presentó este miércoles el proyecto que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia y que busca hacer frente a la llamada tramitología. Diversos expertos que tuvieron acceso al proyecto aseguran que la reforma podría despolitizar algunos puntos de la evaluación ambiental. Sin embargo, también enfatizan que no tendría elementos concretos que permitan acortar los plazos de evaluación. A continuación los ejes del proyecto y las observaciones que hacen desde la academia y el mundo privado.

Qué observar. Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric presentó la reforma a los permisos sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos), a cargo de Nicolás Grau (Economía) y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0). La segunda a cargo de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

• El Presidente aseguró que el objetivo de “estos proyectos, en particular, buscan agilizar la entrega de permisos necesarios para iniciar un proyecto de inversión y mejorar los procesos de evaluación ambiental”.
• El anuncio se da en un contexto de búsqueda de agilidad y certeza jurídica por parte de los inversionistas y el sector privado, quienes han insistido en que la “permisología” y la burocracia para tramitar proyectos de inversión está condicionando el desarrollo y crecimiento del país.
• En agosto, la ministra Rojas había sostenido que “no hay ninguna traba a la inversión; la evaluación ambiental es una condición para el desarrollo”, cuando fue consultada por la “permisología”.
• Ex-Ante tuvo acceso al proyecto para reformar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Diversos expertos que leyeron la iniciativa que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, dicen que la reforma podría despolitizar algunos aspectos del proceso de evaluación ambiental. Sin embargo, agregan, una primera lectura no concluye que hayan elementos concretos que permitan pensar que los plazos de evaluación se van a reducir de manera relevante.

En qué fijarse. 

Tecnificación de las decisiones. La nueva ley pretende fortalecer la evaluación técnica, dotando de mayores atribuciones al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y eliminando instancias políticas como el Comité de Ministros. Sobre esto, la iniciativa señala: “El Comité de Ministros se elimina con la modificación propuesta al artículo 20, radicando la decisión administrativa sobre todas las reclamaciones en la Dirección Ejecutiva del SEA. En definitiva, la Dirección Ejecutiva será la encargada de resolver las reclamaciones que se interpongan tanto respecto de una DIA como de un EIA”.

• Respecto a este punto, los expertos creen que es cuestionable si efectivamente se logra eliminar el criterio político en la decisión de las reclamaciones, ya que la dirección ejecutiva del SEA es designada por el gobierno de turno, tal como ocurrió el 30 de marzo de 2022 cuando el Presidente Boric designó a Valentina Durán como directora Ejecutiva.
• Sin embargo, otro experto agrega que “se perdió una gran oportunidad de radicar el proceso de evaluación ambiental en una entidad profesional independiente, como el Banco Central”.

Eliminación COEVA. El proyecto de ley elimina las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA), “radicando su función en la Dirección Regional del SEA -órgano eminentemente técnico-, quien pasará de recomendar a calificar directamente los proyectos o actividades”.

• Para los especialistas esta medida contribuye en despolitizar la evaluación de proyectos, enfocándose en los aspectos más técnicos.

Consultas de pertinencia. Se propone que, para modificaciones menores de proyectos con RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobada, se presente una declaración jurada informando del cambio, sin necesidad de esperar una respuesta de la autoridad. De acuerdo al proyecto de ley, esto permitiría que los plazos se puedan disminuir en cerca de un 90%.

• Conocedores del tema creen que este punto podría ayudar a agilizar los procesos.

Incentivo participación ciudadana. “En particular, la modificación al artículo 30 bis pretende incentivar la participación ciudadana en las DIA (Declaración de Impacto Ambiental), eliminando como requisitos para abrir una etapa de participación la justificación de cargas ambientales para comunidades próximas. Con esta modificación, será suficiente que una solicitud sea formulada por 10 personas naturales directamente afectadas, o dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por escrito y dentro de plazo. Lo anterior permitirá alinear el procedimiento al Acuerdo de Escazú y consolidar una práctica que el SEA ya viene implementando desde el año 2022 para garantizar la participación de las comunidades en los proyectos de inversión”.

• Según los expertos, se estaría consagrando que virtualmente todas las DIA van a requerir participación ciudadana. Señalan que aquello en nada ayuda a destrabar los proyectos.

Demandas por daño ambiental. La reforma contempla que el Consejo de Defensa del Estado estará legitimado para presentar una acción legal en caso daño ambiental. También se crearán mecanismos para ajustar la distribución de la carga de la prueba y se flexibiliza el plazo de prescripción para interponer demandas por daño ambiental.

• Los expertos creen que el hecho de que se legitime que el Consejo de Defensa del Estado demande por daño ambiental -incluso si otro legitimado ya presentó una demanda previamente- aumenta la probabilidad de que los titulares de los proyectos enfrenten una demanda del Estado de Chile. Esto representa un nuevo riesgo para los proyectos. Además, se alarga el plazo para realizar la demanda por daño ambiental.

Lea la reforma a la Ley 19.300: