Ley Uber: El choque entre La Moneda y Dorothy Pérez que reveló minuta de Presidencia

En una minuta interna, el Ejecutivo cuestionó que el órgano que dirige Dorothy Pérez rechazara un decreto que permitía avanzar con la ley Uber. “La Contraloría cumple su función de control jurídico y administrativo, y el Gobierno lo respeta. Pero los fundamentos de fondo son sólidos”, se plantea. Fuentes de gobierno apuntan que el organismo se excedió en sus funciones al opinar sobre el contenido técnico de una política pública, y afectar cerca de 125 mil puestos de trabajo.

Lo nuevo. Malestar generó en el Gobierno el hecho de que, el miércoles, la Contraloría -en un oficio firmado por Dorothy Pérez- frenara un decreto del Ministerio de Transportes que buscaba flexibilizar los requisitos técnicos para conductores y vehículos de transporte remunerado de pasajeros, incluyendo taxis colectivos y vehículos de plataformas como Uber y Cabify.

• Se trataba de una serie de modificaciones que realizó el ministerio al decreto 212, de 1992, que regula servicios de transporte público de pasajeros. La norma permitía avanzar, en paralelo, con el reglamento de la Ley Uber, que Transportes decidió retirar esta semana de la toma de razón de Contraloría.
• Entre los cambios propuestos estaban el aumento del plazo máximo de antigüedad de vehículos de aplicaciones de uno a cinco años al momento de la primera inscripción; mayor flexibilidad para reemplazar vehículos; flexibilización de normas de cilindrada y motor; y el aumento de la capacidad de pasajeros para taxis y colectivos.

Minuta de La Moneda. La molestia del Ejecutivo se reflejó en una minuta que el área de comunicaciones de la Oficina del Presidente distribuyó este viernes con bajadas comunicacionales para ministros, subsecretarios, parlamentarios y voceros del oficialismo.

• En su primer punto, titulado “Gobierno complementará antecedentes para seguir avanzando en modificaciones al decreto de transportes”, afirma que “la versión anterior del reglamento afectaba negativamente la movilidad del 85% de los usuarios y las flexibilizaciones apuntaban tanto a mejorar la calidad del servicio como a favorecer el empleo”.
• Más adelante, en el acápite “bajadas” se plantea que “Chile lleva más de una década debatiendo cómo regular el transporte de aplicaciones y todavía no tiene una norma operativa. El Gobierno está decidido a terminar con ese ciclo: los antecedentes solicitados por Contraloría serán respondidos y el decreto avanzará”.
• “La Contraloría cumple su función de control jurídico y administrativo, y el Gobierno lo respeta. Pero los fundamentos de fondo son sólidos: flexibilizar requisitos técnicos obsoletos no baja la calidad del servicio, la mejora, y protege más de 125 mil empleos vinculados al sector”.
• “Un reglamento que afectaba la movilidad del 85% de los usuarios no era una norma de protección: era un obstáculo. Este Gobierno está corrigiendo eso con los fundamentos técnicos que corresponden”.
• En la sección de “mensajes clave” se añade: “El trámite continúa, el objetivo no cambia. El rechazo de Contraloría es un paso en el proceso, no el final del camino. El Gobierno enviará los antecedentes solicitados y el decreto avanzará con los fundamentos técnicos que la Contraloría requiere”.
• “Modernizar el transporte es urgente. Más de 125 mil empleos dependen de estas plataformas y Chile lleva diez años sin una norma operativa clara. Cada mes de retraso es un mes más de incertidumbre para conductores, usuarios y empresas”.

Reparos en La Moneda. Fuentes del Ministerio de Transportes sostienen que, en su oficio del 10 de junio, la contralora Dorothy Pérez se excede en sus funciones al opinar sobre el contenido técnico de una política pública, cuando el foco de su labor es la revisión jurídica de actos administrativos del Estado.

• Particular molestia causó en la cartera que en el oficio del 10 de junio de Contraloría se justificara el rechazo de las modificaciones al decreto en que no constan “los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública”.
• En el ministerio aseguran que no es necesario realizar una consulta pública para fijar una antigüedad máxima de operación de los vehículos, un plazo mínimo para su primera inscripción y una cilindrada específica para los vehículos.
• Otro punto que cuestionan en el Ejecutivo es el hecho de que el ente contralor afirme en su escrito que en el decreto gubernamental “se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”, lo que para el Gobierno no está dentro del análisis que debe realizar la Contraloría.
• El Ministerio de Transportes tiene previsto presentar en los próximos días la información técnica requerida por el ente contralor. Pero, según fuentes de la cartera, la revisión de aquella información podría ralentizar nuevamente el proceso, que ya ha tomado más de una década, y deja en la incertidumbre a una serie de trabajadores.

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