¿Lobby 2.0? Por Héctor Lehuedé

Para que ese acceso a la autoridad y la defensa de legítimos puntos de vista aporte al diálogo democrático, existen buenas prácticas de transparencia y probidad que la ley se encarga de incentivar. Sin ellos, el lobby se puede prestar para la captura del Estado, la supresión del interés común, y el debilitamiento de la democracia.

Estos últimos días se ha discutido mucho sobre la denominada Ley de Lobby (Ley 20.730), que existe en Chile desde el año 2014, para aportar transparencia y probidad en la actividad de lobby y demás gestiones de intereses particulares ante los órganos del Estado.

• La Ley define el lobby como la gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos.
• Por su parte, la gestión de intereses particulares se describe igual, pero la gestión o actividad se realiza de manera no remunerada.

Para dar mayor claridad, la ley entrega un listado de las autoridades y funcionarios de la administración del Estado que son considerados “sujetos pasivos” de la Ley de Lobby, en la que se incluyen, entre otros, a ministros de Estado, Diputados y Senadores. También describe las actividades o gestiones respecto de las cuales se debe dejar registro, que son aquellas que tienen por objeto obtener de la autoridad que se adopten o no se adopten ciertas decisiones, que incluyen actos administrativos, proyectos de ley y leyes, decisiones, acuerdos, declaraciones, decisiones, contratos, políticas, planes y programas.

Pese a que es un asunto controversial, la ley que lo regula considera al lobby y la gestión de intereses particulares como herramientas para la participación democrática de la ciudadanía y de sus actores, el intercambio de puntos de vista e información, y la posibilidad de que distintos intereses sean tomados en consideración para la elaboración de políticas públicas. Sin esta herramienta, la ciudadanía, comunidades, sindicatos, empresarios y muchos otros podrían quedar marginados de la discusión de asuntos que les afectan directamente.

Para que ese acceso a la autoridad y la defensa de legítimos puntos de vista aporte al diálogo democrático, existen buenas prácticas de transparencia y probidad que la ley se encarga de incentivar. Sin ellos, el lobby se puede prestar para la captura del Estado, la supresión del interés común, y el debilitamiento de la democracia bajo una impresión de influencia indebida, o derechamente la sospecha de cohecho.

Entre las mejores prácticas para la actuación de las autoridades, el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, que se apoya en los Principios para la Transparencia e Integridad en el Cabildeo (o Lobby), propone medidas para garantizar que éste sea una herramienta útil para la formulación de políticas:

• Establecer definiciones claras de lobbista y lobby.
• Aumentar la transparencia en las actividades de lobby (como el registro de las reuniones que en el más reciente caso no se reportaron).
• Fomentar una cultura de integridad en las interacciones entre los lobistas y los funcionarios públicos, con normas de conducta claras, principios y procedimientos que fijen la manera para relacionarse con los lobistas (como los cursos de probidad que algunos de los ministros involucrados en el más reciente caso no tomaron).
• Revisión efectiva del cumplimiento de las medidas de lobby. Por ejemplo, en Francia, las sanciones pueden llegar a un año de prisión y multa equivalente a 15 millones de pesos.

Del lado del sector privado, el escrutinio de la sociedad es cada vez mayor sobre el lobby y gestión de intereses. Son actividades cada vez más riesgosas y que requieren de una gestión profesional, con apoyo especializado de personas que comprendan la dinámica en la relación entre privados, funcionarios del Estado, y la comunidad en la que se insertan. Debe hacerse en línea con el marco regulatorio existente y conociendo las expectativas de los grupos de interés y los compromisos asumidos por la organización. La toma de los salares por las comunidades aledañas frente al acuerdo Codelco-SQM, que se reporta hoy en las noticias, es un buen ejemplo de las complejidades que enfrentan las empresas al intentar conciliar estos intereses.

Cuando las organizaciones del sector privado van madurando paralelamente sus prácticas de relacionamiento con la autoridad y con sus grupos de interés, se produce una sinergia bien sorprendente. Ya no es el dueño o los accionistas quienes hacen lobby frente a una autoridad, sino que es toda la empresa, con sus sindicatos, comunidades, proveedores y clientes quienes abordan a la autoridad como un solo bloque, representando el interés de la sociedad que valora lo que esa organización representa y le aporta.

La credibilidad y el poder de influencia en ese caso es infinitamente superior, porque no solamente son gestiones transparentes y probas, sino que además es muy atractivo para la autoridad sumarse a una iniciativa que la sociedad ya valora y apoya.

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