La introducción de la PGU por parte del segundo Gobierno del Presidente Piñera cambió el panorama de las pensiones en Chile mejorando sustantivamente la situación de miles de pensionados, sin embargo, la discusión de la reforma en este Gobierno partió sin datos al respecto lo que dificultó la conversación. Recién en enero de este año estuvieron disponibles datos de pensiones y tasas de reemplazo post PGU, lo que fue un factor determinante para el trabajo de la mesa técnica de pensiones.
Desgraciadamente se ha destacado los aspectos en los que la mesa técnica no alcanzó pleno acuerdo, dejando de lado los importantes elementos en los que sí hubo consenso. Partiría por resaltar que la mesa arribó a un diagnóstico común, lo que permitió sugerir por unanimidad una serie de políticas públicas y, en los casos en los que no hubo pleno consenso en las propuestas, se logró orientar la posterior discusión política. Así, se entregan argumentos a favor y en contra de distintas alternativas de políticas públicas que permitirían hacerse cargo del diagnóstico. La disponibilidad de datos fue sin duda un elemento gravitante estos logros.
Entre los elementos del diagnóstico consensuado me gustaría destacar que se establece claramente la necesidad de incrementar el ahorro para las pensiones. Recordemos que hasta hace poco había sectores que abogaban por elevar el gasto (reparto) en el sistema en desmedro del ahorro. Los datos muestran que, en promedio, sólo el 26,5% de la pensión total que reciben los pensionados entre 2015 y 2022 se explica por los ahorros realizados durante la vida activa, mientras que el 73,5% se deben a la PGU. Este desbalance entre fuentes de financiamiento de las pensiones –o pilares del sistema— debe ser corregido con más ahorro. Con este fin, se propone incrementar en 6 puntos la cotización obligatoria, mejorar el mecanismo de cobranza, incorporar a trabajadores independientes, establecer un seguro de lagunas, entre otros.
Luego, se acuerda unánimemente no dividir a las AFP, pero se constata que existe falta de competencia en precios en este mercado debido a la inacción de los cotizantes. Como solución a este problema se propone la licitación periódica de partes del stock de afiliados, manteniendo siempre la libertad de elegir quién administra los ahorros, es decir, las personas podrán desistir de participar en la licitación y/o podrán cambiarse de AFP una vez licitados. Esta propuesta contó con el apoyo de toda la mesa con la condición de que el Estado no pueda participar ofertando en la licitación. Además, se estableció la necesidad de autorizar y reglar el traspaso de activos entre administradoras, de manera que no existan efectos adversos sobre el mercado de capitales ni la rentabilidad de los fondos. Evidentemente la propuesta no contempla que las AFP tengan que liquidar activos al enfrentarse a una licitación.
Por último, destaco que se acordó que el foco de la mejora de las actuales pensiones deben ser aquellos grupos que aún –post PGU— tienen bajas tasas de reemplazo: fundamentalmente mujeres que han cotizado muchos años. Al acotar el universo de personas que aún requieren apoyo permite reducir significativamente el monto de recursos necesarios para hacerse cargo del problema, abriendo las posibilidades de financiamiento de las políticas públicas escogidas para este fin.
La mesa técnica propuso que se creara un “bono tabla” que consiste en un subsidio a las pensiones de las mujeres, ya que son siempre inferiores a las de los hombres debido a su mayor expectativa de vida. Este beneficio permite que un hombre y una mujer que se pensionan a la misma edad, con el mismo grupo familiar e igual monto ahorrado, reciban la misma pensión. Además, se propuso la creación de un beneficio focalizado en mujeres y personas con alta densidad de cotización, si bien no hubo acuerdo en el monto y el mecanismo de financiamiento, si hubo unanimidad en que éste fuera transitorio y que el remanente de recursos se ingresara a las cuentas de capitalización de los cotizantes.
En definitiva, se acordó elevar el ahorro para las pensiones, se ratificó el modelo de administración privada de fondos previsionales (se descartó terminar con las AFP) y se acordó focalizar las mejoras de las pensiones actuales en quienes aún tengan bajas tasas de reemplazo. Todos estos consensos representan avances en la discusión y permiten orientar el debate hacia adelante.
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