La deuda pública bruta no ha dejado de crecer desde 2008 aunque, de acuerdo con las cifras oficiales, se estaría estabilizando a partir de este año en torno a un 42% del PIB. El nivel de la deuda no es excesivamente elevado si se le compara con aquel que exhiben países similares y muy baja si la comparación se realiza con países desarrollados, aunque esta es una comparación engañosa, toda vez que se trata de economías mucho más sólidas y con monedas que son utilizadas como reserva en muchos casos.
Lo preocupante, por sobre todo, es su crecimiento constante desde un mínimo de 3,8% del PIB en 2007 a 43% en 2026 de acuerdo con las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).
Otro factor preocupante lo constituye la creciente participación de la deuda externa en el total, que pasó de un mínimo de 12,9% en 2013 a 36% el año pasado, lo que representa otro factor de debilidad que es muy sensible a la evolución del tipo de cambio.
Dicho lo anterior, el panorama fiscal es muy preocupante como lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en múltiples ocasiones y la perspectiva de las finanzas públicas, evaluada a partir de las proyecciones de la propia Dipres y publicadas en el IFP, es muy frágil y difícilmente permite confiar en que se eliminará el déficit cíclicamente ajustado (DCA) como anticipan estas proyecciones.
Un problema recurrente en los últimos años ha sido la sobre estimación de la recaudación fiscal que se ha traducido, a pesar de algunos recortes de gasto, en déficit superiores a los previstos en la ley de presupuestos y, en el caso de este año, en la posibilidad de recaudar más a través de modificaciones legales que no tienen ningún destino.
El año pasado, el DCA fue de 3,2% del PIB, excediendo en un punto porcentual el previsto al comenzar 2024. Para 2025, por otro lado, la previsión original era de un DCA de 1,1% del PIB, cifra que el último IFP se ha elevado a 1,8% del PIB y que difícilmente será inferior a 2% cuando se conozcan las cifras definitivas. Las perspectivas para el período 2026-29, por último, apuntaban a un DCA de 0,5% del PIB para 2026-28 y un equilibrio para 2029. Esto en el IFP del 4 trimestre del año pasado.
La realidad, según informa el IFP del segundo trimestre de 2025 sería menos favorable en 2026-27, con un DCA de 1,1% y 0,75% del PIB, respectivamente, pero el detalle de las cifras muestra que los gastos comprometidos para 2026-27 exceden los compatibles con alcanzar estas nuevas metas de déficit en 3 décimas para 2026 y 2 décimas para 2027. Este despiste de la realidad versus las proyecciones se produce a pesar de que las proyecciones de crecimiento del PIB y la demanda interna son más optimistas a las del IFP anterior, lo mismo que el precio previsto para el cobre.
Por otro lado, el recientemente publicado informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público plantea que las presiones de gasto en los próximos años, provocadas por el envejecimiento de la población, el cambio climático y otras causas, serán significativas, lo que hace más urgente racionalizar el gasto actual para hacer espacio a estas presiones adicionales y, al mismo tiempo, cerrar la persistente brecha entre ingresos y gastos.
Para estos efectos, la Comisión propone 34 medidas que permitirían reducir la velocidad de crecimiento del gasto actual o, directamente, a reducirlo, con efectos a corto, mediano o largo plazo. De las 34 medidas propuestas, 16 tienen como resultado reducir el gasto público por un monto estimado en alrededor de US$2.000 millones en el largo plazo, la mayor parte de los cuales podría materializarse entre 2027 y 2029.
Cabe destacar que alrededor de un 40% del ahorro podría realizarse por vía administrativa y constituye un aporte técnico muy relevante para el próximo gobierno si desea seriamente controlar el gasto público y eliminar el déficit fiscal.
No obstante lo anterior, cuando se presente el presupuesto 2026 a fines de septiembre, todo indica que el panorama fiscal lucirá bastante mejor que las cifras que hemos comentado en esta columna. Ello como resultado de las propuestas de los comités que asesoran al Ministerio de Hacienda para la confección del presupuesto fiscal.
Por una parte, aquel que estima el precio de largo plazo del cobre llegó a una estimación de US$4,38 la libra para la próxima década, con una considerable subida respecto del precio vigente este año de US$4,09 que, en todo caso, creo que es razonable. Estos casi 30 centavos adicionales aportarán unos US$1.800 millones a los ingresos estructurales del Fisco, lo que equivale a 0,5% del PIB.
Por otro lado, el comité que aporta al cálculo del PIB no minero tendencial estima que este crecería 2,6% en 2025-26 y 2% entre 2027-2030, al tiempo que el año pasado proyectaba 2,2% para 2025 y 2% para 2026, mientras que la cifra para 2027-29 promediaba 2%. Parte de la explicación para este sorprendente incremento en la capacidad de crecimiento del PIB no minero en 2025-26 se encuentra en un mayor crecimiento de la productividad comparado con el previsto por el Comité en 2024.
No es el objeto de estas líneas desvirtuar el trabajo de los comités, sino simplemente destacar que, como resultado de su trabajo, las perspectivas de las cuentas fiscales lucirán mejores que las que conocemos hasta ahora y con ellas se justificarán presiones para que el gasto crezca más rápido y, como resultado de ello, el avance (si es que no hay retroceso) hacía eliminar el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda siga siendo tan precario como en los últimos años. Es de esperar que todo esto no termine siendo más que maquillaje fiscal que oculta una realidad que, realidad, no queremos ver.
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