En medio del debate sobre el uso -y abuso- de las licencias médicas en Chile, conviene mirar con atención un caso particular: la licencia médica por enfermedad grave del niño menor de un año (EGNM). Este subsidio fue concebido para que la madre trabajadora -o el padre, si ella así lo decide- pueda cuidar a sus hijos en caso de enfermedad durante el primer año de vida. El problema es que, mientras la natalidad cae de forma sostenida en Chile, las licencias por EGNM se multiplican.
Durante la pandemia, entre 2020 y 2022, el uso de estas licencias disminuyó, dado que se extendió el postnatal hasta por tres meses adicionales. Pero, una vez terminada esa medida, el uso de las licencias por EGNM se disparó. En 2023, los días pagados por EGNM fueron un 33% mayores que en 2019, y en 2024 llegaron a ser un 47% superiores al nivel pre pandemia.
Este volumen de licencias sorprende. Solo en 2024 se iniciaron 209.384, mientras que ese mismo año 75.553 mujeres accedieron a postnatal. Dicho de otra forma, hubo casi tres veces más licencias por EGNM que permisos postnatales. En promedio, estas licencias fueron de 14,3 días cada una.
Parte del problema puede estar en los incentivos. A diferencia de la licencia común por enfermedad del trabajador, la EGNM es financiada directamente por el Estado, incluso en el caso de afiliadas a Isapre. Sin embargo, son las Isapres y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) las que deciden si autorizan las licencias. Es decir, en la práctica, quienes aprueban las licencias no son quienes las pagan, lo que reduce los incentivos a invertir más esfuerzos en la fiscalización.
Todo esto implica un costo fiscal significativo y creciente: en 2022 el costo de las licencias por EGNM fue de $71 mil millones, en 2023 subió a $106 mil millones y en 2024 superó los $125 mil millones, más del doble que en 2019. Para dimensionar, este monto en 2024 fue un 20% mayor al costo total del prenatal. Además, el subsidio es regresivo, ya que las trabajadoras de mayores ingresos reciben montos más altos, ampliando desigualdades.
Pero los impactos no se limitan al Fisco, también existen costos para las empresas. A diferencia del postnatal, cuya duración es conocida de antemano y permite organizar reemplazos, la licencia por EGNM se otorga en períodos cortos, renovables y muchas veces impredecibles. El empleador no sabe si la trabajadora volverá en pocos días o por varias semanas, lo que complica planificar reemplazos, redistribuir cargas de trabajo y mantener la continuidad de los equipos. Esto genera un costo indirecto significativo, especialmente para las empresas más pequeñas.
A esto se suma un dato preocupante: menos del 0,4% de las licencias por EGNM son tomadas por hombres. En la práctica, la carga recae en las mujeres, aumentando los costos de emplearlas en comparación con los hombres.
Es clave entonces entender qué está detrás del aumento en el uso de la licencia por EGNM los últimos años. Es necesaria una mirada más profunda. ¿Hay más enfermedades infantiles? ¿Es consecuencia de la falta de alternativas razonables de cuidado? ¿O muchas madres no encuentran razonable reincorporarse al trabajo a los seis meses de edad de sus hijos?
Identificar las causas permitiría pensar en soluciones de política pública más eficientes y efectivas, que protejan a los niños y sus familias, minimicen los costos tanto para el Estado como para las empresas y que no castiguen —más todavía— al empleo femenino.
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