Llevamos más de dos años de vigencia de la Ley de Delitos Económicos, periodo que las empresas han utilizado para examinar sus procesos y riesgos y así adaptarse a las nuevas exigencias legales que contempla. Pese a que el Ministerio Público no ha dado mayores indicios en relación con los requisitos que debe cumplir un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) serio y razonable, ajustado a las características de cada compañía, un reciente estudio conjunto de KPMG Chile y AmCham, que consideró a más de 100 empresas del gremio participantes, nos entrega algunas luces del estado actual.
Es así que sabemos que 8 de cada 10 compañías encuestadas considera que cuentan con un MPD que cumple con los estándares de la normativa vigente. Desde el punto de vista de análisis de riesgo, 78% de los participantes ha identificado las funciones, cargos y áreas con potencial riesgo penal, incluyendo mecanismos de evaluación de terceros.
Sin embargo, al momento de analizar las respuestas relativas a cada uno de los elementos de dichos MPD y su efectividad, se detectan algunas alertas que señalan oportunidades de mejora para una implementación efectiva. Es el caso de los sistemas de seguimiento interno, las limitaciones a la adecuada independencia de los responsables del MPD o recursos para poder desarrollar sus actividades, el exceso de formalismos (solo enfocarse en cláusulas contractuales por sobre la efectividad real), las líneas de denuncia que a veces carecen de credibilidad o la falta de mecanismos adecuados de capacitación y difusión.
¿Qué pueden hacer las compañías para subsanar estos elementos? Es fundamental cambiar el prisma con el que miramos los modelos de prevención del delito, pasando de catalogarlos como un gasto a verlos como lo que realmente son: una inversión estratégica.
Un programa de cumplimiento bien diseñado no incrementa costos, sino que optimiza recursos, permite reducir riesgos, fortalecer la rentabilidad y abre puertas a clientes más exigentes y mercados más seguros, mientras limita las pérdidas financieras.
Entender su valor como tal y sopesar cómo puede aportar positivamente al negocio, es una oportunidad. Para ello, las compañías no solo deben revisar sus procesos con un enfoque de riesgo en materia de responsabilidad penal para estructurar un MPD serio y razonable: necesitan incorporarlo a su negocio y facilitar su aplicación por los distintos miembros de la organización.
Solo así podrán aprovechar su máximo potencial, pasando de programas “en papel” a modelos robustos, con vida y que marcan la pauta tanto en los negocios como a nivel de gobernanza corporativa.
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