Hace algunas semanas la ministra Jeannette Jara (Trabajo), en un conversatorio, manifestó con fuerza que los empresarios debían pagar mejor a sus trabajadores. Esto ha dado lugar a una serie de debates, de los cuales economistas y diversos partícipes de la política han expresado sus opiniones al respecto.
Más allá de la demostración por las ciencias de la economía, que no se trata solamente de una cuestión de voluntad, si no de las reales posibilidades de cada empresa según el valor agregado que genera el trabajo, es importante que también se analice cómo las autoridades, poder ejecutivo y poder legislativo, contribuyen a que las empresa realmente puedan “pagar mejor”.
En efecto, en los últimos años, se han dictado diferentes cuerpos legales, algunos necesarios, otros, más bien como un reflejo de un buenismo político, en el cual se le ha traspasado a la empresa una serie de mayores costos, por el solo hecho de ser empleador.
Especialmente para las pymes, resulta una carga el soportar cada una de estas nuevas leyes, que van imponiendo diversas obligaciones y mayores costos, lo que implica obviamente tener asesoría y mecanismos internos que le permitan una correcta implementación.
No se trata de hacer vista gorda y no valorar lo necesario de algunas de estas leyes, pero sí se debe tener en cuenta que todas estas medidas generan finalmente un mayor costo a las empresas, lo que va en contra de la solicitud de la Ministra, que las empresas paguen mejor.
Con una economía que prácticamente no crece, con años complejos producto de crisis sociales y políticas, epidemias, crisis económicas, alta inflación, etc., a las empresas se les pide aumentar sus costos de producción, incluyendo las remuneraciones, sin tener en cuenta la grave situación en que muchas de ellas se encuentran.
Por lo anterior, es importante que las autoridades, especialmente en épocas pre electorales, no solo se encuentren prestas a instar a las empresas a “pagar mejor”, sino que también es importante que efectivamente se otorguen las condiciones necesarias para que la economía vuelva a una situación de crecimiento, que en definitiva, permita mejores remuneraciones, tal como la experiencia de nuestro propio país lo pudo constatar, especialmente entre los años 2000 y 2014.
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