Paquete económico: La propuesta para subir el impuesto al alcohol, el diésel y las bebidas azucaradas
Jaime Troncoso R.
José Antonio Kast junto a Jorge Quiroz.
El think tank ligado a Evópoli planteó que el proyecto de Reconstrucción Nacional apunta en la dirección correcta y contiene medidas fundamentales para elevar el empleo, la inversión y el crecimiento. Pero también recomendó sumar recortes de gasto y nuevas fuentes efectivas de recaudación.
Lo nuevo. Horizontal, el think tank vinculado a Evópoli, entregó un respaldo político-técnico al Plan de Reconstrucción Nacional ingresado por el gobierno al Congreso, aunque con una advertencia de fondo: la iniciativa tiene potencial reactivador, pero ese efecto podría quedar comprometido si no se despejan sus riesgos fiscales.
En un informe titulado “Desafíos y oportunidades del Plan de Reconstrucción Nacional”, elaborado por Juan José Obach, el centro de estudios sostiene que el proyecto “no solo apunta en la dirección correcta, sino que muchas de sus medidas son fundamentales para aumentar el empleo, la inversión y el crecimiento”.
El documento valora especialmente la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, la invariabilidad tributaria para grandes inversiones y los cambios para agilizar la tramitación ambiental.
Sin embargo, advierte que la sustentabilidad fiscal del proyecto descansa en ingresos futuros asociados a un mayor crecimiento, los que califica como inciertos “tanto en su monto como en su plazo de materialización”.
Qué recomienda. Horizontal plantea que el Plan de Reconstrucción no debiera descansar solo en los ingresos futuros que generaría un mayor crecimiento, sino complementarse con medidas de reducción de gasto fiscal y aumento de ingresos efectivos. Para ello propone evaluar alternativas:
Impuesto al diésel. Recomienda incrementar la tasa del impuesto al diésel para equipararla a la de la gasolina y racionalizar los créditos tributarios que reciben las empresas de transporte de carga.
Alcohol. Propone reformar la estructura actual, basada en un impuesto ad valorem, e introducir un impuesto mínimo específico según el contenido de alcohol. El objetivo sería desincentivar el consumo de bebidas baratas de alta graduación y aumentar la recaudación.
Bebidas azucaradas. Plantea que existe espacio para ampliar la base de este impuesto hacia otros productos con alto contenido de azúcar, alineando objetivos de salud pública con recaudación fiscal.
Eficiencia y ajuste del gasto público. Recomienda revisar la eficiencia del gasto en personal, bienes y servicios de consumo, programas mal evaluados o duplicados, partidas ineficientes y la recuperación de deudas impagas del CAE.
Racionalización de gastos tributarios. Avanzar en la eliminación o limitación de regímenes excepcionales que no tengan una justificación clara de costo-beneficio. En este punto, menciona la eliminación de la renta presunta —aplicada en agricultura, transporte y minería—, por generar una brecha injustificada con el régimen general de pymes.
Revisión de otros beneficios y exenciones. Plantea revisar el tratamiento de las ganancias de capital, las exenciones en zonas francas y mejorar la captación de datos para combatir la evasión.
Fortalecimiento de impuestos correctivos. Propone movilizar ingresos mediante impuestos que corrijan externalidades negativas.
El diagnóstico de Horizontal. Horizontal indica que, de acuerdo con el IPoM de marzo de 2026, el crecimiento potencial alcanza a 1,9%, lo que exige medidas que no solo tengan un efecto de corto plazo.
En esa línea, el informe destaca como medidas con mayor potencial reactivador la reducción del Impuesto de Primera Categoría desde un 27% hasta un 23% en 2029, la invariabilidad tributaria para inversiones sobre US$50 millones y las normas destinadas a reducir la permisología y entregar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión.
Sobre el impuesto corporativo, Horizontal subraya que la tasa chilena se ubica por sobre los promedios internacionales: 27% en Chile, frente a 24,1% en la OCDE y 21,1% en América Latina.
El informe también defiende la reintegración del sistema tributario.
A su juicio, esa medida elimina dos distorsiones:
La primera es que restablece el principio de equidad horizontal, según el cual rentas del mismo nivel deben enfrentar la misma carga tributaria, independiente de si provienen del capital o del trabajo.
La segunda es que termina con la diferencia entre el régimen pyme integrado y el régimen general semiintegrado, que puede desincentivar el crecimiento de las empresas.
Permisología. En materia de permisos, Horizontal valora la reducción de iteraciones en la tramitación ambiental, el fortalecimiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental para cortar observaciones no pertinentes y la creación de un régimen voluntario abreviado de evaluación ambiental.
Introduce una duda sobre una de las medidas defendidas por el Ejecutivo: el reembolso por anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental.
Según el documento, su efectividad como incentivo para adelantar el inicio de construcción no es clara, considerando que apenas el 0,3% de los proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada termina siendo anulado judicialmente.
El centro de estudios también plantea observaciones al diseño del crédito tributario para proteger el empleo formal, cuyo costo estima en US$1.400 millones.
Horizontal considera correcto el diagnóstico de que trabajadores ya contratados pueden enfrentar riesgo de despido, pero advierte que no todos los empleos beneficiados están necesariamente en esa situación.
“Al aplicarse sobre todo el stock de trabajadores con salarios mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($545.000 y $840.000), el Estado terminará gastando recursos en empleos que no están en riesgo de desvinculación”, dice el informe.
El efecto fiscal. La principal advertencia apunta al efecto fiscal del proyecto. Según el análisis, bajo el escenario que incorpora el impacto de las medidas en crecimiento, la iniciativa sería deficitaria hasta 2031, con un déficit promedio de 0,22% del PIB. Recién después de esa fecha, según las estimaciones del gobierno, el efecto fiscal se volvería positivo, con un peak de 0,79% del PIB hacia 2050.
En cambio, bajo un escenario sin impacto en crecimiento, el proyecto siempre generaría holguras fiscales negativas, con un déficit promedio de 0,6% del PIB hasta 2031.
Agrega que en Chile la sobreestimación de ingresos esperados ha sido un error repetido y que ello explica parte del déficit fiscal crónico de los últimos 15 años.
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