Permisología: Qué hay tras advertencia de la CPC sobre las “Guías” y “Criterios” del SEA para las inversiones
Jaime Troncoso R.
En la imagen, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
La CPC presentó ante Contraloría un informe en que advierte sobre una “regulación de facto” para las inversiones en Chile, que en principio estaban orientadas a uniformar la evaluación ambiental. Aquí sus objeciones.
Lo nuevo. La CPC realizó un acabado análisis sobre las “Guías” y “Criterios” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a través de un informe que ingresó a Contraloría y entregó al Ministerio de Medio Ambiente.
Se trata de documentos técnicos que en principio estaban orientados a uniformar la evaluación ambiental, pero que desde el 2022 y 2023 -bajo la administración del ex Presidente Boric- tuvieron un aumento significativo y terminaron convirtiéndose en una “regulación de facto” de las inversiones.
El texto sostiene que la creación de obligaciones ambientales corresponde de forma exclusiva al Poder Legislativo y, mediante decretos, a la Presidencia de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.
Por ello, las “Guías” y “Criterios” elaborados por el SEA son a su juicio instrumentos de rango inferior, aunque necesarios, que debieran operar como manuales de orientación técnica, sin capacidad legal para imponerse como normas obligatorias. Al establecer exigencias no contenidas ni en la Ley ni en el Reglamento, se debilita la certeza jurídica SEIA, indica la CPC.
Debate jurídico. El informe identifica las guías más sensibles para la inversión, como las referidas a compensación de biodiversidad, la consideración del cambio climático y la evaluación de impactos sobre sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.
La crítica de la CPC es que varias de estas guías habrían dejado de ser meramente referenciales para transformarse, en los hechos, en estándares exigibles dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El estudio revisa 22 guías y 29 criterios y plantea que el artículo 81 letra d) de la Ley 19.300 faculta al SEA solo para uniformar criterios técnicos, pero no para crear estándares nuevos ni imponer exigencias adicionales mediante instrumentos infrarreglamentarios.
“Cuando las guías del SEA dejan de orientar y pasan a imponer exigencias no previstas en la normativa, lo que se genera es más incertidumbre, más costos y más dificultad para sacar adelante proyectos de inversión”, señala Susana Jiménez, presidenta de la CPC.
“Por la vía administrativa se han ido imponiendo exigencias que no están en la ley ni en el reglamento, lo que encarece los proyectos, aumenta la incertidumbre y termina frenando inversiones viables”.
El caso de la biodiversidad. El informe pone en la zona roja a la Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA, respecto de la cual propone dejarla sin efecto.
La CPC sostiene que esa guía elevó su nivel de exigencia desde 2022 y que se produjo una superposición con la Ley 21.600, ya que la definición específica de criterios y estándares quedó entregada al reglamento.
Mantenerla hoy aumenta la incertidumbre regulatoria, señala el informe de la CPC.
A eso se suma la Guía metodológica para la compensación de la biodiversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, donde la Confederación afirma que el SEA fijó métricas, multiplicadores y reglas de equivalencia que exceden la función de uniformar criterios.
El efecto práctico que describe es claro: más costos, más densidad técnica y menos espacio para una evaluación caso a caso.
Cambio climático. El gremio también analizó la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA, de noviembre de 2024.
El informe sostiene que ese instrumento desdibuja la diferencia entre Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental al aplicar una lógica homogénea a los proyectos.
Según la CPC, aquello eleva las exigencias para iniciativas de menor complejidad, aumenta la carga técnica y obliga a incorporar categorías no previstas expresamente en la ley o el reglamento.
El documento objeta además que la guía estructure el análisis con categorías como “objetos de protección”, “atributos” y “factores de presión climática”, y que empuje un paso a paso que termina operando como estándar.
También cuestiona la guía de 2025 para estimar y reportar gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta, ya que, a su juicio, transforma el cálculo de emisiones en un procedimiento cerrado y traslada exigencias propias de un Estudio de Impacto Ambiental a proyectos ingresados por Declaración de Impacto Ambiental
Grupos humanos. El tercer foco es la Guía para la predicción y evaluación de impactos sobre los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos en el SEIA, actualizada en enero de 2025.
Aquí la CPC apunta al uso de enfoques de género y derechos humanos en la evaluación de proyectos.
Su tesis es que la guía densifica el análisis social, amplía el objeto de protección y convierte ciertos enfoques interpretativos en exigencias metodológicas obligatorias.
La CPC cuestiona que la guía extienda la evaluación más allá de la residencia física de las personas, incorporando redes sociales, prácticas productivas, vínculos culturales y otras variables que, a su juicio, amplían el área de influencia y abren espacio a mayores exigencias de levantamiento de información.
Telón de fondo. La CPC espera que la discusión pase a un debate de legalidad administrativa. Su argumento es que varias guías del SEA dejaron de ser manuales técnicos para pasar a funcionar como regulación de facto, con efectos concretos sobre costos, plazos y certeza jurídica de los proyectos.
La entidad gremial asegura que no propone una demolición total del sistema. Por el contrario, reconoce que hay instrumentos que sí se ajustan a su función orientadora, como la guía de participación ciudadana, que pone como ejemplo de una estructura coherente con el marco legal vigente.
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