A propósito de la reciente aprobación de la Ley Marco de Permisos Ambientales Sectoriales (LMAS) es pertinente hacer la siguiente reflexión.
La normativa interviene un número significativo de las más de 300 autorizaciones requeridas para desarrollar proyectos de inversión en Chile, lo cual generará un impacto sustancial en los procesos de aprobación de toda clase de iniciativas.
El objetivo primordial de esta ley es, por supuesto, agilizar dichos procedimientos y acelerar las inversiones, sin que esto suponga un menoscabo a los estándares de protección ambiental y social vigentes.
Sin embargo, la agilización de los procesos aprobatorios, sobre todo en los proyectos de mayor complejidad, no es algo que sea fácil de determinar a priori, pues la aprobación de los permisos que se requieren para el desarrollo de un proyecto de inversión es un proceso complejo.
Desde la idea inicial hasta el inicio de las operaciones, los proyectos pasan por una serie de etapas secuenciales, que abarcan, en general, una primera fase donde se accede al territorio y a los recursos a explotar. Luego, se da lugar a un periodo donde se realizan diversas acciones necesarias para recolectar información ambiental, la cual será esencial para la siguiente etapa: la evaluación ambiental del proyecto. A continuación, y una vez obtenida la resolución de calificación ambiental, se procede a la fase de construcción, finalizándose con una etapa de recepción de las obras desarrolladas.
En cada una de estas fases se requiere la obtención de diversos permisos, siendo lo más relevantes los denominado “críticos”. Estos corresponden a un núcleo que se caracteriza -a propósito de una serie de razones jurídicas, técnicas y financieras- por determinar cuándo se puede avanzar de una etapa a la siguiente. Surge así la llamada “ruta crítica” de un proyecto, la cual es el parámetro para determinar -a través de la suma de sus etapas secuenciales- cuánto demora en desarrollarse en la realidad una inversión en Chile.
A propósito de lo antes señalado es evidente la importancia de contar con una mirada general del proceso, pues ella constituye el mecanismo idóneo para cuantificar el verdadero impacto y el costo de oportunidad de cualquier modificación legal o iniciativa de gestión en la materia.
Cuando se genera una acción para intervenir un permiso, sea a través de una ley general, como la LMAS; por la vía de modificaciones legales específicas, como las relativas al Consejo de Monumentos Nacionales o a la tramitación de concesiones marítimas, o incluso mediante medidas administrativas particulares, sus efectos no se limitan a ese eslabón del proceso, sino que se propaga a través de toda una cadena, afectando la secuencia y duración de las actividades posteriores en la ruta crítica.
Solo al modelar el proceso completo (de inicio a fin, a través de todos los permisos) se puede determinar si el cambio genera una ganancia neta real en el tiempo total del proyecto, si solo traslada el cuello de botella a otra fase, o incluso si la combinación de varios cambios aparentemente positivos termina generando efectos adversos debido a interacciones imprevistas entre ellos.
Esta perspectiva integral es fundamental para que los tomadores de decisiones evalúen la efectividad real de las políticas públicas y prioricen las medidas que ofrecen la mayor eficiencia sin poner en riesgo la efectivad de la regulación vigente.
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— Ex-Ante (@exantecl) November 14, 2025
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