Buscando afinar las últimas medidas y ampliar el apoyo político, el gobierno de Kast aplazó para la próxima semana el ingreso al Congreso del proyecto de Reconstrucción Nacional, su apuesta más ambiciosa —y riesgosa—. Con más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes, el proyecto contiene iniciativas que apuntan a sacarnos de un estancamiento económico crónico. Pero su naturaleza de ley miscelánea advierte una compleja discusión en el Congreso. Por esto, conviene precisar (y consensuar) ex–ante los objetivos que deberían guiar la discusión. Me atrevo a proponer tres:
Aumentar la capacidad de crecimiento de largo plazo del país debe ser el objetivo último con el que se mida la efectividad de este proyecto. No basta con aprobar medidas reactivadoras de corto plazo, sino buscar aquellas que aumenten nuestro crecimiento potencial, que alcanza un magro 1,9% (IPOM, marzo 2026).
En ese marco, las medidas tributarias como la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% (promedio OCDE) y un esquema de invariabilidad tributaria —para nacionales y extranjeros—, ayudarían a devolver la competitividad a nuestro sistema tributario.
Junto con esto, es urgente darle más estabilidad, agilidad y certezas a la ejecución de proyectos de inversión. Para esto, tal como hemos propuesto desde Horizontal, es fundamental modernizar el sistema de tramitación ambiental, fortaleciendo el carácter técnico del SEA y disminuyendo la discrecionalidad de los servicios evaluadores.
La reintegración del sistema tributario también va en la dirección correcta, y no solo por razones de equidad horizontal, sino porque el actual sistema semi-integrado, que opera solo para empresas con ventas anuales por sobre 75.000 UF, es un enorme impuesto implícito a las pymes que quieren crecer.
Si el crecimiento económico no se traduce en mejores oportunidades y bienestar para las familias, no sirve de nada. Y el principal mecanismo para lograr esto es el empleo. El gobierno ha anunciado un crédito tributario dirigido a empresas que contraten trabajadores de bajos ingresos, lo que apunta en la dirección correcta. Sin embargo, este instrumento tiene dos problemas: agrega una exención tributaria más, que complejiza el sistema tributario en lugar de la necesidad de simplificarlos. Además dada la experiencia del Subsidio al Empleo Joven y el Bono Trabajo a la Mujer, su alcance puede ser acotado.
La evidencia sugiere que un impuesto negativo al ingreso —subsidio directo a trabajadores formales de menores ingresos, masivo, automático y focalizado en el tramo exento— puede tener impactos más significativos en la creación de empleo, reducción de la desigualdad y disminución de la pobreza; junto con ordenar nuestra fragmentada política social (Horizontal, 2024). En la discusión legislativa, valdría la pena evaluar este camino.
Si bien una rebaja del impuesto corporativo tiene un impacto positivo en el crecimiento, la mayor recaudación generada por este último no es suficiente para compensar la caída inicial en ingresos fiscales (Comisión Marfan, 2023). Por lo tanto, dado el frágil estado de nuestras finanzas públicas, para que la rebaja propuesta por el gobierno sea creíble, debe ser fiscalmente compensada.
El ministro Quiroz ha puesto, correctamente, el énfasis en perseguir el “despilfarro”, desterrar los malos “hábitos” e imprimir una nueva “ética” al manejo de la hacienda pública. Sin embargo, estos principios —bien aplicados a recortes presupuestarios, cobros del CAE o a ventas de inmuebles innecesarios— no serán suficientes para financiar el costo fiscal de esta agenda.
Para que el financiamiento de esta agenda tributaria valla más allá de promesas de recortes de gasto futuros, el Gobierno debería evaluar otras fuentes de ingreso como, por ejemplo, eliminar exenciones injustificadas como la renta presunta o el subsidio implícito al diésel.
Para que este proyecto avance con éxito en el Congreso, será clave buscar consensos amplios, una y otra vez, sobre sus objetivos. Aquí la responsabilidad no solo recae en el gobierno, sino en el rol que jugará la oposición. Lamentablemente, parte de esta ya da señales preocupantes al amenazar con llevar al Tribunal Constitucional un proyecto que ni siquiera conoce en detalle o recurrir al desgastado libreto de que cualquier rebaja tributaria es regresiva y solo sirve a los intereses empresariales.
La ley miscelánea es una apuesta arriesgada pero necesaria. Arriesgada, porque el gobierno está poniendo gran parte de su capital político en un proyecto que, por su naturaleza miscelánea, es carne de cañón para los grupos más obstruccionistas del Congreso. Necesaria, porque el diagnóstico es claro: sin más crecimiento, será imposible generar más empleos, sanear las finanzas públicas y mejorar el bienestar de todos los chilenos.
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Permisología: Qué hay tras advertencia de la CPC sobre las “Guías” y “Criterios” del SEA para las inversiones. https://t.co/FjB6k48ZfE
— Ex-Ante (@exantecl) April 7, 2026
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