Presidente de universidades del G9 y fin del CAE: “El proyecto de ley generará pérdida de autonomía y calidad en las universidades”

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente de las universidades del G9, Nelson Vásquez, expresa su preocupación por la falta de claridad sobre la fijación de los aranceles que conlleva el nuevo financiamiento universitario. Cree que los centros de estudio podrían perder autonomía, que a la larga afectará la calidad y sustentabilidad a largo plazo.

Qué observar. El rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vásquez, actualmente es el presidente de las universidades del G9 que integra la casa de estudio que lidera, además de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

–Rector Vásquez, ¿cómo evalúa el proyecto que termina con el CAE?

-En primer lugar, responderé en función del discurso del Presidente Boric y las minutas que han llegado desde el Ministerio de Educación, porque aún no hemos analizado el proyecto de Ley y nuestro pronunciamiento como G9 será una vez que hayamos estudiado en profundidad la iniciativa.

No obstante, de las conversaciones que hemos tenido nos parece, en principio, positivo que el Gobierno aborde el tema del CAE e hiciera una separación entre los deudores del CAE y el modelo hacia futuro.

Lo que sí nos preocupa es que en los discursos del Presidente de la República hay varias materias ausentes y que generan incertidumbre.

-¿Cuáles son esas materias? 

-En su discurso, entregado en cadena nacional, el Presidente en ningún momento habla de las universidades, se refiere a las personas. Si esto fuera un mensaje solo para las personas, estaría bien, pero las universidades tendremos que vivir los efectos de estas decisiones. Otro tema totalmente ausente es el Fondo de Crédito Solidario, que es muy importante lograr despejarlo, porque tuvimos conversaciones con el subsecretario Víctor Orellana sobre esa materia, y hasta ahora no sabemos si en la ley viene el planteamiento del gobierno sobre el Fondo de Crédito Solidario.

-¿Es positivo que se haya encarado el tema del financiamiento a través del CAE?

–Es positivo que se haya abordado el tema del CAE, pero el mecanismo de solución es lo que está en duda. Hoy, por lo menos con la información que tenemos, afectaría la sustentabilidad de las universidades en el largo plazo, significará una pérdida de autonomía y un debilitamiento de los proyectos educativos de varias universidades.

-¿El G9 está preparando una postura frente a este proyecto?

–Así es. Apenas el proyecto de ley se haga público, lo estudiaremos a fondo y prepararemos un informe para los parlamentarios, destacando los aspectos positivos y aquellos que nos perjudican.

-¿Existe una preocupación por el sistema de regulación arancelaria, donde el Estado determinará los costos razonables para impartir carreras?

-Exactamente. En los ejercicios que hemos hecho las universidades del G9 se muestra que habría un gran detrimento. Hay que calcular muy bien si los precios de los aranceles que el Estado pagará cubren efectivamente los costos de los programas. La experiencia de la gratuidad está en proceso, hemos avanzado un tramo muy pequeño, falta un número muy grande de carreras que tienen que someterse a fijación de precios. Lo poco que se ha hecho en gratuidad ha habido detrimento en varias carreras. Esto de trasladar la misma estrategia de gratuidad al nuevo sistema de financiamiento FES nos aumenta las inseguridades que ya teníamos en la fijación de precios por gratuidad.

-El gobierno señala que hay un proceso de adecuación de los aranceles a través de costos efectivos, lo que podría hacer que suban los aranceles.

-Eso mismo lo dijeron para la gratuidad y no se ha cumplido. Entonces, la pregunta es por qué vamos a creer en este nuevo sistema si en gratuidad hemos tenido complicaciones serias. Muchas universidades han planteado que la fijación de precios no ha cumplido con las expectativas que nos habían planteado inicialmente.

-¿Se supone que los aranceles de 2025 ya empezarían a aplicar estos reajustes?

-Desde la implementación ya hay carreras en las que la fijación de precios no ha cumplido con las expectativas. Extender el mismo mecanismo es muy riesgoso.

-¿Cuál es la segunda preocupación?

-Las universidades van a quedar completamente sometidas a la fijación de precios hecha por el Estado y las fuentes de ingreso de las universidades dependerán de las políticas públicas y de la capacidad que tenga el Estado en el futuro de entregar recursos y lo que veremos afectado será la calidad, la excelencia de nuestras universidades. En 10 o 15 años veremos el efecto en el sistema educacional superior chileno, que hoy es líder en América Latina. Lo que ha faltado es una mirada de largo plazo que aborde el efecto e impacto negativo de la fijación de precios.

-¿Ven que se les está quitando autonomía de las universidades en el desarrollo de sus planes institucionales?

-Por supuesto que hay una pérdida de autonomía. Los proyectos de desarrollo estratégico de las universidades dependen, entre otras cosas, de la disponibilidad de recursos económicos. Si los recursos vienen mayormente del Estado, tendremos serias dificultades para orientar un desarrollo más innovador.

Nuestras universidades tienen un fuerte componente de investigación e innovación. Cómo cubriremos estos programas nos genera una fuerte incertidumbre. Por lo tanto vemos que perderemos calidad y excelencia en el contexto de las universidades latinoamericanas. Pregúntese por qué las universidades chilenas están en buenos lugares en los rankings internacionales. Entre otras razones, es por la excelencia en investigación y desarrollo.

-El gobierno ha planteado que no es resorte del pre-grado financiar la investigación de las universidades. ¿No se debería buscar más financiamiento en las empresas o en fondos del Ministerio de Ciencias?

-El Ministerio de Ciencia no tiene los recursos suficientes, y en Chile no existe una tradición, como ocurre en otros países sobre todo en el mundo desarrollado, de que empresas tengan la disposición de financiar investigación aplicada. Por lo que el desarrollo del país depende esencialmente de las universidades de excelencia y de la capacidad que tenemos para generar nuestra propia investigación aplicada.

-¿Qué opina sobre la demanda de transparencia que plantea el proyecto?

-Todas las universidades del G9 ya tenemos portales de transparencia. Este tema no es algo ajeno. Tenemos portales de transparencia y una gestión transparente, en la que realizamos auditorías semestrales y anuales sobre cómo gastamos nuestros recursos, no solo el dinero que nos da el Estado, sino todos los recursos. También cumplimos con todas las fiscalizaciones de la Superintendencia y la Subsecretaría de Educación Superior.

Y al mismo tiempo, cada proyecto específico que tiene fuentes de financiamiento son evaluados por la autoridad competente del Ministerio de Educación. Todos los fondos, en base a proyectos, están supervisados a través de la Contraloría General de la República. Entonces, respondemos completamente y con transparencia a los requerimientos de las personas.

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