A más de un año de la entrada en vigencia de la nueva ley de delitos económicos para las personas naturales y pocos meses después de la entrada en vigor para las personas jurídicas (septiembre 2024) veo con preocupación cómo la excesiva duración de los procesos penales complejos se ha transformado en uno de los elementos críticos del actual sistema procesal penal.
Un ejemplo de esto es el denominado caso SQM. La investigación lleva 10 años. 1 año y medio duró solo la preparación del juicio oral, que se desarrolla ahora y que ya se extiende por dos años.
¿Qué causa esta delación, especialmente en ciertos juicios complejos?
No es problema sencillo, pero una explicación es la forma en que se está rindiendo la prueba en procesos penales de alta complejidad. La lectura completa de largos y copiosos documentos, el excesivo examen y contraexamen de testigos, el modo como se lleva a cabo la propia audiencia de juicio, los incidentes, recursos y suspensiones del procedimiento que se presentan, están ralentizando de forma desmedida los procesos penales.
Cabe considerar la inversión de tiempo de los profesionales de mundo público involucrados: Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Consejo de Defensa del Estado, quienes, dadas las características presenciales de la actividad en el juicio oral, deben participar con completa dedicación en él.
Pero no solo se trata de recursos públicos desperdiciados. La extensa duración de los juicios penales impacta en la persecución penal, frustra las expectativas de los operadores del sistema y deteriora la confianza depositada en él, pero también somete a los imputados a una carga inadmisible. El jurista Beccaria lo resumía así: “el proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible”, porque (…), “ahorra al reo los útiles y feroces tormentos de la incertidumbre, que crecen con el vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad”.
La nueva ley de delitos económicos ha impuesto una carga a las empresas que deseen eximirse de responsabilidad penal y evitar multas enormes: desarrollar programas de compliance efectivamente implementados y adecuados, que incluye evaluaciones periódicas efectuadas por terceros que sean independientes y que posibiliten la mejora continua. Sin embargo esta carga a las organizaciones no tiene su correlato en mayores recursos para las policías, el ente persecutor, ni para querellantes que representen al Estado. Por ello parece especialmente inentendible la disminución al presupuesto destinado al Ministerio Público y al Poder Judicial que acaba de ser anunciada por el gobierno, cuando es ahora precisamente cuando debemos contar con procesos penales que se resuelvan con prontitud. Y es incomprensible porque con ello se debilita no solo la ejecución, sino el correcto desempeño de una función pública elemental: impartir justicia.
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— Ex-Ante (@exantecl) January 14, 2025
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