Qué se sabe de Crispi. Este lunes por la mañana los imputados y querellantes del caso ProCultura comenzaron a recibir copia de la carpeta de investigación, lo que despejó el camino para que, por una parte, se conozcan los alcances de una indagación que golpea al oficialismo y, por otra, el fiscal Patricio Cooper formalice cargos en contra de los imputados.
Telón de fondo. Hasta ahora se conocía que en enero se abrió una investigación penal tras la escucha de una conversación entre Crispi y su madre, Claudia Serrano, en que aseguraba que hubo tráfico de influencias de Isabel Allende.
Qué se sabe de Alberto Larraín. Este lunes, además, uno de los imputados que da por hecho que será formalizado por fraude al fisco es el psiquiatra Alberto Larraín —cercano al FA—, quien en 2009 cocreó la fundación que experimentó un salto de 10 veces en sus ingresos de reparticiones públicas entre 2021 y 2022 (pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556), cuando asumió el actual gobierno. Lo anterior, sin contar los ingresos por ley de donaciones.
Por qué preocupa al oficialismo. En el caso figuran como sujetos de interés —paso previo a la calificación de imputados— cinco gobernadores en ejercicio. Se trata de Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (ind-FA), de Valparaíso; Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble; Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes; y el exgobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), quien no compitió en los comicios de octubre pasado.
El caso clave. El convenio investigado en la RM lo firmó Orrego como gobernador de la Región Metropolitana con ProCultura para el proyecto “Quédate”, destinado a la “prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”. El contrato, por un monto de $1.683.788.000, fue visado por la Resolución Nº 52 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional —a cargo de Crispi— con fecha 11 de julio de 2022.
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