El Banco Central de Chile informó la semana pasada que el crecimiento del PIB en 2024 fue de 2,6%, con el sector minero aportando un 0,5% de ese total tras crecer un 5,2%. Si bien la minería y el comercio fueron los sectores que más contribuyeron, el primero enfrenta un desafío significativo: su productividad ha mostrado una tendencia negativa desde inicios de los años 2000. Solo el año 2023 cayó un 5%, de acuerdo a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).
Si bien pueden existir problemas de medición en la contribución del sector minero a la productividad total del país, lo cierto es que su declive responde a múltiples factores. Entre los principales están los estructurales, como la disminución en las leyes del mineral, el envejecimiento de las minas y dificultades operacionales. No obstante, un factor muy importante es la falta de certeza jurídica en general, la creciente burocracia y demoras en la obtención de permisos, judicializaciones, entre otros.
Esto significa que los recursos no se están destinando hacia sus usos más productivos, ya que importantes grupos de trabajadores deben enfocarse en cumplir con regulaciones en lugar de aportar directamente al crecimiento y productividad. La CNEP ha destacado que los extensos plazos de tramitación de permisos y la incertidumbre regulatoria no solo afectan la acumulación de capital, sino que también generan barreras a la entrada, reduciendo la competencia en los mercados.
Sin embargo, hay razones para no perder el optimismo. Un avance clave ha sido la creciente valoración del crecimiento económico como fuente de empleos de calidad y mejores salarios por parte de todos los sectores chilenos relevantes. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para garantizar que los recursos se orienten hacia sus usos más productivos, especialmente a empresas más productivas y/o aquellas que impulsan la innovación tecnológica.
En este contexto, los proveedores de la minería pueden desempeñar un importante papel en la recuperación de la productividad. Estas empresas, que desarrollan tecnologías, insumos y servicios para el sector, tienen el potencial de generar mejoras tanto en el corto como en el largo plazo.
Cabe destacar, en este sentido, el desarrollo del primer bus a hidrógeno verde hecho en Chile, gracias a una alianza público – privada liderada por Anglo American, Colbún y Reborn Electric Motors, apoyados por una línea de financiamiento de Corfo, por la Fundación Chile y el Centro Nacional de Pilotaje (CNP).
Para maximizar este impacto, es fundamental abordar dos aspectos clave. Primero, Chile debe continuar fomentando un ecosistema que fortalezca a los proveedores mineros, en particular a través de una mayor colaboración entre la industria, el Estado y la academia.
Además, continuar fomentando las iniciativas que apoyen la I+D+i. En segundo lugar, las propias empresas deben seguir mejorando su productividad de manera continua, pues sin productividad no hay crecimiento sostenible.
No obstante, persisten importantes desafíos estructurales del país como un todo. La formación de competencias para el trabajo es insuficiente. Según la OCDE, un 44% de la población chilena adulta obtiene puntuaciones en los niveles más bajos de competencias, esto es, comprensión de lectura, razonamiento matemático y resolución adaptativa de problemas. Ello se compara con el promedio OECD que es 18%. Esto es, la calidad de la educación en Chile es baja en relación a este grupo de países, a pesar de las altas tasas de ingreso a educación terciaria.
Además, el gasto en Investigación y Desarrollo es 0,3% del PIB, pero la mayoría de los recursos provienen del sector público. Esto se compara con un gasto de 2,9% del PIB como promedio para los países OECD. Por otra parte, el porcentaje de compañías que introducen innovación tecnológica fue de 16,7% en los años 2019-2020, lo que se compara con un 35% en el resto de la OECD.
Estas carencias en capital humano e innovación limitan severamente la capacidad del país para transitar hacia una economía basada en actividades de alto valor y para generar empresas de clase mundial. Se requiere un entorno de innovación más dinámico, en particular, para aprovechar las oportunidades creadas por la transición energética y la economía verde. Este desafío se vuelve aún más apremiante considerando el impacto que tendrá la inteligencia artificial en los procesos productivos.
Aprovechar plenamente los beneficios de los avances tecnológicos, en particular, de la inteligencia artificial, requerirá una base educativa sólida y una estrategia nacional que fomente la innovación y la adopción tecnológica. Chile tiene el potencial y los recursos para avanzar en esta dirección, pero es esencial una acción coordinada entre el sector público y privado. El camino es claro: con productividad, innovación y capital humano calificado, el crecimiento sostenible es posible.
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