Martillos y cadenas: Querella revela método de intimidación de encapuchados a autoridades de liceos emblemáticos
Ex-Ante
Encapuchados afuera del liceo Manuel Barros Borgoño el 27 de octubre de 2022. (Agencia Uno)
En el segundo recreo del 26 de abril, 18 encapuchados entraron a la oficina de la UTP del Liceo Manuel Barros Borgoño de Santiago. Vestían overoles blancos que cubrían incluso sus zapatos. Llevaban martillos y cadenas con que golpearon los muebles y murallas para presionarlas para que les dieran las llaves del portón. No las tenían, así que fueron a la inspectoría, donde los presentes notaron que también andaban con bombas molotov. Finalmente rompieron los candados para salir. Su método de intimidación, relatado en una querella del municipio, recordó el observado en el INBA.
Qué observar. El 15 de mayo de este año la abogada Julia Panez presentó a nombre de la Municipalidad de Santiago una querella contra quienes resultaran responsables del delito de amenazas a funcionarios y autoridades del liceo Manuel Barros Borgoño.
Se trataba de un tema sensible para la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC), dado los episodios de violencia en los liceos emblemáticos de Santiago Centro ocurridos los últimos años; el ascendiente de los encapuchados de “overoles blancos” en parte de los estudiantes y el amedrentamiento llevado a cabo en contra de autoridades, como la rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), María Alejandra Benavides.
El 2 de noviembre de 2022 un encapuchado la roció con bencina al interior del liceo y, según su relato, le gritó que la quemaría. Entonces intervinieron otros estudiantes, que se pelearon con los jóvenes que ocultaban sus rostros.
En mayo de 2023, el municipio se querelló por las amenazas en contra de funcionarios y autoridades de varios establecimientos tradicionales registradas en redes sociales.
“Sus cabezas las queremos en un palo en llamas”, decía una publicación en Instagram con contenido relacionado con el Liceo 1 Javiera Carrera en que aparecía el rostro de la directora tarjado con una equis.
Factor electoral. La violencia en los liceos volvió al debate público este mes, luego de que el 23 de octubre una protesta con encapuchados vestidos con overoles blancos terminara con una explosión en un baño del INBA y 35 estudiantes heridos; cinco, de extrema gravedad.
“Cuando los encapuchados trataron de quemar sus overoles, la situación se salió de control y algunos petardos explotaron”, dijo la querella. En el baño había también un número no especificado de bombas molotov.
Este último ataque ocurrió previo al fin de semana de elecciones locales, en que la alcaldesa Hassler fue derrotada por el candidato de Chile Vamos Mario Desbordes, por un amplio margen: 51,08% versus un 28,65% de la actual edil.
Tras el triunfo, Desbordes anunció que cuando asuma el 6 de diciembre removerá a la rectora y se querellará contra los estudiantes que participen de actos vandálicos, lo que fue criticado por el Colegio de Profesores. La rectora, que calificó lo ocurrido como un hecho aislado, fue electa vía Alta Dirección Pública, por lo que es incierto si se concretará su salida.
Marcos Barraza —jefe de gabinete la alcaldesa, miembro de la comisión política del PC y articulador de la izquierda en la Convención Constitucional, disuelta tras el plebiscito del 4/S— dijo que lo ocurrido en el liceo influyó en la derrota.
“El incendio y los estudiantes heridos en el Internado Barros Arana INBA fue un hecho muy grave que tuvo un impacto también electoral, haciendo que indecisos optaran por el candidato de la derecha”, dijo a Radio Nuevo Mundo.
El amedrentamiento en el Barros Borgoño. La querella por amenazas de la municipalidad relató lo ocurrido esa jornada y pidió que la fiscalía revisara el registro de asistencia del viernes 26 de abril y lo comparara con el de matrículas, restando a los suspendidos, de manera de obtener los nombres de los eventuales autores.
“En la mañana del día viernes 26 de abril de 2024, específicamente en el segundo recreo de las 9:30 horas, un grupo de 18 encapuchados ingresó a la oficina de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) del Liceo Manuel Barros Borgoño, ubicado en calle San Diego N°1547, exigiendo a las funcionarias presentes que les entregaran las llaves del portón entre el patio y la calle San Diego”, escribieron.
“Según la declaración de la directora, Sra. Alejandra González Soto, y de la Inspectora General Ruth Carrillo, los autores vestían overoles blancos cubriendo incluso sus zapatos y llevaban el rostro cubierto, de forma tal que no pudo verse ni siquiera sus ojos”.
“Además, portaban cadenas y martillos, con los que golpearon muebles y murallas para amedrentar a las funcionarias presentes y forzarlas a que les entregaran las llaves del portón”.
“Entre estos impactos, golpearon fuertemente el escritorio donde estaba sentada la secretaria de UTP para amedrentarla, exigiéndole las llaves”.
“Luego, los encapuchados salieron de oficina de UTP, donde se encontraron con la curriculista del liceo, a quien también amedrentaron fuertemente con las cadenas y martillos”.
“En ese momento se dirigieron a inspectoría, donde encontraron las llaves del portón en un escritorio y, nuevamente usaron los elementos contundentes para intimidar a las inspectoras generales para que los dejaran salir”.
“Además de las cadenas y martillos, los autores portaban bombas molotov y las golpeaban entre sí para amedrentar a las funcionarias”.
“Al llegar al portón no pudieron abrir todos los candados porque no encontraron las llaves correspondientes. Finalmente, rompieron los candados y lograron salir”.
“En palabras de la directora, la comunidad quedó muy mal porque fueron niveles de violencia que no se ven normalmente en el liceo. No tienen claridad de quiénes son”.
La preocupación por las represalias. En la querella por el caso del INBA la municipalidad solicitó tomar declaración como testigos a las autoridades del liceo, pero decretando la reserva de la investigación, para evitar represalias.
“Solicito a S.S. disponer la reserva de la presente causa, atendido el alto peligro concreto para la vida e integridad física y psíquica de las autoridades del Internado que significa su publicidad, pues los grupos que realizaron los actos violentos relatados en esta querella han realizado llamados anteriormente a tomar represalias contra los ‘sapos’ (…), y por la existencia de víctimas y posibles autores menores de edad”.
“Las manifestaciones violentas a que nos hemos referido en esta querella no son un simple juego; se enmarcan en un contexto de alta violencia organizada, posiblemente de manera externa, en contra de autoridades de establecimientos educacionales y de otras autoridades de contención del orden público y de las comunidades educativas en general”.
“Como S.S. puede apreciar en los hechos relatados en la querella, los autores forman parte de grupos conocidos por incendiar, usar bombas molotov y atacar con palos, fierros y cadenas a compañeros, profesoras y demás funcionarias y funcionarios del Instituto”.
La controversia por Aula Segura. La alcaldesa Hassler fue criticada durante su gestión por supuestamente prohibir a los rectores, incluido el del INBA, aplicar la Ley Aula Segura —considerada una vía rápida para sacar de las salas a los estudiantes envueltos en hechos de violencia— y preferir en cambio el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Rice.
En febrero de 2023, la Contraloría General de la República resolvió que no había evidencia de tal prohibición y que “no se advierte la irregularidad denunciada”.
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