-¿Qué te parece el dictamen 75 de la Superintendencia de Educación que obliga a renovar la matrícula de aquellos alumnos que no pagan?
-El dictamen me parece grave por diversas razones. Primero, por el impacto que va a tener en un conjunto importante de establecimientos particulares subvencionados que todavía, por ley, tienen derecho a cobrar a los apoderados. Segundo, porque implica una manera de modificar la ley a través de mecanismos no aptos para ello, mediante una facultad interpretativa de la superintendencia. Tercero, porque creo que es además un dictamen que infringe las normas constitucionales sobre la libertad de enseñanza.
-¿Esto atenta contra la existencia de los colegios subvencionados y sus proyectos educativos?
-Sí, porque va contra los derechos que tienen por ley un conjunto de establecimientos. Recordemos que en Chile el financiamiento compartido, esto es la posibilidad de un colegio subvencionado de cobrar un monto extra a la familia, está todavía resguardado por ley para un grupo de establecimientos.
-El copago se eliminó en las reformas de la presidenta Bachelet. ¿Este dictamen va más allá de esa ley?
-La misma ley del fin del copago estableció una gradualidad. Esa gradualidad permite que hoy día cerca de 700 colegios tengan derecho a cobrar. Y por lo tanto, cuenten con esos recursos para llevar adelante su proyecto educacional. Eso se discutió y así se resolvió en la tramitación legislativa. De tal forma que hoy día la ley es muy clara en permitir el financiamiento compartido en esos colegios.
-¿El dictamen permitiría que no haya costos si no se paga la colegiatura?
-Sí. Hay que aclarar este punto. En términos generales, la actual ley general de educación establece la imposibilidad de cancelar la matrícula de un alumno durante el año. Pero deja abierta la posibilidad de que si una familia no paga, se le pueda cancelar o negar la matrícula a ese estudiante para el año siguiente. Esto es eliminado por el dictamen.
-¿Esta decisión supera el ámbito de la Superintendencia?
-La Superintendencia tiene facultades para interpretar la normativa de educación. Pero no tiene facultades para modificar la normativa de educación. Y lo que hace este dictamen es modificar un derecho que tienen los establecimientos según la ley.
-¿Está en la práctica alterando la ley?
-Sí. Y eso es muy grave, porque significa extralimitarse por completo de las facultades que tiene la superintendencia. No solo se extralimita en sus atribuciones, sino que además lo hace vulnerando a mi juicio la constitución.
-¿Por qué?
-Porque la constitución es clara en resguardar la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Lo que ocurre con este dictamen es que, en la práctica, está señalando que el no pago no tiene ninguna consecuencia. Por lo tanto pone en serio riesgo la viabilidad financiera de esos colegios. Eso altera el derecho que tienen los sostenedores de mantener y organizar esos establecimientos. Por todo lo anterior, es un dictamen particularmente grave.
-¿En el fondo es como una gratuidad forzada?
-En la práctica le está diciendo a los apoderados que no paguen. El dictamen está forzando a esos colegios a tener que subsistir sin parte importante de su financiamiento. Y eso es una intervención directa en los proyectos. Altera la ley, altera la autonomía de los colegios y afecta a las familias.
No olvidemos que algunas familias van a seguir pagando. Pero esas familias pagan porque esperan recibir a cambio un servicio educacional determinado. Y si ese colegio, por el hecho de que algunas familias dejen de pagar, no puede mantener el mismo estándar, eso afecta no solo al colegio, sino que afecta también la calidad del mismo y afecta a las familias que están dispuestas a pagar.
-El Gobierno entra en su fase final. ¿Cuál crees que va a ser la huella de Boric en educación, que supuestamente era una de sus prioridades?
-A ver, yo soy muy crítico de lo que ha hecho este gobierno en educación, porque considero que ha habido muy pocos avances. El eje se ha puesto en aspectos que no son prioritarios. Sabemos hoy día que la preocupación central del Ministerio de Educación es tramitar el proyecto de financiamiento de la educación superior (FES). Un proyecto que es muy criticado y que también tiene consecuencias muy complejas.
Todo el esfuerzo político y de recursos se está poniendo donde no corresponde. Al mismo tiempo, dictámenes como el número 75 de la Superintendencia de Educación demuestran que no existe un ánimo de trabajar coordinadamente con todo el sistema. El mundo de los colegios particulares subvencionados es muy relevante en Chile, es muy relevante para las familias. Este dictamen entrega una señal negativa. Y le hace más difícil la subsistencia a este tipo de establecimientos.
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