En un anuncio crucial, el gobierno ha revelado su intención de enviar dos proyectos de ley en enero, marcando un hito en la búsqueda de simplificar y agilizar los procesos asociados a la tramitación de las inversiones en Chile. Estas iniciativas -una centrada en permisos ambientales y otra en autorizaciones sectoriales diversas-, buscan abordar las complejidades que han caracterizado históricamente estos trámites en nuestro país.
En una reciente reunión con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, representante clave en estas reformas, se destacó la urgencia de reducir los plazos de aprobación en un ambicioso 30%. Ambos proyectos -según explicó el secretario de Estado-, seguirán una misma orientación estratégica. Así, habrá una discriminación basada en el tamaño de los proyectos que será fundamental; se reconoce qué proyectos de mayor envergadura podrían tener un impacto significativo y, por ende, requerirían un análisis más detallado (mientras que los proyectos de menor alcance podrían beneficiarse al tener exigencias menos rigurosas).
Otra orientación relevante se refiere a la vinculación de la legislación con la funcionalidad de los proyectos. Si una determinada obra contribuye a objetivos cruciales, como la descarbonización y la reducción del impacto ambiental, la tramitación no debería convertirse en una barrera, sino más bien en un facilitador de tales iniciativas.
Además, se prestará atención a la secuencialidad de los procesos y a la no reversibilidad. Una vez que un proyecto haya superado la aprobación en aspectos críticos, no debería someterse a nuevos cuestionamientos por las mismas causales. Este enfoque busca dotar de certeza y estabilidad a los privados, incentivando así la materialización de inversiones en un entorno más predecible.
La importancia de preservar el rol de las instituciones también se destacó, con el objetivo de evitar superposiciones de controles para un mismo proyecto. Medidas concretas, anunciadas por el Ministro Grau en el seminario Infra Chile 2023, incluirán la implementación de una ventanilla única, declaraciones juradas para proyectos de menor tamaño y el silencio administrativo positivo.
Hay que entender que los permisos -aplicables tanto a obras privadas como estatales-, no son arbitrarios ni reflejan una falta de aprecio por la inversión productiva. Estos son el resultado de cómo las instituciones del Estado han respondido a demandas ciudadanas, a menudo derivadas de la falta de consideración de los agentes económicos hacia sus beneficiarios y el entorno circundante.
La creatividad de algunos ha contribuido a la creación de restricciones, bien intencionadas pero que terminan convirtiéndose en obstáculos para nuevas inversiones y, en ocasiones, incluso para abordar problemas generados por inversiones anteriores. El listado de permisos identificados por la Comisión Nacional de Evaluación y la Productividad refleja cómo esta maraña de demandas ha evolucionado en el tiempo.
La propuesta de ordenar estos permisos según criterios únicos y coherentes -como se refleja en el Pacto Fiscal-, se presenta como un requisito fundamental para el despliegue eficiente de la actividad económica.
Legislar en esta dirección envía una señal positiva, eliminando un factor de riesgo y facilitando inversiones que no solo estimularán el crecimiento económico, sino que ampliarán los límites de lo posible y restaurarán niveles de productividad necesarios para un desarrollo sostenible.
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