– ¿Cómo evalúas el proceso de implementación de la reforma previsional en Chile hasta el momento?
-Los procesos de reforma son complejos. El sistema previsional ha cambiado a lo largo del tiempo, desde transformaciones en el pilar contributivo obligatorio hasta la introducción de un pilar no contributivo. La nueva reforma privilegia la cobertura y la suficiencia por sobre la sostenibilidad, incrementando las contribuciones de los empleadores. Se avanza, pero este es un proceso en movimiento y, ciertamente, no será la última reforma.
-¿Cuáles son los mayores riesgos que enfrenta la reforma previsional, especialmente en términos de sostenibilidad fiscal y equidad en la distribución de los fondos de pensiones?
-En economía no hay almuerzos gratis. Hay que observar qué efectos tendrá el aumento de las cotizaciones: si terminarán siendo asumidas por los trabajadores vía menores aumentos salariales, si las absorberán las empresas por su poder en ciertos mercados, o si afectarán el empleo y la informalidad. Sólo el 58% del tiempo las personas contribuyen al sistema de seguridad social, el resto están cesantes o en la informalidad. Esos factores no pueden ignorarse.
-¿Considera que la reforma chilena ha logrado integrar adecuadamente los elementos de capitalización individual y solidaridad, o hay áreas donde aún hay falta de balance?
-En principio, el sistema chileno combina una PGU con el ahorro individual. Una forma útil de analizarlo es desde una perspectiva de justicia inspirada en Rawls: en una sociedad justa, el diseño previsional debe pensarse como si no supiéramos qué lugar ocuparemos en ella -si seremos ricos o pobres, sanos o enfermos, empleados formales o informales-. Bajo ese criterio, el sistema no contributivo debería garantizar un ingreso suficiente y digno para todos, y el ahorro individual permitir mejorar ese nivel según el esfuerzo de cada persona.
La situación en Chile, como en muchos países en desarrollo, es que el sistema no contributivo es relativamente bajo, por lo que el sistema de capitalización no solo tiene que reflejar diferencias individuales, sino también asegurar niveles de suficiencia. Aquí el desafío es cómo lograr que el sistema no contributivo (en base a impuestos generales) o las contribuciones, basadas en el trabajo y el desempeño del mercado laboral, sean suficientes para garantizar pensiones adecuadas. Esto tiene relación directa con la productividad de la economía.
– ¿La productividad es entonces el eje central para mejorar el sistema previsional?
-Sí. Para mejorar realmente la suficiencia, necesitamos aumentos sostenidos de productividad que eleven los salarios -base de las contribuciones- y reduzcan la informalidad que genera lagunas en los aportes. Chile, como otros países de América Latina, muestra bajos niveles de productividad y escasos avances en esa materia. Sin mejoras ahí, cualquier reforma tendrá un impacto limitado en el largo plazo.
–La presidenta de la Asociación de AFP ha criticado el diseño del FAPP. ¿Cómo evalúa este modelo sin comisión explícita pero con costos operativos financiados por los afiliados?
-El FAPP (Fondo Integrado Público y Autónomo de Pensiones) debe garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Que sus costos se financien con parte de las cotizaciones exige mecanismos de control ciudadano y democrático que aseguren que esos recursos se utilicen eficientemente. El problema del agente-principal no desaparece por ser una entidad pública. Un FAPP sin comisión necesita una buena gobernanza y vigilancia activa del Estado y la ciudadanía. Si eso se garantiza, el modelo puede ser deseable.
-¿Cómo visualiza el sistema previsional chileno en los próximos 10 años?
-Es un sistema que ha avanzado mucho, como decíamos al principio. Está en un proceso de perfeccionamiento. Por ejemplo, las reformas buscan mejorar la eficiencia y la competencia en el sector de las AFP. Sin embargo, quedan preguntas pendientes sobre cómo regular este sector. En el mundo hay distintos enfoques regulatorios: algunos países han optado por controlar precios, otros por separar la actividad comercial (afiliación, atención a usuarios) de la inversión financiera.
En Chile, se están explorando reformas de mercado, como la licitación del stock de afiliados. Muchas veces estas decisiones se basan en supuestos implícitos, como la percepción sobre el valor que aportan las AFP en su rol de intermediación. Creo que en el futuro las reformas deberán seguir evolucionando, basadas en una discusión más explícita de esos supuestos y en evidencia empírica rigurosa. No solo en percepciones.
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