Shock desregulatorio: CPC propone a Quiroz eliminar o cambiar 186 permisos para destrabar la inversión (Vea la propuesta)

La CPC entregó al equipo económico de Jorge Quiroz una propuesta para reformar los permisos sectoriales, enfocada en eliminar trámites sin valor regulatorio, reducir discrecionalidad y destrabar la inversión sin rebajar estándares. A continuación las características de su propuesta y el documento completo.

Lo nuevo. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezada por su presidenta Susana Jiménez, entregó al equipo económico del Presidente electo, que lidera el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una propuesta detallada para reformar en profundidad el sistema de permisos sectoriales.

Telón de fondo. El documento busca aprovechar el marco de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), ya aprobada, pero empujar una implementación más ambiciosa, con foco en reducir plazos, discrecionalidad e incertidumbre regulatoria, sin rebajar estándares ambientales, sanitarios ni de seguridad.

• Se trata de torcer la complejidad y fragmentación de permisos, identificando los permisos específicos que hoy ralentizan proyectos productivos, revisando uno a uno los 382 permisos vigentes en el país.
• La propuesta distingue entre trámites que deben mantenerse, aquellos que pueden transformarse y un grupo acotado que debería eliminarse.

Qué permisos se eliminan y cuántos cambian. Del total de 382 permisos analizados, la CPC propone eliminar 16, equivalentes a cerca del 4%. Estos permisos, de acuerdo al diagnóstico de la CPC, buscaban controles ya está cubierto por otros instrumentos regulatorios.

Las razones para su eliminación se agrupan en cinco categorías.

1) La duplicación de controles, cuando un servicio vuelve a evaluar aspectos técnicos que ya fueron aprobados por otra autoridad.

2) Permisos que no se ajustan al riesgo real de la actividad regulada, aplicados por inercia normativa.

3) Trámites asociados a normas o tecnologías obsoletas.

4) Casos donde la fiscalización posterior resulta más eficaz que una autorización previa meramente documental.

5) Duplicaciones entre niveles del Estado, como exigencias municipales que replican permisos sectoriales centrales.

• De los 382 permisos revisados, 186 se proponen modificar. Corresponden a autorizaciones vinculadas a riesgos ambientales, sanitarios o de seguridad relevantes, que requieren evaluación previa y análisis caso a caso.
• Los permisos sectoriales que se quieren eliminar y cambiar suman 202, equivalentes a un 49% del universo actual.
• El proponer una amplia gama de cambios supone desactivar el argumento de que la agenda de permisos implica una rebaja de estándares. La distinción, en este caso, está entre una regulación efectiva y burocracia improductiva.
• En la lista de la CPC no se incluyen los permisos ambientales

Modelo de Técnicas Habilitantes Alternativas. Un eje del documento está en la propuesta de transformar una parte significativa de los permisos actuales en Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Se trata de facilitar la inversión a través de declaraciones juradas o de avisos por parte de los privados que reemplazan burocracia, lo que supone colocar el peso de la prueba en los empresarios.

• La CPC identifica 170 permisos —cerca del 45% del total revisado— que podrían operar bajo este modelo.
• Se trata, principalmente, de trámites con bajo o acotado riesgo regulatorio.
• Entre ellos hay permisos con evaluaciones repetitivas; otros sujetos a interpretaciones dispares según el funcionario de turno, y autorizaciones donde el cumplimiento real de la norma solo puede verificarse en operación, no en una revisión previa de papeles.
• En estos casos, la CPC plantea que el control efectivo debe trasladarse a la fiscalización en terreno y a sanciones ex post.

Casos emblemáticos. Uno de los casos sensibles que enfrentan las inversiones apuntan al desempeño del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). En la práctica, señalan, cualquier hallazgo real o potencial puede detener obras durante meses o años, aun cuando se trate de proyectos ya evaluados ambientalmente y sin afectación patrimonial relevante. El problema, según el diagnóstico empresarial, no es la protección del patrimonio, sino la ausencia de criterios objetivos, plazos ciertos y una diferenciación clara según nivel de riesgo.

• Bajo la lógica de la CPC, autorizaciones de este tipo debieran distinguir entre hallazgos de alto valor patrimonial, que requieren evaluación previa rigurosa, y situaciones de bajo riesgo o carácter meramente informativo, que podrían resolverse mediante Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), con protocolos claros y fiscalización posterior.
• Hoy, advierten, el sistema opera de manera binaria y altamente discrecional.
• Otro foco crítico para el empresariado, pero que no abordan estas propuestas, es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La CPC no cuestiona el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero sí la proliferación de permisos sectoriales posteriores que vuelven a revisar aspectos ya aprobados en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sin agregar control efectivo del riesgo por ello en abril de 2025 hicieron una consulta a Contraloría.

Rol de la CPC. Para la CPC, destrabar las inversiones ha sido una prioridad en los últimos años. La entrega de esta propuesta al equipo económico liderado por Jorge Quiroz busca transformarse en un insumo directo para la agenda de reactivación de la inversión, uno de los pilares del programa económico del Presidente electo.

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