Sonami por reforma al Consejo de Monumentos: “Este proyecto aumenta la incertidumbre”

Poderes sancionatorios “excesivos” sin control judicial, un Consejo de Patrimonio Cultural sin participación de representantes de la actividad económica y un listado de frases imprecisas o con “términos excéntricos” a nuestro ordenamiento jurídico, fueron parte de las críticas expuestas en esta sesión por el representante de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ante el proyecto de ley que busca modificar el actual Consejo de Monumentos Nacionales.

Qué observar. Este lunes expuso ante la Comisión de Cultural del Senado el representante de la Sonami, Marco Riveros, instancia en la que presentó observaciones al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural.

• En la sesión, el abogado expresó que el proyecto de ley “resuelve menos problemas que los que produciría”.
• La semana pasada algunas de las entidades que hicieron presentaciones fueron la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Consejo Minero.
• El proyecto de ley busca reformar al actual Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que se transforme en el Consejo de los Patrimonios Culturales. El CMN es apuntado como uno de los “cuello de botella” para los proyectos de inversión.
• La iniciativa fue presentada en junio de 2019 y en 2024 fue incluido en el “fast track económico” acordado entre el Gobierno y el Congreso.

Críticas al proyecto. Simplificar el sistema de autorizaciones y permisos -especialmente reducir los tiempos de tramitación- y entregar mayor certeza jurídica, son parte de los propósitos que se han agregado al proyecto durante su tramitación. Según, Riveros “con la actual propuesta normativa no se cumplen estos objetivos”.

• En el artículo sobre la participación de representantes del Patrimonio Cultural Inmaterial en procesos propios del Patrimonio Cultural Material, el representante de Sonami apuntó que “la confusión puede llevar a decisiones que no recojan el propósito de esta ley”.
• Riveros apuntó que el proyecto tiene definiciones poco claras o imprecisas, términos excéntricos a nuestro ordenamiento jurídico, enunciados vagos que no se precisan como lo requiere una norma legal.
• Por ejemplo, enumeró los términos “Patrimonio vivo”, “bien de especial relevancia” o “fecundación recíproca”.
• Ante esto, aseguró que “este proyecto aumenta las incertidumbres, contrario a lo que requiere la certeza jurídica”.
• Apuntó a que las Direcciones Regionales tendrán poderes sancionatorios “excesivos” sin control judicial; incertezas respecto al contenido de los protocolos de participación y un Consejo con alto número de integrantes, pero que no refleja una visión completa de los actores.
• Sobre el último punto, Riveros expresó que “no hay presencia de todos los actores o visiones que, a nuestro juicio, debieran incidir en esta materia”.

“Desconfianza” en la iniciativa. A juicio de la asociación gremial, apuntó que el proyecto de ley “no recoge” la colaboración público-privada en la protección y desarrollo del patrimonio cultural.

• Indicó que la “desconfianza” hacia esta relación se ve reflejada en la ausencia en el Consejo de Patrimonios Culturales de visiones que representen a las actividades económicas, productivas, sindicales y gremios empresariales.
• “El aumento de penas y multas, pone el acento en lo conflictivo y confrontacional, despreciando lo colaborativo”, agregó.
• Tras esto, reforzó el punto argumentando que en la sesión pasada los expositores mostraron imágenes de hallazgos arqueológicos como botas, herraduras u otros. Mientras que Riveros expuso fotos de museos, del Gigante de Tarapacá y la ciudad de Sewell.
• “A la industria minera no se le puede reprochar nada en materia de resguardo y fomento del patrimonio cultural”, expresó.
• Agregó que “todas estas fotos que han visto son financiadas e impulsadas por la industria y las empresas mineras”.

Fijar fecha especifica. Respecto al rango epocal, se alineó con los representantes del sector privado que expusieron el pasado lunes, quienes criticaron que aún no queda establecido el marco de los períodos que serán considerados como rango específico para la protección de patrimonio cultural.

• “La propuesta que se hizo la sesión pasada sobre fijar un año concreto y especifico es la mejor; que de certezas al respecto”, indicó Riveros.
• El proyecto establece que será considerado como patrimonio arqueológico por el solo ministerio de la ley, a los objetos o lugares que correspondan a la etapa prehispánica y hasta la colonia, es decir, no se establece un rango de tiempos definidos.

Reflexiones. En el tramo final de su intervención, el representante de Sonami expresó que “el proyecto en su actual redacción, es insatisfactorio”.

• Agregó que la iniciativa “requiere de una profunda discusión legislativa, en particular; y, efectivamente artículo por artículo”.
• Debido a que el proyecto original que se tramitó en la Cámara Baja cambió en su ingreso al Senado bajo el mecanismo de indicación sustitutiva, Riveros expresó que “este proyecto no está legislativamente en segundo tramite, reglamentariamente sí (…) En la Cámara esto no se discutió nunca”.
• Debido a que el primer trámite legislativo se zanjó en la parte final del anterior periodo parlamentario, aseguró que “nunca son buenas las leyes importantes en las postrimerías de una administración (…) nosotros en el sector minero aun estamos sufriendo leyes dictadas en los momentos finales de la administración anterior”.
• Agregó que “hoy muchos pequeños mineros están pagando 4 o 10 veces más de sus patentes por un procedimiento que hizo al final del periodo anterior. También, mediante indicaciones sustitutivas”.

Críticas a la subsecretaria. El abogado también criticó a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, por una aseveración que realizó durante la anterior sesión de la Comisión.

• “Ella (Pérez) sostuvo algo que no es exacto, sobre que el sistema que se establece para el patrimonio cultural inmaterial no incide en el régimen autorizatorio”, expresó Riveros.
• Agregó que “en el plan de salvaguardia el Estado realiza acciones que pueden implicar prohibiciones y restricciones de actividades. No es tan clara la división entre tratamiento del patrimonio cultural material y el inmaterial”.

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