Tras casi un año y medio de espera, el Servicio de Impuestos Interno (SII) finalmente publicó el esperado informe sobre las brechas tributarias en Chile. A fines de 2023, una primera estimación oficial encendió el debate al afirmar que las empresas evadían más de la mitad de sus impuestos: una cifra cinco veces mayor al promedio de los países desarrollados. El nuevo informe representa un avance al ofrecer mayor detalle, pero sigue dejando preguntas relevantes sin respuesta, especialmente por la persistente falta de transparencia.
Veamos qué dice el reporte. La tasa de evasión del impuesto corporativo se corrige a la baja: de un 51% estimado previamente a un 46% para el promedio del período 2018-2020. Por primera vez se publica además una serie larga. El recorrido parte en 2003 —año en que se alcanzó un peak de 60%— y se extiende hasta 2021, cuando se registra el valor más bajo, con un 29%. El promedio para las últimas dos décadas se ubica en un 48%.
Sin duda, el nuevo informe incorpora mejoras relevantes. Aborda de manera más sistemática el rol de la informalidad, permitiendo dimensionar cuánto de la evasión se explica por este fenómeno. También corrige el tratamiento de ciertos beneficios tributarios, como el leasing, que anteriormente no se contabilizaban en su totalidad. Además, desagrega las cifras, permitiendo identificar con mayor precisión los segmentos donde se concentra la evasión.
Sin embargo, persisten dudas importantes. Una de ellas es que la metodología empleada – que no es la utilizada por los países con mayor experiencia en esta materia– no adopta plenamente las recomendaciones internacionales para estimar la evasión. El FMI sugiere excluir a las corporaciones financieras de este tipo de ejercicios, debido a la complejidad de sus ingresos. En el reporte del SII, cerca de un tercio de la brecha tributaria estimada proviene precisamente de este sector, cuyo cálculo exige un enfoque metodológico apropiado.
A lo anterior se suma que la metodología utilizada aún no responde a todas las observaciones técnicas que se le habían formulado previamente (CEP 2024). El estudio del SII estima las utilidades evadidas a partir de datos macroeconómicos, pero una pregunta clave sigue sin abordarse adecuadamente: ¿qué tasa de impuesto corresponde aplicar a esas utilidades?
Mientras las grandes empresas enfrentan una tasa del 27%, muchas pymes pueden acogerse a regímenes preferenciales e incluso quedar exentas. La metodología actual aplica una tasa promedio basada en las empresas que efectivamente pagan impuestos, sin considerar –del todo– que la evasión tiende a ser mayor entre firmas más pequeñas. Tampoco contempla que un contribuyente evasor podría acogerse a beneficios o regímenes tributarios más favorable. Esto conduce a una sobreestimación de la recaudación potencial pérdida y, en consecuencia, de la magnitud real del incumplimiento tributario.
Contar con estimaciones precisas y consensuadas sobre la evasión tributaria no es solo un ejercicio técnico: es una condición esencial para sostener un debate fiscal serio y diseñar políticas efectivas. Esto cobra especial relevancia cuando el financiamiento de ambiciosas iniciativas sociales —como el reciente aumento de la PGU— se apoya en la promesa de reducir la evasión, en un contexto, además, de creciente estrechez fiscal. En estas circunstancias, la calidad y credibilidad de las estimaciones se vuelve aún más crítica.
Para ello, avanzar en transparencia ya no es una opción, sino una urgencia. El compromiso de abrir los datos y permitir el escrutinio técnico por parte de centros de estudio y universidades sigue pendiente. Cumplirlo no solo reforzaría la credibilidad de las estimaciones, sino también la confianza en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
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