Nunca habíamos caído tan bajo en términos de victimización como en el caso de la diputada Karol Cariola, imputada por tráfico de influencias en un caso vinculado con favores solicitados a la ex alcaldesa de Santiago Irací Hassler, ambas del PC. El presidente Boric, por su parte, se sumó a la martingala repitiendo falsedades y con eso debilitando el Estado de Derecho.
El mismo libreto de Jadue. En política, la victimización ha demostrado ser una herramienta poderosa, tanto para eludir responsabilidades como para desviar la atención de la opinión pública. En tiempos de crisis, los políticos acusados de corrupción, tráfico de influencias u otros delitos suelen adoptar una narrativa donde no son victimarios, sino víctimas de una supuesta persecución.
- Pero nunca habíamos caído tan bajo como en el caso de la diputada y presidenta de la Cámara Karol Cariola, imputada por tráfico de influencias, en un caso vinculado con favores solicitados a la ex alcaldesa de Santiago Irací Hassler, ambas militantes del Partido Comunista.
- Se la acusa de haber solicitado un tratamiento especial para favorecer a un empresario chino, amigo suyo que habría contribuido a financiar su campaña y que además le arrendaba el departamento donde vivía con un descuento del 25%.
- La parlamentaria y su sector político montaron en cólera, recurriendo a la estrategia de la victimización, denunciando una supuesta persecución política además de una presunta violación de sus derechos humanos y anunciando un recurso ante la Comisión Interamericana de DDHH.
- En esto el PC tiene vasta experiencia. Utilizó el mismo libreto en el caso del exalcalde Jadue actualmente con arresto domiciliario, que también fue presentado como un “mártir”, víctima de una oscura conspiración; y que hoy figura como una de sus cartas presidenciales.
- Todo ello porque, previa orden judicial, se allanó el domicilio particular y se retiró el teléfono celular de la diputada, mientras ella se encontraba internada en la maternidad. El oficialismo aprovecho la circunstancia fortuita de su embarazo para acusar al Fiscal de irrespetar los derechos de Cariola.
Presión al sistema judicial. Es cierto, que es una muy mala noticia (estresante sin duda) para cualquier mujer embarazada tomar conocimiento el día del parto de que está siendo investigada por corrupción.
- Pero no es un impedimento para ejecutar la orden de un juez y que el fiscal estimó urgente y necesaria para evitar una posible manipulación de las evidencias contenidas en los computadores y celular (“Oye, necesito pedirte un favor. Hay un empresario chino que me apoyó en mi campaña.)” La PDI nunca tuvo contacto con la diputada y el celular fue entregado por su madre.
- El oficialismo arremetió contra el Fiscal acusando al Ministerio Público de una maniobra destinada a debilitar al PC y a la izquierda en general. Buscando instalar en la opinión pública que los cuestionamientos judiciales no se basan en pruebas, sino en intereses políticos de la derecha y de sectores del poder económico.
- Con este discurso se busca también generar presión sobre el sistema judicial, donde algunos jueces pueden dudar en avanzar con rigor ante el temor de ser tildados de parciales.
Boric entra al ruedo. Este no es un fenómeno nuevo en Chile. Sin embargo, desde el retorno de la democracia, nunca se había involucrado directamente el poder ejecutivo con intervenciones del presidente de la República y del ministro de Justicia.
- ¿Como es posible que el gobierno haya estado disponible para cuestionar gratuitamente la integridad de ministerio público con el único fin de minimizar el costo político que la denuncia significa para el oficialismo?
- Gabriel Boric entró al ruedo manifestando públicamente su respaldo a Cariola denunciando el “vejamen” al que habría sido expuesta la diputada en medio del parto. Lo que es totalmente falso, toda vez que la policía nunca tuvo contacto con ella.
- Por su parte el ministro de Justicia y compañero de partido de la imputada solicitó “explicaciones” al Ministerio Público por la imputación de Cariola, una intromisión indebida, como se lo tuvo que recordar el fiscal nacional.
- A ello se sumó una “grotesca” puesta en escena cuidadosamente orquestada en el Congreso, cuando Cariola llegó a votar la censura en su contra presentada por diputados opositores, con su bebé recién nacida en sus brazos, mientras ella presidía la sesión.
- Imagen que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y presentada como un símbolo de resistencia frente a una supuesta arremetida injusta contra “una mujer en su momento de mayor vulnerabilidad”.
- Por suerte, los cuestionamientos a la “legitimidad y legalidad” de la actuación de la fiscalía, invocada por la defensa de la diputada como una cortina de humo, fueron desechados por el Séptimo Juzgado de Garantía.
- El uso de la victimización para blindarse ante la justicia genera efectos perjudiciales para la democracia porque profundiza la polarización y convierte investigaciones legítimas en batallas políticas, donde los ciudadanos terminan divididos entre quienes creen ciegamente en la inocencia del acusado y quienes exigen sanciones ejemplares.
- Erosiona la independencia del poder judicial, pues somete a jueces y fiscales a presiones indebidas y distorsiona la percepción pública sobre la corrupción, el tráfico de influencias y otros delitos, haciendo que la discusión gire en torno a si la persona es víctima o no, en lugar de abordar el fondo de los hechos y sus consecuencias.
- Refuerza la sensación de impunidad y desigualdad ante la ley. Gran parte de la ciudadanía ya percibe que los poderosos gozan de privilegios que los ciudadanos comunes no tienen.
Actitud inaceptable del gobierno. Cuando la justicia parece operar de manera distinta según el poder e influencia del acusado, se socava la credibilidad del sistema y se alimenta la percepción de que la corrupción es un problema estructural sin solución.
- ¿Qué pensará el ciudadano común y corriente cuando ve que la diputada Cariola que, como miles de chilenas, enfrenta un proceso judicial, recibe el apoyo del presidente, del ministro de justicia y de los parlamentarios de su sector?
- En sociedades donde la confianza en las instituciones ya está debilitada, la victimización política puede convertirse en un arma peligrosa que permite a ciertos líderes esquivar sus responsabilidades y mantenerse en el poder.
- Sin una ciudadanía informada y un sistema judicial capaz de resistir estas presiones, el riesgo es que la impunidad se normalice y la corrupción siga operando bajo la coartada de la persecución política.
- Es totalmente inaceptable que un gobierno democrático se sume a este tipo de estrategias. La autoridad debe velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y por la independencia del poder judicial, no por el blindaje político de sus aliados.
- Cuando un presidente y sus ministros intervienen para sembrar dudas sobre la justicia, lo que hacen es debilitar el Estado de derecho, abriendo la puerta a la impunidad.
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