En las últimas décadas, la regulación internacional ha introducido nuevos requerimientos a la industria financiera, llevando a la adopción y perfeccionamiento del marco de gestión de los modelos empleados por la entidad para medir sus riesgos (model risk management) e identificación y cuantificación, de lo que técnicamente se conoce como riesgo de modelo (o model risk en inglés).
El riesgo de modelo es aquel que emerge cuando un modelo matemático, estadístico, econométrico o computacional, genera resultados incorrectos o imprecisos que conduzcan a decisiones que generen pérdidas financieras, decisiones erradas o eventuales incumplimientos ante los reguladores.
Un ejemplo aplicado a un banco sería aquel en que un modelo empleado para identificar el riesgo de no pago de los clientes subestime el riesgo efectivo y por ende la entidad vea incrementados sus créditos incobrables y consecuentemente sufra pérdidas más allá de las que entiende como normales.
Tras la implementación de Basilea III en Chile, la banca local ha debido determinar si el riesgo de modelo es material para cada entidad y si es necesario reconocer un nivel de capital para cubrirlo, correspondiéndole a la CMF la revisión de estas metodologías y pronunciarse respecto a la gestión de los modelos utilizados por los regulados.
¿Qué elementos involucra un adecuado marco de gestión de riesgo de modelos? En general todo lo que está implícito en el ciclo de vida un modelo: calidad e integridad de la data, justificación teórica y relevancia empírica en el desarrollo, documentación, programación y automatización de la estimación, validación independiente, inventario y bitácora de modelos (memoria histórica), aprobación y uso, evaluación de desempeño y eventual retiro o reemplazo, además de las instancias de gobierno involucrada en todo el proceso. Esta práctica cada vez más extendida en la industria bancaria, también aplicaría a los modelos empleados para definir el curso tanto de la política monetaria como fiscal.
En el caso de los bancos centrales, el carácter autónomo y técnico de estas entidades, ha llevado que en la práctica sean instituciones con una fuerte cultura de modelos, donde los consejos o más altos ejecutivos son capaces incluso de cuestionar los resultados elaborados por los equipos técnicos y existen instancias de gobierno definidas para discutir y divulgar sus resultados. También han adoptado la buena práctica de publicar y transparentar los modelos utilizados, sus elasticidades y respuestas esperadas.
Por el contrario, en el caso de la política fiscal, los avances parecen menos evidentes, ya que entra en juego también, el ciclo político que muchas veces complota con la continuidad operacional y de memoria histórica tras los modelos empleados por los distintos equipos técnicos que van tomando la responsabilidad de su uso en el tiempo.
Justamente, este es el punto que levanta el FMI en la asistencia técnica sobre las proyecciones de ingresos tributarios recientemente divulgado. Como lo muestra la figura 1 se observa que los errores de proyección de ingresos en el caso de Chile, se han vuelto más evidentes desde 2018 a la fecha.
Entre las principales conclusiones de la misión del Fondo, se observan 7 recomendaciones orientadas a mejorar la institucionalidad, 3 a las metodologías de estimación y 3 al análisis y divulgación de las diferencias entre las proyecciones y los valores efectivos.
Resaltando algunas de ellas: se evidenciaron problemas de replicabilidad y trazabilidad de las proyecciones; se encontró que una fracción relevante de los errores se debe a los supuestos macros utilizados; se observa una necesidad de incorporar micro datos en las proyecciones de algunas partidas, institucionalizar más el proceso y apuntar a mayor transparencia de los modelos y sus resultados, además de mejorar la documentación interna y archivo de las bases de datos y modelos empleados, junto con formalizar la coordinación de los equipos que realizan las proyecciones de ingresos con aquellos que estiman los impactos de las reformas que se han venido planteando.
Esto es especialmente importante ya que sólo tras la pandemia se habrían introducido más de 50 cambios tributarios. En síntesis, estas observaciones refuerzan la idea que la política fiscal en nuestro país debe continuar avanzando en un marco de gestión más robusto y ad hoc a la volatilidad de la economía chilena, que apoye la sustentabilidad fiscal en el largo plazo.
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¿Compliance en serio? La responsabilidad penal de las empresas. Por Rodrigo Reyes. https://t.co/3EaCcYaklD
— Ex-Ante (@exantecl) May 19, 2025
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