El consejo general de la Sofofa, encabezado por Rosario Navarro, se reunió este miércoles con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en medio de la conmoción por el atentado en Victoria que costó la vida a un trabajador de CMPC. Aquí lo que se dijo en el encuentro.
Qué sucedió. Una reunión de más de una hora tuvo ayer el consejo general de la Sofofa, encabezados por su presidenta Rosario Navarro y los vicepresidentes Gonzalo Said y Heriberto Urzúa, con el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
- El encuentro, marcado inevitablemente por el reciente atentado en Victoria que costó la vida a un trabajador de CMPC, compañía socia del gremio industrial, fue antecedido por la condena que hizo el gremio a este ataque en La Araucanía. Navarro afirmó que “hechos como este son inaceptables y demandan una respuesta decidida del Estado”.
- El ministro Cordero escuchó los planteamientos de los empresarios y entregó los propios en momentos que la cartera que dirige ha reforzado la agenda de seguridad y en círculos judiciales monitorean de cerca si existen indicios de penetración del crimen organizado en la zona.
El plan de seguridad. La reunión partió con una intervención del ministro Cordero en donde expuso el plan de seguridad del Gobierno. “Hablamos en general de los temas de seguridad, de la agenda de seguridad, y lo que viene hacia adelante”, expresó al término de la reunión.
- Cordero habló de la situación en el país y del crimen organizado. Más adelante transitó por la preocupación del gobierno por el reciente ataque en Victoria ya que, aunque se sostuvo en índices a la baja de este tipo de atentados respecto de años anteriores, existen armas circulando aún en la zona de conflicto.
- Algunas voces como la de la Corma, que aglutina al gremio de los madereros, apuntaron al clima que atraviesan las empresas de transporte y el impacto por los robos de madera y de salmones en el sur del país. Un tema de la reunión fue desescalar o no el Estado de Excepción en la zona.
- Cordero también se refirió al temor, en línea con no descalificar la percepción de inseguridad, pese a que a juicio del gobierno ha ido a la baja. También se hizo cargo del robo de madera en la zona y su mensaje más bien apuntó a insistir en la gestión de la seguridad e involucrar al Ministerio Público, más allá de que a la administración Boric le queden 7 meses de gobierno y que exista un cambio de gobierno.
- Algunos ejecutivos comentaban ya terminado el encuentro la falta de recursos que se vislumbra en el combate al delito y a los temores de los militares a disparar ante las consecuencias que ello puede traer. El más enfático fue el ex ministro y hoy consejero Gerardo Varela.
- “Yo siempre estoy dispuesto a reunirme con el sector privado”, indicó Cordero tras ser abordado sobre los temas tratados en la reunión luego de su visita a la Araucanía y de haberse reunido con los ejecutivos de CMPC y las familias de las víctimas.
- Respecto a la tipificación por ley antiterrorista del reciente atentado existe reserva respecto de sus motivos, aunque el gobierno se querelló por asociación criminal y están a la espera de nuevos antecedentes.
Por qué importa. La cita refleja el clima de inquietud empresarial frente a la multiplicidad de efectos del reciente ataque en la macrozona Sur, donde se concentra parte relevante de la actividad forestal, energética y de infraestructura del país.
- La violencia en la zona no solo amenaza a trabajadores y comunidades, sino que eleva los costos de operación de las empresas y deteriora el clima de inversión en un sector clave para las exportaciones chilenas.
El trasfondo:
- Industria forestal. El trabajador asesinado se desempeñaba en una empresa ligada al grupo CMPC, una de las mayores compañías forestales de Chile. El sector ha sido históricamente blanco de ataques incendiarios y emboscadas, con pérdidas millonarias en maquinaria y faenas paralizadas.
- Preocupación gremial. Sofofa ha advertido que la violencia rural se ha convertido en un problema estructural, que afecta tanto a la seguridad de los trabajadores como a la continuidad de proyectos de inversión.
Anticipándose a esta crisis: Este episodio cobra mayor significado al ser precedido por las medidas que Sofofa entregó al Gobierno en julio de 2024, como parte de su “Agenda Pro Seguridad” .
Entre las propuestas estructuradas en cinco ejes:
- Coordinación público‑privada: creación de un sistema georreferenciado para identificar zonas de riesgo, un Banco Unificado de Datos para facilitar cruces penales, concesiones para agilizar labores de aduanas con inteligencia artificial y mejora de la fiscalización en puertos y autopistas.
- Iniciativas del sector privado: compartir información sobre mercados de bienes robados con la Fiscalía y crear redes empresariales territoriales para detectar patrones delictuales.
- Proyectos de ley e implementación normativa: impulsar iniciativas como la creación de un Ministerio de Seguridad y leyes sobre incendios forestales, además de revisar leyes vigentes como las de usurpaciones, robo de madera y seguridad privada.
- Acción internacional: fomentar diálogo y coordinación regional en el marco de la Alianza del Pacífico, la OEA y la CAF para fortalecer estrategias contra el crimen organizado
Lo que viene. El gremio industrial busca mayor coordinación para proteger a los trabajadores y reducir la exposición de las empresas a riesgos crecientes.
- En paralelo, se intensifica la presión para que el gobierno utilice todas las herramientas legales disponibles -incluido el reforzamiento del estado de excepción- en una región que ha sido escenario de los mayores actos de violencia rural de las últimas décadas.
- La mirada empresarial apunta a que el Ejecutivo utilice todas las herramientas legales disponibles, incluido un eventual reforzamiento del estado de excepción, en una región donde la violencia se ha vuelto recurrente.
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