En medio de las próximas elecciones presidenciales ha resurgido con fuerza el debate sobre el rumbo del gasto fiscal. El creciente déficit, el aumento sostenido de la deuda pública y la pesada carga financiera que se proyecta para los años venideros han encendido las alarmas. A esto se suma el uso intensivo del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el preocupante saldo en cero de la glosa republicana, que el actual gobierno podría legar a la próxima administración, dejando en evidencia la urgencia de revisar las prioridades fiscales del país.
Las propuestas más ambiciosas apuntan a US$6 mil millones en 18 meses, o alternativamente un ajuste de al menos US$8 mil millones en los próximos 4 años. Por otra parte, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó 34 recomendaciones al Ministerio de Hacienda y Dipres, del actual gobierno, que permitirían ahorrar hasta 0,6% del PIB anual a largo plazo (US$ 1.5 mil millones en los próximos 4 años). Ello considerando niveles de gasto fiscal en torno a los US$85 mil millones por año, representando esfuerzos entorno al 2,0%-4,7% de menor gasto.
Lamentablemente, el debate público ha estado casi exclusivamente centrado en la factibilidad técnica y política de materializar dichos recortes, que en términos relativos son ahorros más bien marginales, sin abordar la necesidad imperiosa de pensar en reformas estructurales que a esta altura son más que necesarias y que debieran definir la sostenibilidad de largo plazo de la política fiscal de nuestro país.
Revisemos algunas cifras preocupantes: De acuerdo a la OECD, la mejora en la distribución de ingresos en Chile pre y post transferencia e impuestos es casi nula, a diferencia del resto del bloque que mejora sustancialmente tras la injerencia del Estado. Esta cifra es un golpe directo al mentón de la eficiencia del gasto público, lo que se suma a las deficientes evaluaciones realizadas a una buena parte de los programas sociales.
Por otra parte, cifras de la Dipres, muestran que independiente del gobierno de turno, la ejecución presupuestaria se acelera en el último trimestre del año, donde los últimos años se ha concentrado entre el 25 y 30% de la ejecución total del gasto, bajo una cultura de lo que internacionalmente se conoce como el “use it or lose it” (o lo usas o lo pierdes).
Esto se debe a que en nuestro país, en la práctica, prevalece un enfoque de anualidad, donde el presupuesto rige solo para el año calendario y, en general, los fondos no gastados retornan al tesoro público, salvo excepciones. Algunos países avanzados como Reino Unido, Suecia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Holanda, han creado mecanismos para incentivar el ahorro y eficiencias, para combatir precisamente la aceleración de gasto a fin de año. Ello se logra mediante, lo que se conoce como carry-over (traslado) parcial, la definición de fondos plurianuales para proyectos de inversión, y la generación de bonos y premios económicos a los organismos que logren ahorros.
Por último, y tan importante como gastar menos y buscar mayores ahorros, está la revisión de las políticas de inversiones de los fondos públicos. En la actualidad los fondos se rigen por políticas conservadoras y con un alto grado de exposición a economías que están en la actualidad en posiciones fiscales, incluso más complejas que Chile (por ejemplo Estados Unidos, Japón y Europa).
A modo de ejemplo, el FEES ha exhibido un rendimiento promedio anual de 2% nominal que si bien garantiza que los fondos crecen en el tiempo, en general no alcanzan a cubrir la inflación, lo que erosiona su poder adquisitivo. Ello, ya que en particular el reglamento de dicho fondo establece que los instrumentos elegibles son bonos del tesoro norteamericano y bonos respaldados por hipotecas (MBS), de las agencias Freddie Mac y Fannie Mae, que entregan rendimientos seguros pero bajos.
Una discusión reciente que se está abriendo en algunas economías es intensificar las inversiones en oro e ir incorporando gradualmente las compras de Bitcoin, ya que ambas tendrían ventajas como reserva de valor en el tiempo, a lo que se sumaría diversificar el portafolio en economías que han seguido políticas fiscales más responsables (como Suiza, Noruega o Australia).
En algún momento, estas discusiones se deben realizar en Chile, ya que los desafíos que enfrenta la política fiscal no son exclusivos de nuestro país, sino que de la mayoría de las economías avanzadas y países en desarrollo, que tras la pandemia vieron crecer fuertemente sus déficits fiscales y niveles de deuda pública, representando esto un riesgo relevante para la estabilidad financiera y económica global.
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Presupuesto 2026: Más preguntas que certezas. Por Juan José Obach. https://t.co/9fHS24UMLL
— Ex-Ante (@exantecl) October 7, 2025
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