La indemnización por años de servicio ocupa un lugar central en el debate laboral chileno. Se la concibe como un derecho adquirido, asociado a la estabilidad y a la compensación frente al despido. Por eso, cualquier intento de reforma suele despertar resistencia política, bajo el temor de debilitar la protección de los trabajadores. Sin embargo, esta discusión suele omitir un dato clave: en la práctica, solo cerca de uno de cada cuatro contratos indefinidos que terminan en Chile genera efectivamente derecho a indemnización.
La razón es simple. La IAS está pensada para trayectorias largas y continuas, pero en un país con alta rotación e interrupciones frecuentes, el resultado es un sistema segmentado que protege a pocos y deja sin cobertura a muchos, especialmente a jóvenes y trabajadores de menores ingresos.
Pero el problema no es solo de cobertura. La IAS introduce distorsiones importantes. En Chile, un trabajador despedido con 10 años de antigüedad recibe una indemnización equivalente a 10 sueldos, muy por encima del promedio de la OCDE, que bordea los 3. Este alto costo concentra el ajuste en el momento del despido, encarece la contratación formal, incentiva el uso de contratos de corta duración y reduce la movilidad laboral voluntaria. Además, puede inducir decisiones de despido basadas en antigüedad más que en productividad.
No sorprende, entonces, que desde hace años distintos expertos propongan transitar hacia un sistema de indemnización a todo evento, basado en cuentas individuales financiadas con cotizaciones mensuales del empleador. A diferencia de la IAS, este esquema entrega protección efectiva al término del empleo, independientemente de la causal o el tiempo trabajado, y genera un ahorro portable, incluso en casos de movilidad voluntaria.
El principal obstáculo es político: el debate suele plantearse como una disyuntiva entre quitar o mantener derechos, sin considerar que una indemnización a todo evento ampliaría la protección precisamente hacia los trabajadores más vulnerables.
En este contexto, la propuesta ha vuelto al centro del debate, ya que el próximo presidente, José Antonio Kast, incluye en su programa la creación de un sistema de indemnización a todo evento, de adopción voluntaria, similar al que hoy rige para los trabajadores de casa particular. El desafío estará en calibrar una tasa que amplíe efectivamente la protección sin encarecer en exceso los costos laborales, en una economía con escasa generación de empleo.
De acuerdo con un estudio del CEP (2025), es posible ampliar sustantivamente la cobertura sin incrementar de manera relevante los costos agregados para las empresas. Hoy, los costos efectivos de la IAS equivalen en promedio a una cotización cercana al 1,8% del salario, lo que sugiere que una transición hacia cuentas individuales es financieramente plausible.
Revisar el sistema de indemnización no implica debilitar derechos, sino adaptarlos: proteger mejor a quienes hoy quedan fuera, reducir distorsiones y modernizar el mercado laboral en un momento en que Chile necesita más empleo formal.
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Instituciones, Crecimiento y Pensiones. Por Paulina Yazigi. https://t.co/cNalXE1LGc
— Ex-Ante (@exantecl) January 30, 2026
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