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Marzo 19, 2026

Ajuste fiscal con menos espacio por la guerra de Irán. Alejandro Fernández

Gerente de estudios de Gemines
El estrecho de Ormuz permanece cerrado por la guerra de Medio Oriente.

La situación fiscal es objetivamente mala, aunque no crítica. Sin embargo, la justificada intención del gobierno de eliminar el déficit en los cuatro años de su mandato se percibe como muy difícil de lograr, y lo será aún más una vez que tengamos claridad sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.


El atolondrado apoyo de Donald Trump a la guerra de Irán impulsada por Israel tendrá consecuencias económicas y políticas de largo impacto. La inesperada resistencia de los persas ha extendido el conflicto, en la práctica, a una dimensión global y puede sostenerse por largo tiempo, al menos mientras duren las existencias de drones y misiles y la capacidad de seguir produciéndolos.

Dependiendo de cuánto se extienda el conflicto y del daño que se cause a la capacidad productiva de gas y petróleo en Medio Oriente, el efecto sobre la economía mundial -en crecimiento e inflación- puede ser igual o superior al de la guerra de Ucrania. Sus efectos se sentirán este año y, seguramente, también el próximo.

Este inesperado escenario dificultará el cumplimiento de los objetivos económicos del nuevo gobierno. Será más complejo alcanzar las metas de crecimiento, al menos en 2026-27, y habrá un rebrote inflacionario que, en el mejor de los casos, será transitorio y no muy drástico. Además, se demandarán recursos fiscales -que no existen- para amortiguar las alzas en los precios de los combustibles.

La situación fiscal es objetivamente mala, aunque no crítica. Sin embargo, la justificada intención del gobierno de eliminar el déficit en los cuatro años de su mandato se percibe como muy difícil de lograr, y lo será aún más una vez que tengamos claridad sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente. El anuncio de un recorte de gastos por el equivalente a US$4.000 millones este año parece factible de realizar, pero también necesario.

Si tomamos como referencia las proyecciones hasta 2030 del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025 -el último elaborado por el gobierno saliente- se obtienen algunas conclusiones. Primero, las estimaciones de ingresos, al menos para el período 2026-28, son optimistas y difícilmente cumplibles, incluso si el crecimiento del PIB se acelera dentro de rangos razonables, algo que, debido a la guerra de Irán, parece poco probable. En segundo lugar, la proyección de gastos comprometidos parece bastante ajustada. La expansión promedio del gasto en el período 2026-30 es de 1,6%.

Una posibilidad es intentar ajustarse a lo que indican estas proyecciones. Sin embargo, la sobreestimación de los ingresos y la dificultad de contener el gasto se traducirán, con toda seguridad, en déficit más elevados y, tal vez, ni siquiera decrecientes -o no mucho-. El resultado será bajas adicionales en la clasificación de riesgo del país y un aumento en el costo de financiamiento, tanto para el sector público como para el privado.

La alternativa correcta es, entonces, ajustar lo más posible el gasto ahora y mantenerlo contenido hasta el fin del período presidencial. Claramente, sería deseable contar con mayores ingresos. pero, desde esta perspectiva, la rebaja en el impuesto de primera categoría y la reintegración del sistema tributario -y ojalá una drástica simplificación de este-, son cuestiones que deberían esperar, porque no podemos darnos el lujo de perder recaudación en estos momentos, algo que ciertamente ocurrirá con estas medidas.

Eliminar el cobro de contribuciones sería una barbaridad bajo cualquier circunstancia fiscal, por mucho que existan argumentos que pudieran justificarlo. La vejez del contribuyente no es uno de ellos (aunque es un tema que sí hay que arreglar). Por el contrario, sí parece necesario incorporar algún impuesto que sea neutro desde el punto de vista de los incentivos o corrija distorsiones existentes -por ejemplo, eliminar la renta presunta o revisar el impuesto específico al diésel-.

Pero volviendo a los números. Un recorte de US$4.000 millones en el gasto público probablemente permitiría reducir el déficit efectivo desde 1,8% del PIB, según el IFP, a algo así como 1,5% del PIB este año. Tomando este gasto ajustado como referente para los presupuestos de 2027-30 y suponiendo que el crecimiento de ingresos y gastos se ajusta a lo señalado en el IFP, el déficit efectivo se reduciría a 0,8% del PIB en 2030 en lugar del 1,1% estimado en ese informe.

Es decir, no se logra equilibrar el presupuesto y la reducción del déficit sería solo marginal respecto a las estimaciones del gobierno anterior. Todo esto, además, en un escenario favorable. No hay que olvidar las posibles consecuencias de la guerra del Medio Oriente, al menos en 2026-27.

Todo apunta, en consecuencia, a que los US$4.000 millones de recorte son solo el comienzo del proceso de normalización presupuestaria y que también hay que preocuparse de los ingresos, ojalá a través de un mayor crecimiento de la economía, pero también por más impuestos.

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