La reciente decisión de paralizar las obras de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ha encendido las alarmas no solo en el sector cultural, sino también en el económico. En un contexto donde el discurso oficial promueve con insistencia la reactivación económica y el incentivo a la inversión privada, la suspensión de un proyecto emblemático parece una contradicción.
Esta medida actúa como una señal de alerta: la crisis fiscal que aqueja al país podría estar comenzando a sacrificar la inversión pública necesaria para dinamizar la economía.
La prensa y diversos organismos técnicos han subrayado la incertidumbre que generan estas decisiones. No se trata solo de cemento y fierro; se trata de la confianza de los actores económicos. Para el presente año, la ejecución proyectada del GAM era de apenas $20 mil millones (unos 2.2 millones de dólares). En la escala de la caja fiscal chilena, esta cifra difícilmente “mueve la aguja” del déficit, pero su paralización sí tiene un impacto en la percepción de estabilidad y compromiso estatal.
Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y otros foros de debate, se ha planteado que la mejor señal de gobernanza es establecer una regla de inversión clara, permanente e inalterable. La propuesta consiste en mantener una inversión pública anual cercana al 2,1% del PIB (aproximadamente 7 mil millones de dólares). El argumento de fondo es que, si bien es sano buscar un gasto fiscal financiable, esto no debe confundirse con la reducción indiscriminada de la inversión, la cual debe limitarse únicamente por la capacidad de ejecución de las agencias y los recursos asignados por ley para este efecto.
Ante el argumento de la restricción presupuestaria, surge una alternativa que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha comenzado a explorar y que la prensa ha debatido ampliamente: la Ley de Concesiones. Si los recursos públicos directos son escasos, ¿por qué no trasladar proyectos como el GAM a este modelo?. Actualmente, el sistema de concesiones aporta cerca de US$ 700 millones anuales, una cifra muy por debajo de su potencial. Duplicar este aporte es perfectamente posible si el Gobierno cumple su promesa de agilizar permisos y acelerar decisiones que hoy mantienen trabada la ejecución.
Santiago requiere obras icónicas que consoliden su carácter de capital, siguiendo la senda de proyectos como el Centro Cultural La Moneda. Paralizar una obra ya adjudicada sin una justificación de fondo robusta no solo es una “mala señal” para el mercado, sino que contraviene la necesidad de demostrar capacidad de ejecución de los recursos ya asignados.
La reactivación no se logra solo con palabras; se logra con la coherencia de mantener los compromisos de inversión. El GAM no debe ser el símbolo de una crisis, sino la oportunidad para demostrar que el Estado puede innovar en sus modelos de gestión para no detener el progreso de la infraestructura nacional.
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