En la Reunión de Política Financiera (RPF) de mayo, el Banco Central decidió continuar con la convergencia del colchón o buffer contracíclico (RCC) a 1% de los activos ponderados por riesgo (unos US$3.000 millones a nivel de industria), en un horizonte de 24 meses. Este se suma a la constitución de 0,5% anunciada en mayo del 2023, cifra que se realizó en un horizonte de 12 meses.
En las reuniones intermedias, el Consejo decidió no innovar en la constitución del buffer, enfocando sus esfuerzos en la publicación de estudios y antecedentes orientados a explicar al mercado el racional tras este colchón, los fundamentos de su nivel neutral y qué condiciones deben darse para su activación/desactivación. Esto, acompañado de workshops y seminarios técnicos con la industria, dado que este instrumento macroprudencial es relativamente nuevo en el mundo y no existe mucha experiencia, ni literatura respecto a su uso óptimo, ni como se coordina con la política monetaria y fiscal.
En noviembre 2024 el Banco Central actualizó el marco operativo del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC), despejando gran parte de las dudas técnicas que tenía el mercado, señalizando además que precisamente en esta RPF se evaluaría el inicio de la convergencia hacia el nivel neutral de 1%. Con esto, evidentemente en la reunión de este lunes sólo había dos opciones de política financiera plausibles sobre la mesa: mantener o aumentar y continuar con la convergencia al 1%, que fue lo que finalmente ocurrió.
Una pregunta básica antes de continuar: ¿Por qué surge la necesidad de constituir este colchón? Porque en general, el ciclo del crédito es procíclico, es decir, el crédito suele expandirse más cuando la economía anda bien y suele contraerse más cuando la economía anda mal. Esto hace que la industria financiera amplifique el ciclo económico, generando mayores costos en actividad y empleo para la sociedad, que los que se generarían si existiese un componente contracíclico.
En la práctica, ambas decisiones de política financiera (la de mayo 2023 y la del 18 de mayo) han sido recibidas con sorpresa por buena parte del mercado, con matices importantes, pero con el común denominador de concebirse en momentos de debilidad en el crecimiento del crédito.
El propio Banco Central en su marco oficial de implementación reconoce que las decisiones de activación/desactivación consideran diferentes elementos de análisis: se estudia tanto el estado de la economía, las potenciales vulnerabilidades y los riesgos a los que se enfrenta el sistema financiero.
Por otro lado, se considera la dinámica del crédito, y la capacidad de la banca para acomodar cambios en el requerimiento de capital para lograr efectos acotados en el crédito.
En su evaluación, en la decisión del día de este lunes, es evidente que pesaron más los riesgos externos y el compromiso de convergencia, que la debilidad interna mostrada por la actividad crediticia, lo que abre el desafío para el instituto emisor hacia adelante, de dar más información objetiva y cuantitativa de los pesos o sensibilidades, que permitan anticipar de mejor manera las decisiones de política financiera.
Haciendo un símil, en las reglas de Taylor que guían las decisiones de política monetaria, es bien sabido que los desvíos de la inflación proyectada respecto a la meta, es un driver que termina dominando las decisiones de cambios en las tasas de interés. A juzgar de las dos decisiones de acumulación en las RPF’s no es clara la ponderación que tiene el ciclo del crédito interno en la función de reacción de la política financiera.
Del comunicado de la reunión, se vislumbra un mensaje implícito potente: el balance de riesgos externos sería asimétrico, por lo que habría una probabilidad relevante de correcciones abruptas en los mercados financieros de acuerdo a la evaluación del Consejo.
Si bien, estas decisiones no implican necesariamente desembolsos efectivos de capital por parte de la banca, sí tienen como consecuencia consumos de holguras, que ya se venían constatando ante la acumulación de nuevas exigencias. A juicio del Banco Central, el nivel de utilidades y holguras existentes en capital de alta calidad que tiene la banca, serían suficientes para absorber el nuevo requerimiento.
Adquiere un instrumento más poderoso en caso de materializarse los riesgos financieros que comprometan la estabilidad financiera, ya que la respuesta de política sería más efectiva en el nivel de 1%. ¿Cuál es el riesgo?. Que éstos se materialicen dentro de los próximos dos años y se tenga que desactivar el buffer, y avanzar en la dirección contraria, develando un evidente paso en falso.
Con esta decisión, Chile se suma a España, Arabia Saudita y Bélgica, todos países miembros del Comité de Basilea, que materializan una nueva constitución en CCyB durante 2026. Dentro de los 34 países que cuentan con este instrumento en la actualidad, el BCCh aspira a situarse por sobre la muestra de países (0.7%) y en niveles superiores al promedio de países miembros del Comité de Basilea (BCBS) que exhiben un 0.5%.
Tabla 1. Implementación de Buffer Contracíclico en el Mundo
(% de Activos Ponderados por Riesgo)
Fuente: Bank for International Settlements, BIS.
Con todo, considerando la contracción de -0.5% en el PIB del primer trimestre del año, los anuncios de una política fiscal restrictiva, una política monetaria en el margen también en terreno restrictivo y ahora una política financiera más restrictiva en un horizonte de 24 meses, configuran un escenario de políticas macroeconómicas que no permiten avizorar un 2026 más allá del crecimiento potencial para la economía chilena.
No obstante, abre el desafío para el regulador (BCCh y CMF), de avanzar hacia políticas micros más finas para el sistema financiero, agilizando los procesos de candidaturas de modelos internos de capital y pérdida esperada, recalibrando y actualizando los modelos estándares de provisiones, y revisar algunos elementos de Basilea III que objetivamente son más conservadores en Chile que en otras jurisdicciones, lo que en conjunto permita una mejor discriminación del riesgo real en cada entidad financiera sin el riesgo de sobreajustar innecesariamente el sistema financiero.
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