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Reorganizar el Estado: la oportunidad que abrió la Cuenta Pública. Por Juan José Obach

Investigador senior Horizontal

Podemos redibujar organigramas y mover cajitas, pero si no enfrentamos la verdadera camisa de fuerza de que impone un Estatuto Administrativo que no permite gestionar personas, los esfuerzos serán en vano.


En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast hizo un diagnóstico certero: tenemos un Estado que no es capaz de ordenarse a sí mismo y, por ende, incapaz de responder a las demandas ciudadanas. Y si bien no presentó un plan robusto –con plazos, medidas y responsables– al anunciar la fusión de Interior con la Segegob y una Comisión de Expertos para rediseñar la arquitectura del Estado, abrió una ventana de oportunidad para contar con una hoja de ruta de cara al futuro. 

Desde 1990 el crecimiento del Estado ha sido descoordinado, inorgánico y en compartimientos estancos. El número de ministerios creció en un 39%, de 18 a 25, dejándonos muy por sobre el promedio OCDE (19 carteras). A esto se suman 40 subsecretarías y 144 servicios públicos. En retrospectiva, cada ministerio y servicio nuevo tuvo su justificación, pero nadie evaluó si los gobiernos de turno iban a ser capaces de mover el aparato público con agilidad y eficacia.   

Pero no nos confundamos, el principal problema del Estado no es un tamaño excesivo. Con un 24,4% del PIB, el gasto público en Chile está por debajo del promedio OCDE (30,7%) o Uruguay (37%) y es similar al de Malasia (24,0%) y Corea del Sur (22,5%).

El problema es otro: un organigrama completamente inorgánico, con nula capacidad de coordinación entre ministerios y servicios cuyas funciones se duplican. Son estos mismos problemas los que limitan, entre otros, la capacidad de resolver los desafíos en seguridad, reconstrucción y reactivación económica que este mismo gobierno ha priorizado.

¿Por dónde empezar? Primero, fusionar Interior, Segpres y Segegob en un solo “Ministerio del Interior y Gobierno” consolidaría un verdadero “centro de gobierno” de primer nivel, a cargo de la coordinación y comunicación política y de la agenda legislativa (Horizontal 2025). Esto lograría dar consistencia y una lógica estratégica al actuar de cada gobierno (CEP 2017). En este esquema, y siguiendo la tradición de países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, se debería contar con un vocero con rango de ministro (speaker de gobierno), que reporte directamente al presidente. 

Segundo, debemos apuntar a una reducción ambiciosa de ministerios que tenga como norte agrupar funciones que hoy están dispersas. Por ejemplo, Economía, Minería, Agricultura y Energía —cuatro ministerios que comparten los objetivos de impulsar inversión y mejorar regulaciones sectoriales— podrían converger en un único Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo. En la misma lógica, Ciencia y Medio Ambiente podrían dar forma a un Ministerio de Desarrollo Sustentable, y Obras Públicas junto a Transportes y Telecomunicaciones a uno de Infraestructura y Conectividad. 

A esta consolidación de carteras debemos agregar la fusión de servicios cuyas funciones hoy se traslapan. Junji e Integra en primera infancia; Prodemu y SernamEG en mujer; FOSIS y SERCOTEC en fomento productivo, son solo algunos ejemplos de servicios duplicados y recursos mal gastados. 

Por último, facultar a cada administración entrante para reorganizar ministerios y servicios en sus primeros días –asegurando que las funciones aprobadas por el Congreso se mantengan– ayudaría a cumplir de mejor manera los programas de gobierno. Esto implica fusionar, redistribuir o redefinir competencias administrativas, pero sin eliminar funciones que ya han sido legisladas. Francia, Argentina y el Reino Unido cuentan con mecanismos de este tipo y, en el plano local, la propuesta constitucional de 2023 también lo contenía (Art 75.5).

Una última advertencia a considerar. Podemos redibujar organigramas y mover cajitas, pero si no enfrentamos la verdadera camisa de fuerza de que impone un Estatuto Administrativo que no permite gestionar personas, los esfuerzos serán en vano. Porque mientras la carrera funcionaria no sea de carácter técnica y meritocrática, con una única vía de entrada y evaluaciones reales, ningún rediseño de carteras será suficiente para tener un Estado a la altura de los desafíos y exigencias que hoy enfrenta.

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