El desafío que enfrenta la implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), no es trivial: consiste en demostrar que Chile puede avanzar en la conservación de su patrimonio natural sin frenar el desarrollo productivo y la inversión. En un contexto de lenta reactivación económica, la forma en que se diseñen los reglamentos de esta ley definirá si será una herramienta de Estado o un obstáculo burocrático.
Esta norma es un esfuerzo trascendente, que busca entregar regulación, instrumentos y financiamiento adecuado para preservar la biodiversidad a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Si bien siete de los trece reglamentos necesarios ya han sido aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente, el foco de inquietud de los gremios productivos se centra, legítimamente, en la definición de los “sitios prioritarios”.
Estos son 99 sitios, que suman cerca de 4 millones de hectáreas -el 5% de la superficie nacional-, han encendido las alarmas de gremios como la CPC, Sonami, Sofofa, la CChC y Corma, entre otros. Sus aprensiones son razonables: existe el temor de que la implementación de la Ley, y en concreto la definición “sitios prioritarios” y “cambios significativos”, se conviertan en una extensión de las áreas protegidas donde se impida toda actividad económica.
En este punto, la voluntad del SBAP de buscar el diálogo con los actores productivos (minería, madera, agricultura) y de establecer un punto de equilibrio es un factor que debemos destacar y esperar que se mantenga.
Desde el SBAP se ha señalado que la declaración de sitio prioritario no implica protección estricta ni supone la entrada automática al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El objetivo último que ha sostenido el Servicio es la conservación de atributos de carácter vegetal, evitando que la actividad productiva genere “cambios significativos”.
Y aquí reside el punto clave del desafío: la definición de lo que es un “cambio significativo” es la variable que aún debe establecerse por reglamento. Si esta definición es clara, transparente y se construye a través de la colaboración, puede convertirse en una herramienta de gestión temprana en lugar de un obstáculo regulatorio.
Lamentablemente, el contexto económico no es propicio. Al aparente lento crecimiento y trabas a la inversión de grandes proyectos se suma la judicialización de controversias. El desafío no es elegir entre conservación o desarrollo, sino diseñar un modelo que encarne la coexistencia entre ambos mundos.
Las solicitudes de los gremios—extender el plazo de consulta, conformar mesas de trabajo multisectoriales y garantizar que los reglamentos respeten los derechos adquiridos —revelan la necesidad de construir esta coexistencia sobre bases sólidas, técnicas y dialogadas. Si el SBAP utiliza este proceso de consulta y diálogo para generar la definición consensuada de “cambio significativo”, se sentarán las bases para una resolución temprana de controversias.
La Ley que crea SBAP tiene el potencial de ser un acto de reparación ecológica y de modernización institucional. Para lograrlo, la autoridad debe asegurar que la reglamentación final no sume más restricciones, sino que sirva como un marco predecible que permita a los proyectos de infraestructura y a los sectores productivos gestionar su impacto, sin que cada inversión se enfrente a un nuevo laberinto judicial.
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