El reciente escándalo conocido como la “trama bielorrusa” ha sacudido los cimientos del sistema judicial chileno. Este caso, que involucra a una exministra de la Corte Suprema, abogados y funcionarios públicos en delitos como tráfico de influencias y lavado de activos, ha revelado una compleja red de favores y beneficios operada por una élite con poder para manipular resoluciones judiciales en favor de intereses corporativos. Más allá del impacto mediático, el caso expone una vulnerabilidad crítica tanto en la administración pública como en el ámbito privado.
El Espejismo del Legalismo Compulsivo
En Chile, la respuesta predominante ante estos escándalos suele ser el legalismo compulsivo. Es decir, la creencia de que la conducta impropia se erradica simplemente dictando nuevas normas o reformando las existentes. Sin embargo, el análisis internacional demuestra que no existe una fórmula legislativa mágica; la eficacia de cualquier sistema depende directamente de la calidad ética de los seres humanos que lo operan.
Si revisamos algunos modelos internacionales de nombramiento judicial, se observan distintas estrategias para buscar competencia e independencia, cada una con sus propios riesgos:
1. Estados Unidos: Posee un sistema federal de nombramientos vitalicios realizados por el Presidente y ratificados por el Senado, lo que conlleva un riesgo de politización abierta. A nivel estatal, utiliza elecciones populares o comisiones de mérito.
2. Reino Unido: Utiliza la Comisión de Nombramientos Judiciales (JAC) para priorizar el mérito técnico sobre la política, aunque corre el riesgo de generar endogamia o sesgos de élite.
3. Chile: Basado en la carrera judicial y concursos públicos, el sistema requiere quinas elaboradas por las Cortes que luego pasan por el Presidente y el Senado, lo que introduce riesgos de discrecionalidad política en los altos cargos.
La conclusión es que ningún mecanismo de selección es infalible ante la corrupción, porque el compromiso ético es, en última instancia, una cuestión personal condicionada por la percepción y el contexto.
La Perspectiva del Behavioral Compliance
Para entender por qué personas que no son “deshonestas per se” terminan traspasando la línea de lo ético, debemos recurrir al behavioral compliance (cumplimiento conductual). Esta disciplina utiliza la psicología para entender los sesgos y presiones que llevan a la corrupción, partiendo de la premisa de que la mayoría de la gente no es corrupta por naturaleza, sino por su contexto.
Destacados psicólogos conductuales han identificado mecanismos clave que explican este fenómeno:
1. Justificación y Auto-concepto (Dan Ariely): Los individuos tienden a mentir o realizar actos ilícitos solo hasta el punto en que su cerebro puede justificarlos para seguir sintiéndose personas “buenas” (ej. calificar un soborno como una “muestra de agradecimiento”).
2. Ceguera Ética y Desvanecimiento Moral (Bazerman y Trembrumsel): Bajo presión por alcanzar bonos u objetivos, la dimensión moral de una decisión puede desaparecer, transformándose en una simple “decisión de negocios” enfocada en la eficiencia administrativa.
3. Distancia Psicológica (Eugene Soltes): En grandes organizaciones, el perpetrador a menudo no ve la cara de su víctima. Al volverse abstracta la corrupción, la empatía deja de actuar como un freno natural al impulso deshonesto.
El caso de la trama bielorrusa es un ejemplo claro de cómo un entorno que prioriza la “lealtad ciega” o la meta técnica sobre la ética produce un desvanecimiento moral. En las altas esferas del poder, la distancia psicológica deshumaniza las consecuencias de las resoluciones judiciales, permitiendo que el tráfico de influencias se convierta en una práctica normalizada dentro de una red de contactos. El comportamiento humano se muestra aquí profundamente maleable por la cultura organizacional y las expectativas del grupo de élite.
Propuestas para el Cambio: Rediseñar las Instituciones
Si el objetivo es disminuir los casos de corrupción, el enfoque no puede limitarse únicamente al castigo individual o a la reforma legal superficial. Es necesario rediseñar los entornos institucionales para que reduzcan los “puntos ciegos” éticos a través de tres pilares fundamentales:
1. Humanizar las decisiones: Es vital romper la distancia psicológica haciendo que las víctimas directas de la corrupción sean visibles para quienes toman las decisiones.
2. Reencuadrar los objetivos: Las metas y los incentivos financieros deben presentarse de manera que no eclipsen la dimensión moral de las acciones.
3. Fomentar el juicio crítico: Se debe cultivar una cultura donde cuestionar una orden irregular sea valorado como un acto de integridad profesional y no como una falta de eficiencia o lealtad.
En conclusión, la lucha contra la corrupción, tanto en el caso bielorruso como en cualquier otro sistema, comienza por reconocer que los seres humanos estamos condicionados por nuestro entorno. Solo mediante la reducción de la distancia psicológica y la eliminación de los marcos de ceguera ética podremos asegurar que el juicio moral prevalezca sobre la presión de los sistemas de poder. La reforma judicial necesaria no es solo normativa, sino profundamente cultural y conductual.
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El desafío laboral que hereda el nuevo gobierno. Por Sarita Undurraga. https://t.co/BIDAf6fTlp
— Ex-Ante (@exantecl) December 31, 2025
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